Jaime Nava
La administración de Soledad de Graciano Sánchez que encabezó primero Gilberto Hernández Villafuerte y, en los últimos meses, Gerardo Zapata Rosales como alcalde interino, concluye hoy el periodo 2018-2021 manteniendo ocultos los documentos relacionados con el arrendamiento de vehículos que se utilizaron como patrullas.
En diciembre del 2018, el entonces alcalde Gilberto Hernández Villafuerte anunció que el municipio soledense rentaría más de 60 patrullas a partir de enero del siguiente año para fortalecer la seguridad; sin embargo, desde esa fecha dijo no conocer el monto que destinarían para el arrendamiento ni el nombre de la empresa que sería contratada pues, supuestamente, se llevaba a cabo una licitación.
A pesar de que por ley están obligados a transparentar todos los procesos de licitación, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez no ha dado a conocer ningún documento relacionado con los presuntos participantes, las propuestas económicas presentadas por ellos o el acta de fallo y la firma del contrato con la empresa ganadora.
El 18 de enero del 2019, la administración municipal realizó un evento para poner en servicio los vehículos arrendados. Mediante un boletín de prensa, se aseguró que habían sido rentados 100 automóviles: “30 vehículos Aveo, 20 camionetas F150, 10 motocicletas, 1 Unidad Médica de Proximidad Social, 1 Unidad de Atención y Protección Animal, así como una ambulancia.”
Sobre el resto de vehículos prometidos para completar los 100, se dijo que llegarían “mediante una segunda etapa que permitirá dar cobertura en todas las colonias”.
Ese mismo mes, Astrolabio Diario Digital presentó una solicitud de información para conocer con certeza documental el número de vehículos arrendados, el nombre de las personas físicas o morales contratadas y las facturas pagadas; no obstante, lejos de entregar los documentos, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez clasificó como reservada la información por cinco años.
Después, este medio de comunicación logró obtener el nombre de la empresa contratada por el municipio para rentar los vehículos: Forza Arrendadora Automotriz S.A. de C.V.
En un segundo intento por obtener las facturas, documentos que también están obligados a proporcionar, se presentó una nueva solicitud de información con el dato antes mencionado. Esta vez, la administración soledense simuló responder correctamente al entregar un documento con dos enlaces a la Plataforma Estatal de Transparencia donde supuestamente se encontraban los comprobantes; pero al ingresar a los enlaces, no se mostraba ninguna factura o dato relacionado con el arrendamiento de las patrullas.
Por lo anterior, se presentó un recurso de revisión ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), misma que en diciembre del 2020, ordenó al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez “realice nuevas gestiones dentro de las áreas administrativas (…) para efecto de que se atienda la solicitud de folio 00373020, respecto a las facturas pagadas a Forza Arrendadora Automotriz S.A. de C.V. desde el 1 de enero del 2018 al 15 de marzo del 2020”.
Además, la CEGAIP le hizo saber al Ayuntamiento que estaba obligado a entregar las facturas en forma digital y le dio un pazo de diez días hábiles para cumplir con la resolución.
Al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez no le importó la resolución y no entregó las facturas. Ocho meses después, en agosto del 2021, la CEGAIP hizo constar el incumplimiento y volvió ordenar que se entregaran los documentos apercibiendo a los funcionarios soledenses de que, en caso de no hacerlo, se harían acreedores a una sanción como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
En un intento por evadir la sanción, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez envió un oficio en el que aseguró que no podía entregar las facturas en formato digital porque “únicamente obran de manera impresa en los archivos de este ente público y resguardada en un aproximado de 68 cajas de archivo”.
Con ese argumento burlaron la resolución de CEGAIP con el propósito de mantener ocultos los pagos efectuados a la empresa Forza Arrendadora Automotriz S.A. de C.V.
La intención de no transparentar dicha información resulta más evidente si se analizan otros documentos que la CEGAIP les ordenó entregar, en relación al costo de la ambulancia rentada para atender mascotas. A través de un documento digital, el Ayuntamiento mostró el monto pagado por 12 meses de arrendamiento de una camioneta convertida a ambulancia para la atención y protección animal: 524 mil 364 pesos.
En el mismo documento se alcanza a leer “arrendamiento de patrullas”, pero el resto de la información se encuentra testada con el argumento de que fue clasificada como reservada.
De Nezahualcóyotl a Soledad
Al evento para poner en marcha los vehículos arrendados acudió como invitado y orador el entonces diputado federal y coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Gallardo Cardona; también estuvieron presentes otras autoridades. Sin embargo, la que más llamó la atención fue la asistencia del alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, entonces militante del PRD.
La empresa Forza Arrendadora Automotriz S.A. de C.V. (RFC: FAA0910096F0) fue creada a finales del 2009, en el municipio de Nezahualcóyotl por Mirna Belem Saavedra Flores (RFC: SAFM901231) y Lorena Anai Rodríguez Salcedo (RFC: ROAL890214), dos mujeres jóvenes, de 19 y 20 años, respectivamente, ambas con domicilios en la delegación Iztapalapa.
Aunque la empresa se constituyó en dicho municipio desde su creación y, al menos hasta marzo del 2019, el ayuntamiento de Nezahualcóyotl nunca contrató sus servicios, de acuerdo con una respuesta obtenida vía transparencia.
Según documentos del Registro Público de Comercio, en 2015, la empresa registró una venta de acciones y cambio de socios, por lo que pasó a manos de César Gerardo Matamoros Vargas y Mirna González Castelán.
Por contratos celebrados por dependencias y gobiernos en años anteriores, se sabe que César Gerardo Matamoros Vargas fungió como representante legal de otra empresa arrendadora de vehículos de nombre Jet Van Car Rental S.A. de C.V., misma que, el 25 de enero de 2021, fue inhabilitada por un año y se le impuso una multa de un millón 433 mil 874 pesos por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal.
