Alejandro Rubín de Celis
Ricardo Gallardo Juárez está a menos de 10 semanas de dejar la alcaldía e irse a manejar sus negocios que han prosperado súbitamente y, aunque perdió en la urnas en busca de su reelección, por el talante mostrado en días recientes, parece confiado en que nada le va a pasar con relación a las denuncias que se han presentado en su contra por diversas irregularidades durante su gestión al frente del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
La derrota del 1 de julio pasado fue un golpe brutal para el alcalde, a tal grado que tardó tres semanas en dar la cara pero, superada la depresión postelectoral, se le ha visto seguro y tranquilo.
Sin duda alguna, su administración ha sido la más polémica de los últimos 30 años en el municipio de San Luis Potosí. Su estilo autoritario de gobernar, la opacidad de sus acciones y en el manejo de las finanzas públicas, su gestión basada en las dádivas, sus enfrentamientos con la prensa que le ha sido incómoda, sus frecuentes conflictos con organizaciones civiles y con algunas cámaras empresariales, colmaron la paciencia de una sociedad cansada de corrupción, impunidad, falta de transparencia y de solución a los problemas de fondo que presenta el municipio de la capital.
Los excesos del alcalde fueron denunciados y documentados por la prensa independiente a nivel local y nacional, como fue el caso de la compra de medicamentos a Sandra Sánchez Ruiz, el dudoso enriquecimiento del alcalde y su familia con negocios inmobiliarios y de otros giros, y más recientemente con presumibles actos de corrupción utilizando el organismo de agua potable, Interapas, mientras que el hartazgo social fue canalizado por algunas organizaciones sociales que ocasionalmente lograron frenar sus abusos, como sucedió con el intento de modificar el contrato original con Panavi, al que le quería agregar más de 200 millones de pesos.
La irregular compra de medicamentos fue motivo de una primera denuncia formal en agosto de 2016 a cargo del particular, Rodolfo Isaac Monsiváis Morquecho, ante la Procuraduría de General de Justicia del Estado (PGJE), el SAT, la Secretaría de la Función Pública y la PGR. Sandra Sánchez Ruiz presentó amparos para evitar una investigación abierta por el SAT que implicaba verificaciones a su negocio de venta de medicamentos, los cuales finalmente perdió, lo que presumiblemente derivó en que la fantasmal empresaria devolviera más de 62 millones de pesos al SAT, según la organización Ciudadanos Observando. Sin embargo, Gallardo no estuvo involucrado en esa investigación.
La denuncia entregada por Monsiváis Morquecho por el mismo asunto a la PGJE se sumó a la que presentó el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) hace cinco meses ante esa misma instancia ─hoy en transición a Fiscalía General del Estado─, pero nada en concreto se sabe de las indagatorias que se supone empezaron hace casi dos años. El FCA también presentó en febrero pasado otra denuncia penal contra Gallardo y quien resulte responsable por enriquecimiento ilícito, pero nada se sabe tampoco del expediente.
Está también el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que encontró inconsistencias en la Cuenta Pública 2016 del Ayuntamiento de San Luis Potosí respecto de un mal uso de fondos federales por 440 millones de pesos que hasta ahora no se sabe oficialmente que hayan sido solventados, y las más de 400 demandas laborales que ha generado esta administración municipal por despidos injustificados.
¿Quién o quienes han venido protegiendo a Gallardo a nivel federal y local para que pese a tan contundentes pruebas que se han presentado ante las autoridades competentes siga gozando de cabal impunidad? ¿Será cierta esa versión de que desde 2015 hay un acuerdo entre Gallardo y el gobernador, Juan Manuel Carreras para protegerse mutuamente, política y judicialmente, y por eso nunca uno habla mal del otro ni se hacen daño alguno entre sí?
A pesar de los hechos detectados, documentados y denunciados, ¿Ricardo Gallardo Juárez se irá limpio de la presidencia municipal? ¿Será su caso uno más que se suma a la impunidad que impera en el sector público de San Luis Potosí? ¿O por fin se sentará un precedente de que el gobierno estatal tiene voluntad para que se castiguen los excesos de una autoridad municipal y sus acciones fuera de la ley?
Está pendiente además el proceso de entrega-recepción en el que autoridades municipales ya oponen resistencia hasta para entregar la información que deben hacer pública por ley. De esa revisión podrían salir nuevas denuncias, ha señalado el Comité de Recepción del alcalde electo Xavier Nava. Sin embargo, hay sospechas de que en la etapa previa a ese procedimiento oficial se pueden estar alterando o desapareciendo documentos e información comprometedora para la administración saliente.
Sin cargo público y sin fuero, Ricardo Gallardo Juárez será mucho más vulnerable jurídicamente que ahora, a menos de que operen razones de orden político para que no avancen las denuncias en su contra.
Sabedores de que el presidente municipal en funciones ya no repetirá en el cargo, ¿demostrarán el gobernador y el procurador/fiscal voluntad para dar agilidad a las investigaciones ─aunque, claro, debieron hacerlo desde mucho antes─, o de plano están decididos a no tocar al cacique en desgracia a pesar de que ha perdido enorme fuerza y poder con la derrota sufrida y de que estará en una condición aún más desventajosa cuando deje el cargo?
Pronto lo sabremos.
