Por: Eduardo Delgado.
La Comisión Permanente del Senado de la República aprobó pedirle a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) un informe sobre el avance de las investigaciones del homicidio de Alondra, así como de la situación jurídica de los policías involucrados en el asesinato de la estudiante.
El dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Senado fue aprobado el pasado miércoles, un par de días antes de que se cumplieran dos meses de que la alumna del plantel 02 del Colegio de Bachilleres del municipio de Villa de Hidalgo, murió baleada por elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado.
La noche del domingo 29 de mayo la joven de 18 años de edad viajaba en una camioneta junto con tres compañeros, cuando fueron atacados a balazos por los policías, que según la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, a cargo de Arturo Gutiérrez García, iban en persecución de una persona que poco antes había matado a otro de diez balazos.
Días después un juez con sede en Matehuala dictó auto de formal prisión contra cuatro agentes por el presunto delito de homicidio, porque dispararon contra una camioneta a la que perseguían en un camino del municipio de Villa de Arista y que según ellos coincidía con el vehículo que buscaban.
En la propuesta de punto de acuerdo, planteada por la senadora Claudia Corichi García (esposa de Eugenio Guadalupe Govea Arcos, ex diputado y ex dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí), los representantes populares plantearon que el tema de la seguridad “se ha deteriorado en los últimos meses”, durante lo que va de la administración del gobernador Juan Manuel Carreras López.
La comisión dictaminadora, presidida por el senador Ismael Hernández Deras, acordó solicitarle a la PGJE “un informe” del avance de las indagatorias “que no vulnere las disposiciones respecto a la secrecía y discreción de la información contenida en los expedientes”.
