Por Victoriano Martínez
Volvemos al semáforo rojo por la pandemia del Covid-19 con autoridades instaladas, lo más cómodo posible para ellas, en el argumento de que aumentó la gravedad de la contingencia por la movilidad provocada por las fiestas decembrinas y de año nuevo, y una sociedad que no adopta las medidas sanitarias. Si así lo preveían, ¿por qué endurecer las medidas hasta después?
La población y sus descuidos no puede quedar exonerada del incremento en el riesgo de la epidemia, pero –vale parafrasear a los abuelos– la irresponsabilidad de la sociedad llega hasta donde la autoridad que la encabeza lo permite.
En los últimos diez meses, ¿cuántas veces las autoridades sanitarias encabezadas por el gobernador Juan Manuel Carreras López se lamentaron de la respuesta de la población a las recomendaciones repetidas casi como mantras en las ruedas de prensa diarias? Una vez más la sabiduría popular: si ya saben cómo son, para qué dejarlos a su propia voluntad.
Desde el otro extremo, más parece que la población bien sabe cómo son las autoridades: tan permisivas que se hacen de la vista gorda al grado que llevan el discurso de ser tolerantes a extremos que rayan en la irresponsabilidad y dejan de lado protocolos sanitarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que les corresponde encabezar.
Controlar la pandemia es una responsabilidad compartida, ni duda cabe. Que no se logre controlar y se tenga que volver al semáforo rojo con medidas más estrictas porque el riesgo sanitario llegó a los puntos más altos es una irresponsabilidad también compartida.
Se trata de los ingredientes que convirtieron este viernes 22 de enero en un día de eventos tan desafortunados como representativos de las razones por las que la normalidad nos trajo hasta aquí y el insistir en vivir esa normalidad nos empuja a peores escenarios.
Por un lado, la autoridad anuncia el regreso al semáforo rojo y establece medidas sanitarias ahora sí más estrictas, con una reacción en redes sociales en las que comenzaron a circular mensajes sobre la ubicación de los retenes instalados para verificar que los automovilistas y acompañantes porten cubre bocas, so pena de hacerse acreedores a una multa.
Desde temprano, representantes ejidales de La Pila pusieron a prueba la tolerancia de la autoridad al instalar un inmenso templete para un baile masivo para celebrar la renovación-reelección de sus dirigentes. Comienza el baile con vigilancia policiaca cual si se viviera la normalidad, y tras una denuncia en redes, se logra desactivar la pachanga pasadas las diez de la noche.
El portal Quadratín reportó una reunión en Calzada de Guadalupe 323, de entre 100 y 120 personas, con el alcalde con licencia Xavier Nava Palacios y un grupo de trabajadores municipales, con fines electoreros.
Son muestras de la corresponsabilidad entre autoridades y sociedad, que van desde un juego en el que una se pone estricta y la otra adopta medidas para evadir el rigor, otro en el que una lo intenta por si pega y la reacción no impide el evento sino que lo suspende horas después de iniciado, y uno más en el que son los propios integrantes de la autoridad y aspirantes a otros niveles quienes ignoran las medidas sanitarias, así sea a puerta cerrada.
El tercer caso ilustra el exceso de la autoridad al señalar con mayor énfasis a las fiestas decembrinas y de año nuevo como las causas del incremento en los casos de Covid-19, cuando desde el 15 de noviembre y hasta el 8 de enero, los aspirantes a ser autoridad (muchos desde cargos públicos) promovieron una movilidad que debió ser controlada por las autoridades.
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) emitió un Protocolo sanitario para garantizar la salud de la ciudadanía durante las etapas de obtención del respaldo ciudadano, más como para dejar constancia de que lo hizo, pero en ningún momento para aplicarlo, ya que se limita a llamar a atender las recomendaciones de la OMS.
“Los organizadores de eventos deben realizar la evaluación de los riesgos en colaboración con las autoridades locales y nacionales de salud pública”, señala la OMS en un documento de Consideraciones relativas a las concentraciones multitudinarias en el contexto de la COVID-19, y agrega:
“Es fundamental comunicar claramente al público los resultados de la evaluación de los riesgos de la concentración multitudinaria a fin de generar confianza y asegurarse de que la población conoce y comprende, las decisiones relativas a la reanudación de las concentraciones multitudinarias”.
¿Dónde están los resultados de las evaluaciones de riesgo sobre las concentraciones multitudinarias que realizaron los precandidatos, ya que en ningún momento se las comunicaron con claridad a quienes convocaron a participar en ellas? Una clara omisión de precandidatos y de las autoridades electorales y de salud pública.
La movilidad provocada por las fiestas decembrinas y de año nuevo contribuyó para agravar la situación del Covid-19, pero la de las precampañas, a cargo de futuras autoridades y reguladas por las actuales, representan una importante carga adicional que está por replicarse en las campañas que iniciarán en marzo. ¿Acaso no endurecieron las medidas para no importunar las precampañas?
Del grado de responsabilidad, o irresponsabilidad, de candidatos, partidos, coaliciones y autoridades electorales y sanitarias dependerá que las campañas lleven a los ciudadanos a emitir su voto a urnas electorales, o condenen a muchos a que sus cenizas terminen en urnas mortuorias.
