María Ruiz
Tras la explosión de un anexo clandestino ubicado en la colonia Las Palmas, las posturas del alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos y del gobernador Ricardo Gallardo Cardona contrastaron, ya que uno se pronunció por regular estos espacios, mientras que el otro afirmó que serían clausurados.
Por una parte, la presidencia municipal cuenta con denuncias ciudadanas sobre la existencia de varios espacios dedicados a “brindar ayuda” a personas que atraviesan una situación de adicciones y que no cumplen con los permisos adecuados para estar en funcionamiento.
En este sentido, el edil mencionó que se han percatado que cuentan con permisos para razones sociales de negocios, como tiendas de autoservicio o abarrotes, no como espacios de servicios de salud especiales para atender adicciones.
“El anexo que explotó ayer (el martes 13 de septiembre), me informan que no contaba con ningún tipo de documentos, ni autorización”, dijo.
Luego de que en este accidente más de cuatro personas perdieron la vida, Galindo Ceballos afirmó que su administración comenzará un censo de anexos para revisar su documentación y permisos.
“Es una acción coordinada con Gobierno del Estado, porque la tragedia no es para menos”.
Por otro lado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseveró que debido a este suceso cerrará el 90 por ciento de los anexos que operan en San Luis Potosí, sin dar posibilidad de que se regularicen.
Como solución ante el cierre de los anexos, el mandatario estatal dijo que se buscaría aumentar el número de centros de rehabilitación públicos.
La declaración de Gallardo Cardona también contrasta con lo dicho por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo, quien aseguró que se hará una inspección para regularizar anexos en el estado, mas no clausurarlos.
“Hasta el momento tenemos 40 anexos identificados, entre clandestinos y regularizados”, mencionó.
También señaló que es importante que el Gobierno del Estado mantenga la regularización de esto sitios, pues “finalmente se dedican al sector salud, quienes son los que también los verifican”.
Gonzáles Castillo además compartió que hasta el momento se han realizado trabajos de verificación continuos debido a que en algunos de estos lugares “se comenten abusos, en algunos hay hasta venta de drogas. Continuamente estamos verificando los que tenemos registrados”.
Es preciso señalar que este tipo de espacios deben de contar con licencias sanitarias emitidas por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), y así mantener activo su funcionamiento.
Según lo referido por el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), solamente se tienen registrados en el estado nueve anexos o centros de rehabilitación de adicciones.
De estos, seis se encuentran en la capital potosina, uno en el municipio de Armadillo de los Infante y dos en Villa de la Paz.
