Por: Eduardo Delgado.
El Instituto de las Mujeres del Estado (IMES), organismo cuya misión consiste precisamente en “velar” y “proteger” los derechos de las féminas, discriminó a Mary Chuy, lo que “abortó” la certificación de esa dependencia sin discriminación.
Para Mary Chuy ha sido un “calvario de violencia institucional”, que comenzó hace más de cuatro años y durante los que ha sido víctima de dos dependencias estatales y en un par sindicatos de burócratas al servicio de Gobierno del Estado.
“Te vas acostar conmigo por las buenas o por las malas, si quieres que tu hijo continúe trabajando aquí”, la amagó en diciembre de 2012 Juan Martín Gatica Izaguirre, entonces delegado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SUTSGE) en la Secretaria de Desarrollo Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP).
Tras ese episodio desertó del SUTSGE y se afilió al Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SITTGE), en el que por un tiempo permaneció “comisionada”.
El año pasado, concluida la “comisión”, el sindicato independiente la abandono en su intento por reintegrarse a la dependencia donde ella tiene su base.
En octubre de 2015, trabajadores sindicalizados en la SEDUVOP pidieron y obtuvieron de su dirigente sindical, Bernardina Lara, el respaldo para requerirle a Leopoldo Stevens Amaro, la reubicación de Mary Chuy “fuera de nuestra dependencia”.
Alentados por Gatica Izaguirre y directivos de la dependencia, acusaron a Mary Chuy “de desestabilizar la armonía, el compañerismo y la interrelación laboral de nosotros los trabajadores”.
Meses después, en enero de este año, fue “reubicada” en el Instituto de las Mujeres del Estado, organismo público con la misión de impulsar políticas públicas para garantizar “el pleno ejercicio” de los derechos humanos de las mujeres.
El mes pasado se giró una circular dirigida “a todo el personal de base y de confianza” del IMES, a través del que la directora les anunció que durante los días 5, 6 y 7 de septiembre, se llevaría a cabo en ese organismo:
“La auditoría para la certificación de la Norma Oficial NMX-R-025-SCFJ/2015, por tal motivo se hace de su conocimiento que en breve recibirán en su correo electrónico, por parte del organismo certificador Asociación de Normalización y Certificación A. C. “ANCE”, un link para lo cual se solicita su valiosa colaboración a fin de que ingresen y den respuesta al cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación”.
Con el argumento de que Mary Chuy no tiene su base en el IMES la circular no le fue entregada, acto que le reclamó a directivos del organismo.
Un día llegó personal de la compañía certificadora, ante quienes expuso su malestar y los antecedentes de su caso. Uno de ellos le comentó a otro compañero: “Aquí tenemos un foco rojo”.
El procedimiento de certificación prosiguió sin considerarla, por lo que presentó la queja 1VQU-0593/16 en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a cuyo presidente, Jorge Vega Arroyo, le entregó documentos para acreditar que fue marginada.
Entre las pruebas del trato discriminatorio, Mary Chuy incluyó la circular IMES/DG/020/2016, a través de la que la directora, Erika Velázquez, reportó al personal -el 16 de mayo del año en curso- la conformación del Comité para la Implementación del Programa Cultura Institucional y Gestión Pública con Perspectiva de Género y Vigilancia del Desarrollo e Implementación de Prácticas de Igualdad Laboral y No Discriminación del Instituto de las Mujeres.
Integrado por una de sus compañeras que se encuentra en la misma condición, pues esta también tiene su base en otra dependencia y está comisionada en el IMES y no obstante sí fue tomada en cuenta en la encuesta.
En un intento por evitar el “aborto” de la certificación la directora le pidió a Mary Chuy desistirse y retirar su queja. Trató también de convencerla de que el cuestionario solo era aplicable a las y los trabajadores adscritos a ese organismo “no a los comisionados”.
Luego de que Mary Chuy se negó a retirar la queja ante la CEDH por no cambiar la situación discriminatoria, la directora del IMES convocó al personal a una junta en la que les informó que los empleados de la compañía certificadora ya no volverían.
Con esas y otras evidencias, documentadas, la CEDH deberá emitir una recomendación al instituto responsable de velar y proteger a las mujeres, a causa de la marginación, precisamente, de una de estas.
El calvario le ha resultado tortuoso y eterno.
