Estela Ambriz Delgado
Pese a que autoridades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) se comprometieron a dar respuesta el 19 de agosto sobre lugares en otras universidades para los alumnos defraudados de la Universidad Potosina ubicada en Carranza, hasta la fecha no los han contactado, aunque también en este mes concluirían el procedimiento de sanción que llevan a cabo desde finales de junio.
Padres de familia y alumnos defraudados informaron no haber tenido comunicación con las autoridades, pese a que en la en la cuarta reunión que sostuvieron el 24 de julio con personal y el titular de SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, se les pidió cumplan con el compromiso de buscar becas para los jóvenes y les aseguraron tendrían una respuesta concreta a su solicitud el 19 de agosto.
La fecha fue determinada en función de que para ese entonces ya habrían realizado diversas gestiones en la Ciudad de México en instancias como la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como revisado con otros secretarios de educación las universidades de otros estados cercanos en los que podría haber lugares para los estudiantes.
Asimismo, en la reunión del 15 de julio el director de Planeación y Evaluación de la SEGE, José Gerardo Perdomo Quintero, les indicó que el procedimiento administrativo que SEGE ha llevado a cabo se tendría que desahogar en un plazo no mayor a dos meses, por lo que en el mes de agosto ya se tendría la resolución donde se le exhortaría para que el rector Arturo Segoviano García se regularice de manera obligatoria o que pague a los afectados.
El licenciado Luis Contreras, del área jurídica, también les aseguró que al finalizar el procedimiento la SEGE emitiría la sanción respectiva.
Sin embargo, algunos de los afectados aseguran que a la fecha no han vuelto a tener contacto con los funcionarios de Educación y han tenido conocimiento de que la universidad opera con normalidad, inscribiendo alumnos pese a que se colocaron sellos de advertencia en las instalaciones.
Paulina Martínez, una de las alumnas defraudadas, dijo que inclusive los que estaban por pasar a servicio social ya se fueron, pero a otros estados, pese a que la SEGE les advirtió que quedaba a su criterio porque por el momento ningún documento expedido por la UP es válido.
Respecto a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), los padres de familia indicaron que el proceso va lento y aún no se concreta la demanda colectiva, mientras que en lo individual fueron interpuestas 35 denuncias.
