María Ruiz
Han pasado más de dieciocho meses desde que San Luis Potosí anunció con esperanza un convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Embajada de Alemania para la identificación de personas fallecidas no identificadas. Sin embargo, esa esperanza se ha visto eclipsada por el silencio burocrático y la falta de voluntad política que mantiene paralizado un acuerdo que podría devolverles un nombre y una historia a cientos de desaparecidos.
Esto pese a que el año pasado, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y Maximilian Murck, coordinador del programa de Identificación Humana del UNFPA, así como con representantes de la Embajada de Alemania y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), mantuvieron reuniones para la implementación de este programa.
Una firma que nunca llegó
Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, expresó con frustración lo que muchas familias llevan sintiendo desde hace meses, que es la dilación originada por un problema que no es técnico ni económico, sino jurídico y administrativo.
Recordó que la Fiscalía General del Estado no firmó el convenio necesario para que Alemania pudiera llevarse las muestras y analizarlas. “Se supone que todo estaba listo desde abril. Luego nos dijeron que en agosto, luego diciembre. Pero el convenio nunca se firmó. Es algo tan básico como una firma, pero aquí seguimos, estancados”, declaró Pérez Rodríguez.
El argumento detrás de esta omisión parece ser la excesiva cautela de la Fiscalía. “Yo entiendo que es un tema delicado, que soltar material genético no es fácil, pero las familias no pueden seguir esperando por trámites que pudieron resolverse hace meses”, añadió la activista.
Familias varadas
El convenio con Alemania representaba una oportunidad histórica para San Luis Potosí. La tecnología y experiencia alemana en identificación forense permitirían avanzar significativamente en los cientos de casos que hoy duermen en gavetas de la burocracia local. Pero ahora, el país europeo ya no podrá participar ni llevarse las muestras necesarias. El plazo se venció y, con él, la esperanza de madres, padres y hermanos que llevan años buscando respuestas.
Desde junio de 2023, cuando se anunció la colaboración, colectivos y familiares de desaparecidos han insistido en la necesidad de una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sin embargo, las trabas administrativas han sido más fuertes que la voluntad por resolver la crisis humanitaria que vive el estado.
El costo de la indiferencia
En San Luis Potosí, cada retraso tiene un costo humano incalculable. Cada día que pasa sin que se firmen estos convenios, se pierde la oportunidad de devolverle un nombre a quienes hoy son solo un número en un expediente. Mientras las autoridades discuten procedimientos y firmas, las familias siguen en el campo, cavando con sus propias manos, buscando huesos, buscando pistas, buscando verdad.
Edith Pérez Rodríguez lo resume con dureza: “No pueden jugar con las expectativas de las familias. Si no se firmó, dígannos. Pero no nos sigan dando largas mientras nuestros desaparecidos siguen siendo solo eso: desaparecidos”.
