Por Antonio González Vázquez
Hoy se cumplen 30 días de que José de Jesús Martínez Loredo renunció como Auditor Superior del Estado sin que la legislatura sea lo suficientemente responsable como para designar al sustituto.
En uno de los párrafos de la carta de renuncia entregada al Congreso del Estado, cita que “me retiro de la administración pública porque ha concluido mi ciclo…jamás me involucre en acto de corrupción alguno y confío en que el equipo de personas que colaboraron conmigo tampoco lo hicieron”.
También decía que renunciaba por “cuestiones estrictamente de salud”.
Oficialmente, la legislatura reportó la renuncia como “un acuerdo mutuo” tomado con el Auditor.
Ese mismo día, en un comunicado oficial del Congreso respecto de cómo se supliría la ausencia del titular de la Auditoría Superior del Estado se anunció que en próxima reunión con los nuevos integrantes de la Comisión de Vigilancia, se determinará el proceso legislativo que sigue a fin de elegir a la persona que ocupará el cargo; se estudiarán todos los perfiles para elegir al más adecuado, ya que la fiscalización de los recursos públicos es una tarea de alta responsabilidad.
Pues ya paso un mes y no hay nada.
Lo que hay es una encargada del despacho que desde el Gobierno y el Congreso quisieran que permanezca por tiempo indefinido.
No en balde para lograr que Rocío Elizabeth Cervantes Salgado llenara la vacante, se recurrió a ciertas maniobras pese a que supusieran una violación a la Ley de la Auditoría Superior del Estado.
Que haya pasado un mes desde la renuncia de Martínez Loredo y no exista avance alguno en el proceso para sustituirlo habla por si mismo de la idea que se tiene de que la encargada del despacho se quede.
A Cervantes Salgado la ascendieron a la Coordinación de Auditoría Especial de Fiscalización Gubernamental apenas unas horas antes de la renuncia de su ex jefe, el olvidadizo y permisivo, Martínez Loredo.
Es obvio que había gente interesada en que Cervantes Salgado llegara al cargo y no precisamente por ser mujer, situación de género que se suele tomar en cuenta bajo el cuento de que las mujeres son más honestas.
La maniobra ordenada desde palacio de gobierno con la colaboración de los diputados, en especial del presidente de la Mesa Directiva, Manuel Barrera, revelan que la ASE nunca ha sido un ente autónomo sino una oficina anexa del ejecutivo.
Al gobierno siempre le ha convenido un auditor manejable, que sirva más como solapador que fiscalizador, siempre ha sido así, quizá por eso se movió el organigrama a fin de que la elegida fuese Cervantes Salgado.
Si ella es como el tipo de auditor que le gustaría tener enfrente al gobernador Juan Manuel Carreras, entonces no se dude que ella continuará en el cargo, al menos eso es lo que deja ver la inmovilidad legislativa frente a la aguda crisis de credibilidad y desconfianza que enfrentan los propios diputados y la Auditoría.
Pese a la gravedad de lo que destapó el video de la Ecuación de la Corrupción no se ha iniciado un solo proceso legal contra nadie, la Procuraduría General de Justicia anda de rodillas y todo es impunidad.
El tiempo pasa y no ocurre nada, salvo las licencias obvias de tres diputados, la salida (cual ratas cuando se hunde el barco) de 14 funcionarios de primer nivel de la ASE y colaboradores de Martínez Loredo, así como el despido de 80 aviadores.
Eso es todo lo que ha ocurrido. Lo han pretendido vender como acciones inéditas, pero es claro que no ha funcionado, el lodazal se mantiene intocado.
