Leticia Vaca
Acompañada de representantes de organizaciones civiles, Griselda Haro Ávila, habitante de la comunidad La Noria de San José, quien fuera víctima de desalojó y violencia por la empresa American Industries apoyados por policías ministeriales y estatales, se manifestó frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para exigir justicia.
De manera simbólica bloquearon la calle de Mariano Otero a la altura de Blas Escontría, para mostrar su inconformidad y evidenciar la injusticia de la cual ha sido víctima Griselda.
“Venimos a pedir que la Comisión ya emita nuestra recomendación. Fuimos desalojados de manera violenta, donde intervino haciéndose pasar como actuario el que era director jurídico de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas”, reclamó.
Narró que están a poco de cumplir dos años de que fueron víctimas de hechos violentos ella y varios habitantes de La Noria.
Haro Ávila recordó que hubo una recomendación emitida (10017) por las detenciones ilegales del 28 diciembre de 2016, “la dirección general de Seguridad Pública del Estado, acepta la recomendación a cautela porque no reconoce la detención, cuando fueron los propios estatales quienes realizaron la detención”.
Señaló que esa recomendación fue impugnada ya que no se incluían los allanamientos de morada “y nada más se incluyeron a 10 de las más de 30 personas que fuimos detenidas”.
La señora Griselda afirma que se tiene la presunción de que hay una línea directa, del secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, “exigimos que saque las manos de la Comisión Estatal de Derechos humanos, ya que es un organismo autónomo, él no tiene por qué decidir que recomendación se saca y cuál no”.
Explicó que hay varios funcionarios públicos señalados, desde la Secretaría General de Gobierno y hasta el titular de la Policía Ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, asimismo comentó que también hay una queja ante la Contraloría del Estado en contra de Julio César García Meléndez, ex trabajador de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), quien está apoyando a los agredidos pero que era abogado de la empresa. Tampoco la Contraloría se ha pronunciado al respecto.
“Hago un llamado el primer mandatario de San Luis Potosí, a Juan Manuel Carreras, para que se haga una concatenación de las instituciones involucradas, para que se sienten y vean cuáles son las fallas que tienen en sus instituciones”.
Denunció que desde hace dos meses no ha tenido comunicación con el titular de la CEDH, Jorge Ándres López Espinosa, “ahorita si quiere verme, hasta que tuve que venir para exigir mis derechos… no se vale lo que nos están haciendo”.
Después de casi una hora de mostrar su inconformidad, fueron atendidos por el titular de la CEDH, donde se comentó que el próximo lunes 26 de marzo, se emitirá la recomendación. Se le ofreció a Griselda Haro que se quedara a revisar el proyecto de la misma.
