Estela Ambriz Delgado
El plazo para que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) informe sobre lo sucedido con los recursos que se destinaban a un Centro de Bachillerato Comunitario (Cebac) en ejido La Palma, Rayón, vence este viernes 28 de julio, de lo contrario se le impondrá una multa y se iniciará un proceso de inejecución en contra de su titular, lo que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación.
Juan Carlos Torres Cedillo debe explicar el destino del presupuesto que se dejó de dar a la asociación civil que administra el Cebac “Josefa Ortiz de Domínguez“, que la dependencia ha evadido responder desde diciembre de 2021, cuando la apoderada de la AC., Agustina Soto Luna, solicitó el recurso correspondiente al semestre junio-diciembre.
El pasado 28 de junio del presente año se publicó la determinación del Juzgado Sexto de Distrito respecto al amparo 63/2022, con el que requiere a la SEGE dé respuesta de manera puntual y congruente a la solicitud de Soto Luna, quien ha recibido réplicas vagas y contradictorias de la dependencia.
“En caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, de no informar los motivos de manera motivada, fundada y clara, dentro del plazo legal concedido, se hará acreedor a una multa por el equivalente a ciento cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación”.
El 15 de diciembre de 2021, Soto Luna presentó una solicitud al entonces secretario de Educación, Ernesto Jesús Barajas Abrego, para pedir la ministración del recurso del Cebac “Josefa Ortiz de Domínguez”, ubicado en la localidad El Epazote, del municipio de Rayón, correspondiente al subsidio de julio a diciembre de 2021, el primero de 6 mil 900 pesos y los cuatro restantes 13 mil 800 pesos cada uno.
Asimismo, en el escrito se precisó que por acuerdo administrativo del entonces gobernador Fernando Silva Nieto, con Ana María Aceves Estrada en su calidad de secretaria de Educación del Gobierno del Estado, el recurso se había ministrado ininterrumpidamente desde el año 2001.
A falta de respuesta, Soto Luna promovió el amparo 63/2022 ante el Juzgado Sexto de Distrito, y el 26 de septiembre de 2022 se le concedió, así como protección de la justicia federal para efecto de que la SEGE dé cabal cumplimiento a la solicitud, lo que obligó a la dependencia a responder el 25 de octubre de 2022, a través de la jefa del Departamento de Educación Media Superior, Fanny Elizabeth Omana Castellanos, que se encontraba en análisis lo relacionado al ejercicio fiscal 2021.
El Juez Sexto de Distrito, mediante acuerdo de fecha 15 de noviembre de 2022, estableció que no se había contestado de manera puntual a la solicitud y requirió que nuevamente fuera clara la respuesta de la autoridad, situación que se repitió tras la contestación de SEGE el 1 de diciembre de 2022.
El 23 de febrero SEGE emitió el oficio DEM/452/2022-2023 signado por la nueva jefa del Departamento de Educación Media Superior, Abigaíl Eugenia Villagrán Rodríguez, donde informó que no es posible atender de manera positiva la solicitud, ya que los Cebac se encuentran sin una partida específica no contemplada en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, además de que en el ciclo escolar 2020-2021 no se contó con el recurso para atender su solicitud.
La profesora indicó que después de que se le concediera el amparo, la SEGE les proporcionó algunos pagos de 2022 y actualmente pagan cuando y como quieren, y aunque “desaparecieron” el adeudo de los recursos de junio a diciembre de 2021, la dependencia continúa pidiéndoles que desistan.
Aunque sólo la asociación civil Josefa Ortiz de Domínguez del ejido La Palma promovió un amparo por el escamoteo de recursos, alrededor de 80 asociaciones podrían encontrarse en la misma situación, y hasta ahora se desconoce el destino que tuvo el dinero.
