María Ruiz
Un grupo de trabajadores del Juzgado Primero de Distrito en San Luis Potosí se reunió a las afueras del Poder Judicial de la Federación para denunciar un ambiente de hostigamiento y malos tratos que, aseguran, ha llevado a varios empleados al hospital con cuadros de ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas.
Los denunciantes, por temor a represalias, pidieron mantener en el anonimato sus identidades y rostros, ya que algunos llevan procesos internos para evidenciar lo que describen como un sistema de maltrato, abuso de poder y violencia psicológica dentro del juzgado.
Las quejas apuntan directamente a la jueza Ana Ley Flores, quien presuntamente se jacta de su impunidad afirmando ser protegida por Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura Federal y actual aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según los testimonios recabados, la jueza ha sometido a su personal a carga laboral desproporcionada, agresiones verbales, aislamiento, humillaciones y tratos degradantes.
“El maltrato psicológico es su especialidad, no la impartición de justicia”, expresaron los trabajadores, quienes aseguran que el ambiente dentro del juzgado es insostenible y ha provocado jubilaciones forzadas, incapacidades psiquiátricas y afectaciones graves a la salud mental del personal.
No es la primera vez que Ana Ley Flores enfrenta denuncias por hostigamiento laboral. Según lo relatado por las y los afectados, en 2021, cuando se desempeñó como jueza de Distrito de Procesos Penales Federales en Tepic, Nayarit, trabajadores la señalaron por un trato similar al que hoy se vive en San Luis Potosí.
Incluso en aquella ocasión, dijeron, una de las afectadas sufrió un aborto espontáneo como consecuencia del estrés y el maltrato en el ambiente laboral. La queja quedó registrada bajo el expediente 2445/2022-XI, documentando acoso laboral, violencia psicológica, tratos discriminatorios y presiones extremas hacia el personal.
A pesar de los antecedentes y de la reciente visita del magistrado federal Alejandro Alfaro Rivera al juzgado, no se han tomado medidas para frenar los abusos ni sancionar a la jueza.
Los trabajadores cuestionan si las influencias políticas de Ana Ley Flores la mantienen impune y si el Poder Judicial espera la pérdida de una vida para actuar.
“Nos están empujando al límite. No podemos más. ¿Hasta cuándo las autoridades van a dejar de encubrir el abuso?”, expresaron.
La denuncia ha quedado en manos de las instancias correspondientes. Sin embargo, los trabajadores temen que, como en ocasiones anteriores, las quejas sean desestimadas y el ciclo de maltrato continúe sin consecuencias para la jueza.
