SEGE, sin soluciones ante fraude en la Universidad Potosina; exigen sanción al rector

Estela Ambriz Delgado

Por segunda ocasión estudiantes y familiares de la Licenciatura en Medicina de la Universidad Potosina SC., se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y la Secretaría General de Gobierno, sin obtener aún soluciones concretas, sólo se comprometieron a facilitarles duplicados de sus certificados de estudios previos, para que no tengan que pagar a la institución por su baja, y darles acompañamiento a quienes decidan denunciar.

Sin embargo, las posibilidades de obtener cualquier certificado depende de la voluntad de regularizar del rector José Arturo Segoviano García, y de que le otorguen los permisos correspondientes de parte del gobierno federal, que desde 2019 lleva todo lo referente a carreras del sector salud.

En la reunión, a la cual se impidió la entrada a cualquier persona que no fuera alumno o familiar con el argumento de que se trataba de un asunto privado, se dio a conocer que derivado del acercamiento con otras universidades, existe la posibilidad de revalidar siempre y cuando la Universidad Potosina se regularice, pues es la única forma de que se les pueda expedir un certificado de materias.

Los funcionarios de SEGE iniciaron la reunión 40 minutos después de la hora acordada, y en primer lugar el director de Planeación y Evaluación de la SEGE, José Gerardo Perdomo Quintero, les informó que la institución educativa se encuentra bajo un proceso administrativo que puede derivar en sanciones económicas y el retiro de los Registros de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Asimismo, se explicó que derivado de los acercamientos con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), e instituciones privadas como la Universidad del Valle de México y Cuauhtémoc, en las dos primeras habría posibilidad de integrar a los alumnos mediante exámenes en los que se acrediten los conocimientos necesarios, sin embargo, esto aún no se firma y depende también de que cuenten con un certificado.

Las autorizaciones necesarias del gobierno federal

Kevin Fabián Elías Alfaro, jefe de Departamento de Registro y Certificación, informó a los afectados que el jueves 28 de junio tendrán una reunión en la Ciudad de México, con la instancia homóloga a nivel federal, que lleva la normativa respecto a los RVOE y la transición de los registros estatales que aún se está llevando a cabo, con la finalidad de que ellos los guíen tanto para exhortar al particular como algunas otras opciones que se tengan consideradas en estos casos.

Los funcionarios dijeron que posterior a dicha reunión buscarían a las familias para ofrecerles una solución real, por lo que los padres pidieron celeridad, dado que se encuentran en una situación de incertidumbre y ya han perdido mucho tiempo y dinero, por lo que pidieron se les informara un aproximado de cuánto tardaría todo el procedimiento.

Elías Alfaro respondió que el procedimiento administrativo se encuentra en etapa de pruebas y alegatos, y por ley tienen dos meses para desahogarlo. Aclaró que para cualquier acuerdo con alguna institución es muy importante que Segoviano García tenga la voluntad de regularizarla para poder certificar a los que se tienen reconocidos.

Sin embargo, dijo que en este caso al ser una carrera del área de la salud, el procedimiento de regularización no sólo es con la SEGE, sino que la parte más importante es con la federación por el tema de la Opinión Técnica Favorable (OTA) por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFHRS), de lo cual se desconoce el tiempo que pueda llevar.

En este sentido, María Isabel Sánchez García, de la Coordinación General de Planeación, reiteró que si no se regulariza a la Universidad Potosina, la SEGE está impedida para expedir certificados, y explicó que de acuerdo a la información que obra en la secretaría, hubo una suspensión temporal del servicio, y ante la presión mediática el rector presentó registros de escolaridad de 25 alumnos, pero que no tienen reconocidos porque nunca hizo entrega de esa información.

Los afectados exigen sanciones

Un padre de familia tomó la palabra para señalar que se requieren acciones más contundentes y mano firme de parte de las autoridades, ya que el rector tiene desde 2019 estafando a los estudiantes con total impunidad.

“Desde 2019 estuvo operando impunemente durante tantos años, burlándose de la autoridad y apenas se le inicia un procedimiento administrativo, no lo puedo creer, necesitamos ver más acción de parte de la autoridad educativa y del Estado, porque sino cualquiera puede hacerlo (…) si la autoridad no es autoridad para decirme qué puedo o no hacer, ya debería de haber de parte de la autoridad una sanción severa, enérgica, fuerte, contundente, para evitar esas anomalías”.

Asimismo, los padres de familia se quejaron de que además tendrían que seguir pagando a la institución que los ha defraudado, por dar se baja a sus hijos y entregarles sus documentos, por lo que SEGE se comprometió a poner a su disposición una ventanilla para ayudarles a obtener duplicados de sus certificados de preparatoria y secundaria, ya sea que lo emitan directamente o dependiendo de la incorporación del plantel se lo soliciten.

Por otra parte, el licenciado Benito Ramos de la Subsecretaría General de Gobernación, se comprometió a apoyar a los padres que decidan demandar, tendiendo un puente de comunicación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para darle mayor celeridad, y acordaron asistir hoy a las 11 de la mañana a una reunión en Palacio de Gobierno para dicho fin.

Alan Cornejo, familiar de un estudiante afectado, puso énfasis en el hecho de que en cinco años sólo 25 alumnos fueron matriculados ante la SEGE, de una población de aproximadamente 400 alumnos, y que sólo estos alumnos forman parte de la matrícula, pero que de acuerdo a las autoridades aún así eso no les garantiza la validez de sus estudios.

“A estos son los únicos a los que se les pudiera emitir en algún momento un certificado parcial de materias, pero la autoridad educativa fue muy clara al decir: ‘siempre y cuando le interese a la Universidad Potosina regularizarse’, una vez hecho, sólo a 25 personas les pueden emitir un certificado parcial de materias para que hagan equivalencia en otra escuela, toda la demás población nunca fue matriculada y no hay como ayudarles, tienen que ir desde cero”.

Skip to content