Ciudad de México (13 de junio de 2016).- En vísperas de cumplir dos años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de la intervención de la CIDH, el gobierno de Enrique Peña Nieto se resiste a aceptar las propuestas de las familias de las víctimas para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por el organismo internacional para esclarecer el paradero de los estudiantes.
El abogado de los padres de familia, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que pese a que hay algunos avances en las negociaciones para diseñar un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI, no hay acuerdos en cinco de ocho propuestas presentadas por los padres de los 43 desaparecidos y sus representantes legales, los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez y de la Montaña-Tlachinollan.
Al término de una reunión con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, consideró que “hay mucha resistencia todavía y los puntos medulares son la estancia del mecanismo en nuestro país, las facultades para entrar al seno de la investigación o la información sensible que pueda estar extrayendo, y la visita en el terreno de los comisionados”.
El abogado explicó que las discordancias sobre la labor del grupo técnico de seguimiento, que estará encabezado por el presidente de la CIDH, James Cavallaro, se centran en el mandato que tendrá, pues para los padres es indispensable que dé seguimiento tanto a las medidas cautelares emitidas como a las recomendaciones del GIEI, mientras que el gobierno sólo quiere acotar el seguimiento a las recomendaciones que estén relacionadas con las medidas.
Sin embargo, apuntó Rosales, “hay recomendaciones que son más amplias, relacionadas con el contexto del caso, para el esclarecimiento del mismo”.
Al destacar que, en la próxima sesión ordinaria de la CIDH en Washington, los comisionados decidirán sobre el mecanismo, Rosales abundó que entre las trabas identificadas destaca que el gobierno pretende que en cada visita a México del equipo técnico tengan que negociarse las fechas de estancia, en tanto que el gobierno pide que se realicen dos visitas de los comisionados en el lugar y no cuatro al menos que piden los padres.
También reconoció que entre los avances de las negociaciones resaltan los temas de hacer públicas las visitas del equipo técnico, el financiamiento y un tema normativo sobre las facultades del mecanismo, que tendrán que ser regidas por la normatividad mexicana, y los acuerdos internacionales en términos de garantizar los derechos de las víctimas.
Rosales señaló que el viernes habrá una nueva reunión con Campa y los padres, en busca de llegar al último día de julio con un acuerdo ante la CIDH, instancia que al final de cuentas decidirá los términos del seguimiento a las medidas cautelares y a las recomendaciones del GIEI.
Al término del encuentro, Campa Cifrián confió en que ambas partes llegarán a un acuerdo sobre los términos del mecanismo de seguimiento, mismo que será sometido a revisión a la CIDH “en la reunión que se sostendrá la última semana de julio, ya que estamos empeñados en llegar con un acuerdo, entre los familiares y sus representantes, con el Estado mexicano”.
Campa reconoció que acudió a la reunión en representación de la Cancillería, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Segob, y en contraste con lo dicho por Rosales Sierra dijo que “prácticamente están concluidos todos los puntos, hay muchos puntos que ya están amarrados”.
El subsecretario puntualizó que a final de cuentas será la CIDH la que tenga la última palabra, pero que las partes están empeñadas en llegar a un acuerdo antes de acudir al organismo, a finales de julio.
Fuente: Proceso.
