María Ruiz
Luis González Lozano, abogado y representante legal de los habitantes del Barrio de San Miguelito, quienes promovieron un amparo para que las obras de rehabilitación se realizaran conforme a los dictámenes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), denunció irregularidades en los trabajos ejecutados por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
González Lozano, también miembro de la asociación civil Cambio de Ruta A.C., acusó que estas obras han sido entregadas de manera injustificada, a pesar de estar incompletas y violar la suspensión otorgada por un tribunal federal.
“Hemos detectado una serie de irregularidades en las obras realizadas en el Barrio de San Miguelito. Estas no han sido concluidas conforme a los lineamientos y la orden de una jueza federal. Además, se ha incumplido una suspensión de amparo que obliga al respeto de normas para personas con discapacidad y la preservación del patrimonio histórico y cultural de San Luis Potosí”, expresó el abogado.
Según González Lozano, las obras fueron entregadas oficialmente el 3 de octubre, a pesar de las deficiencias visibles y el incumplimiento de las normativas vigentes. La jueza federal, quien otorgó la suspensión del amparo, había ordenado que los trabajos respetaran tanto la accesibilidad para personas con discapacidad como la conservación del patrimonio histórico del barrio, pero estas disposiciones no se han cumplido.
El tribunal, dijo, ya declaró fundada la denuncia por violación de la suspensión, lo que podría derivar en la consignación de la titular de Seduvop ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En respuesta a esta situación, González Lozano instó a los habitantes del barrio a documentar cualquier irregularidad que observen.
“Les solicito documentar todas las irregularidades observadas. Específicamente, necesitamos que recolecten fotografías y videos como parte de la evidencia. Por favor, háganme llegar por escrito sus comentarios, opiniones, quejas y evidencias lo antes posible”, solicitó.
El abogado enfatizó en que esta documentación será clave para fortalecer la impugnación formal que se presentará ante la jueza federal, con el fin de exigir que las obras se realicen conforme a la ley y en respeto a los derechos de los habitantes del barrio.
“Trabajemos juntos para asegurar que se respeten sus derechos y que las obras se realicen de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes”, concluyó.