Por Victoriano Martínez
Si algo ha resultado característico en el cambio de gobierno estatal son las constantes referencias a las irregularidades en que incurrió la administración que encabezó Juan Manuel Carreras López, y la Fiscalía General del Estado (FGE) no es la excepción, con señalamientos que a la vez se vuelven el parámetro con el que habrán de ser medidos.
José Luis Ruiz Contreras, como encargado de la FGE, tuvo su informe y comparecencia ante el Congreso del Estado con tintes de pasarela de quien forma parte de la terna de la que los diputados elegirán a quien sea nombrado en sustitución de Federico Garza Herrera, el fiscal autónomo pero no independiente, quien renunció al cargo tres años antes de que concluyera su periodo.
El funcionario se enfocó en señalar las deficiencias, irregularidades que incluso calificó como delitos y rezagos durante la gestión de Garza Herrera, a quien suple de manera provisional luego de que fue quien lo nombró el pasado 13 de septiembre, como producto de su no-independencia para obedecer una sugerencia de Ricardo Gallardo Cardona, todavía como gobernador electo.
El vice fiscal Jurídico en funciones de encargado del despacho señaló la falta de acciones en contra de los 132 policías de investigación que no acreditaron los exámenes de control y confianza, el debilitamiento del servicio civil de carrera al contratar personal sin convocatoria, y un rezago de 30 mil asuntos pendientes de ejecutar por parte de los elementos de la Policía de Investigación (PDI).
Se trata de 30 mil asuntos que representa, cada uno, a personas en espera de que se dé la procuración de justicia entre los que, sin duda, hay casos que son considerados de alto impacto, tanto por quienes son los denunciantes como por quienes los denunciados.
Casos que resultan emblemáticos no sólo de las deficiencias de la actuación de Garza Herrera al frente de la FGE, sino el grado de confabulación con los denunciados, entre los que destaca para propia familia del actual gobernador, la mayor prueba de fuego para Ruiz Contreras.
Los servicios que Garza Herrera le prestó a la familia Gallardo Cardona van desde dilatar la resolución de dos demandas ampliamente documentadas en contra de Ricardo Gallardo Juárez con el caso Sandra Sánchez Ruiz, y contra la familia entera, sus empresas y prestanombres con el caso de la denuncia por enriquecimiento ilícito, ambas presentadas por el Frente Ciudadano Anticorrupción, con el apoyo de más de cuatro centenas de firmas.
En esos dos casos, Garza Herrera pateó el bote hasta declararse incompetente y remitirlos a la Fiscalía General de la República, donde la inacción mantiene garantizada la impunidad para la familia del actual mandatario estatal. Declarada la incompetencia, fueron dos casos que se pueden borrar del rezago hoy señalado por Ruiz Contreras.
Lo mismo no puede argumentarse con otros cinco casos que forman parte de ese rezago que, si Ruiz Contreras lo señala con tanta indignación, seguramente se les dará prioridad para integrar las averiguaciones con todos los documentos de prueba que fueron aportados para judicializarlos y se actúe contra los personajes señalados.
La primera fue presentada el 11 de abril de 2019 por la sustracción de 62 millones 232 mil 70.60 pesos de la tesorería municipal durante todo el trienio que encabezó Gallardo Juárez mediante un esquema piramidal en el que se utilizó un registro de nómina para, quincenalmente, generar un pago de sueldo no reclamado que ya no volvía a las arcas municipales.
La segunda se presentó el 23 de abril de 2019 por un daño patrimonial al INTERAPAS por 152 millones 623 mil 258.38 pesos por la asignación indebida de contratos para la prestación de servicios médicos a los trabajadores del organismo en los que, sin ninguna base operativa, se incrementó el valor de cada trabajador, lo que implicó pagar un sobre precio por esos servicios al Grupo Axioma.
La tercera denuncia data del 20 de mayo de 2019 por un monto de 3 millones 962 mil 974.32, en perjuicio también de INTERAPAS por la contratación de una empresa con domicilio en el estado de Morelos para recuperar impuestos.
Una cuarta denuncia se presentó el 29 de mayo de 2019 por un desvío de 6 millones 117 mil 503.75 pesos con un contrato a una empresa que simuló aumentar la recaudación a partir de la cartera vencida.
La quinta denuncia se presentó el 11 de junio de 2019 por uso ilícito de atribuciones y facultades, como otorgar licencias o autorrealización de contenido económico, porque Gallardo Juárez, en acuerdo con diversos Regidores, se pronunció por el cambio de uso de suelo. El daño al erario municipal se estimó en 213 millones 230 mil 474 pesos.
Son denuncias con carpetas de investigación abiertas y, en consecuencia, deben formar parte de los 30 mil asuntos pendientes mencionados por Ruiz Contreras y que, por ser denuncias de la autoridad municipal que representan un daño al erario por 438 millones 166 mil 281.05 pesos, seguramente le servirán para contrastar su eficiencia contra la ya legendaria ineficiencia de Garza Herrera.
Todo un caso para que el hoy secretario general de la UASLP lo proponga con autonomía y sin independencia como material de estudio en la Facultad de Derecho, porque muchas cosas están aún por verse.
