Por Victoriano Martínez
El 26 de octubre de 2017, los diputados de la ecuación corrupta eligieron por unanimidad a Federico Garza Herrera como Fiscal General del Estado para el periodo del 27 de octubre de 2017 al 26 de octubre de 2024, con lo que dejó de ser Procurador General de Justicia del Estado.
“Federico Arturo Garza Herrera, 26 votos; Verónica Jareda García, cero votos; Fernando López Díaz de León, cero votos”, así dio a conocer el resultado de la votación la entonces diputada Dulcelina Sánchez de Lira, hoy imputada por la acéfala Fiscalía Anticorrupción por la probable comisión del delito de peculado en perjuicio del Congreso del Estado.
El gobernador Juan Manuel Carreras López logró así cumplir con el requisito legal de enviar una terna al Poder Legislativo para que le nombraran a su fiscal carnal con tanta condescendencia, que bien pudo ahorrarles a las dos personas que incluyó como propuestas adicionales la pena de haber sido parte de un juego perverso.
“Ustedes mismos van a ir viendo a lo largo del tiempo como va a ir transitando la Fiscalía y como se va separando de lo que antes tenía a la Procuraduría de alguna manera atada… a partir de hoy soy Fiscal, soy autónomo y haré lo que en las facultades la propia ley me permite”, fueron las declaraciones de Garza Herrera al salir de aquella sesión en la que protestó como Fiscal.
El paso del tiempo sólo ha mostrado que aquella declaración era parte de esa parafernalia de simulación para aparentar dejar atrás a una Procuraduría atada, y en los hechos abrirle el paso a una Fiscalía que no requiere de ataduras para ser fiel a los intereses del gobernador.
Constitucionalmente, la Fiscalía General del Estado ya cuenta con total autonomía, se supone independiente y no tendría por qué estar subordinada al Ejecutivo. No obstante, la renuncia del Fiscal anticorrupción deja ver que además de subordinación, hay hasta confabulación, para evitar que avancen denuncias por casos de corrupción.
La experiencia que ha dejado el nombramiento de Garza Herrera como fiscal General del Estado muestra que, para el caso de la hoy acéfala Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción no basta dotarla de autonomía constitucional, como no bastó para la Fiscalía General.
Si bien la autonomía se decreta, no se da en automático. Quien esté a cargo de la entidad autónoma tiene que hacerla valer para cumplir de la mejor manera con las funciones que le son propias. Garza Herrera, a pesar de su “soy autónomo”, no lo ha asumido para prestar el mejor servicio a la ciudadanía.
Dos años parecieron resultar suficientes para que quedara en entredicho incluso la autonomía técnica de la Fiscalía Anticorrupción, como lo dejan ver las versiones sobre lo que hubo atrás de la renuncia de Jorge Alejandro Vera Noyola.
El nuevo Fiscal Anticorrupción, propuesto en terna por Carreras López, aun si se le nombrada después de dotar a la institución de autonomía constitucional, tendría que defender ésta de las presiones –que por decreto no se eliminan– del propio mandatario, el fiscal general y no se dude que hasta de personajes de otras instancias, incluido el propio Legislativo.
Con autonomía o sin ella, la persona que llegue a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, como cualquier servidor público genuino, debe tener los arrestos para poner por encima de cualquier político o funcionario el cumplimiento de su función con apego a la ley y al interés general.
