Estela Ambriz Delgado
Integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas solicitaron en la Ciudad de México la contestación del director general de Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, sobre el nepotismo e influyentismo con el que fue impuesto Mario Godoy Ramos en la representación en San Luis Potosí, además de denunciar que la Secretaría del Bienestar redujo el presupuesto de las comunidades de manera arbitraria.
El pasado viernes 11 de abril los consejeros acudieron a la Presidencia de la República para solicitar que se requiera la contestación del funcionario, dado que las comunidades indígenas de la Huasteca Potosina mantienen su desacuerdo por la imposición de Godoy Ramos, debido a que se afecta la agenda social, cultural, política y económica, que ya trabajaban con el anterior representante estatal del INPI.
De la misma forma, expresaron que lo que cuestionan no es la facultad de Regino Montes para nombrar a un servidor público, sino el hecho de que no se respeta el criterio que debe prevalecer para que este sea legítimo y adecuado a las exigencias de un servicio público dirigido a comunidades indígenas, como el tener origen indígena, ser hablante, oriundo de la región, así como tener conocimiento y experiencia.
“Como consejeros indígenas venimos trabajando una agenda basada en el reconocimiento de nuestros derechos, mientras el señor Godoy no ha contribuido en nada. Ahora que la mesa de recursos directos a comunidades ya está servida, ya se hace el aparecido”.
Por otra parte, informaron que en días recientes, sin sustento legal y de manera arbitraria, se ha aplicado por Bienestar una disminución del presupuesto autorizado a las comunidades indígenas, con lo que se incumple el decreto donde se emiten los lineamientos y el presupuesto del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS).
Al respecto, indicaron que para las comunidades del estado el total del presupuesto del FAIS es de 502 millones 906 mil 961 pesos, con el cual quieren beneficiar más comunidades de las que inicialmente estaban programadas, porque la Secretaría omitió aplicar el catálogo de comunidades y dejó fuera a varias, incluso metió a otras que no deberían estar.
Los consejeros explicaron que la secretaría, en lugar de gestionar una ampliación presupuestal del 10 por ciento para complementar la demanda comunitaria, prefirió recortar el presupuesto inicial a las comunidades indígenas para sacar del mismo recurso lo que necesitaba para responder a sus omisiones.
“Las comunidades son las que pagarán los platos rotos y Bienestar quiere sacar más correas de un mismo cuero sin preguntarle a nadie. A Bienestar nunca se les ocurrió quitarle lo que faltaba a los municipios que tienen el 79 por ciento del presupuesto del FAIS, ni al Gobierno del Estado que tiene el 11 por ciento”.
Finalmente, los consejeros indígenas reiteraron que se oponen al recorte y a la imposición del hermano de la consejera jurídica Ernestina Godoy, principalmente porque él no está de lado de las comunidades, por lo que consideran la situación un abuso, del cual se van a defender por todo medio legal a su alcance, incluso movilizándose.
