Por Victoriano Martínez
Es como si con los periodos gubernamentales se cumplieran ciclos de desempeño que comienzan con la expectativa de que la renovación de una administración abre paso a que las cosas se harán mejor, en tanto que hacia el final cada vez se hacen más notorias las desviaciones hacia intereses personales, pero también que éstos impiden una gestión efectiva y eficiente.
El 13 de agosto de 2007 marcó, para la administración de Marcelo de los Santos Fraga, la debacle en materia de seguridad con la ejecución del coordinador de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo de la entonces PRG, Guillermo Amado Camarena.
Fue el primer crimen de alto impacto, y de ahí en adelante el clima de inseguridad dejó de convertirse en una cuestión de hechos aislados –así haya funcionarios que insisten en esa explicación– para convertirse en una constante y creciente ola de criminalidad, con un galopante aumento en el número de ejecutados.
De los Santos cerró su sexenio con la exhibición incluso de que las cuentas no le salieron bien al Contador, al grado de que tuvo que cerrar con un crédito por mil 500 millones de pesos cincuenta días antes de concluir su administración.
Trece años después, cuando el sexenio que encabeza Juan Manuel Carreras López ya superó con mucho el número de homicidios ocurridos en los periodos de sus antecesores, la situación de inseguridad se le descompone aún más con la ejecución del coordinador operativo de la delegación de la Fiscalía General de República.
Un crimen que, tras las narco mantas que amanecieron el pasado miércoles, presagia una nueva escalada de violencia que contrasta con la actitud confiada que manifiesta el secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, quien se pronunció porque resulta innecesaria un trato especial al problema “porque el tema de seguridad se trata todos los días”.
Una falta de atención a temas tan prioritarios como una urgente revisión, desde hace tiempo, a las estrategias de seguridad, pero que no parece estar entre las prioridades al tratarla prácticamente como una cuestión rutinaria, en tanto exhiben estar ocupados en otros temas que dejan ver su real preocupación: dejar montada la estructura que les garantice impunidad.
La insistencia para que Javier Delgado Sam vuelva a ser votado para que se le ratifique como consejero de la Judicatura a pesar que ya fue rechazado por el Congreso del Estado, las maniobras para que Felipe Aurelio Torres Zúñiga sea nombrado Fiscal Anticorrupción, y la previsible propuesta de ratificación de magistrados del Poder Judicial son parte de esa intención auto protectora.
La forma tan desaseada en que desde el Ejecutivo se promueven esas imposiciones a través del Congreso del Estado, muestra la descomposición que se suele revelar hacia el final de los sexenios, al grado de que hasta los diputados echan mano de un ligero pataleo para no aparecer tan sumisos.
En el Congreso del Estado el espectáculo de este jueves fue el fracaso de su autónomo intento de dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de lo inocua que resulta esa medida para garantizar un combate real a la corrupción en tanto el nombramiento se haga a propuesta del Ejecutivo, y la mayor prueba está en el fiscal carnal Federico Garza Herrera y sus malas cuentas.
La diputada Sonia Mendoza, quien hace 11 años fue parte de la aprobación del crédito de fin de sexenio para Marcelo de los Santos, puso la nota chusca: votó en contra del dictamen que daba autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, y cuando se percató de que el bloque panista lo había hecho a favor, quiso corregir, pero la votación ya se había cerrado.
Una serie de señales que muestras la cercanía del fin del sexenio, cuando se hacen más notorias las desviaciones que impiden un verdadero servicio público.
Una serie de desviaciones que tienen un costo que también se deja ver según lo que ha advertido el diputado Edgardo Hernández Contreras sobre la insistencia en la reestructuración de la deuda. En una de esas hasta un déjà vu le regalan a la diputada Sonia Mendoza y se vuelve a ver ante la situación de tener que votar un crédito de fin de sexenio.
