Este texto forma parte de una serie de cinco reportajes que se publicarán cada semana en Astrolabio. Puedes consultar la primera parte aquí.
Marcela Del Muro
Carmelita y don Memo salieron de su casa antes del amanecer del 10 de octubre de 2009; su hijo menor, Moi, no contestaba el celular y temían que hubiera tenido un accidente. Preguntaron en todos los hospitales, en los separos y en el Servicio Médico Forense, hablaron con sus amigos y recorrieron las calles en busca de su coche o alguna pista que indicara dónde estaba él y sus tres amigos.
Moisés Gámez Almanza, de 23 años, iba acompañado de Luis Francisco Medina, Marco Antonio y Julio César Coronado. Carmelita los vio salir de su casa la noche anterior, iban a una fiesta en la colonia Jardines del Oriente, en la capital del estado, con sus excompañeros de trabajo.
Unos meses antes, los cuatro jóvenes habían colaborado en la campaña política del entonces gobernador priísta Fernando Toranzo Fernández.
Don Memo recuerda que le hablaron a un buen amigo de Moi que era policía estatal, el He Man, Mario López Zambrano. El joven policía tranquilizó a los angustiados padres y prometió que él buscaría a su amigo, pero el He Man también desapareció, quedó su carro negro afuera de las oficinas de la policía, constatando su ausencia.
Con cinco muchachos desaparecidos para aquel entonces, los Gámez Almanza y las familias de los otros jóvenes intentaron hablar con el exjefe de sus hijos durante la campaña política: Gerardo Aldaco, quien era titular del Instituto Potosino de la Juventud e iría a la fiesta del 9 de octubre.
Tras varios días de insistencia, Aldaco accedió a hablar con ellos, pero fue tajante:
“La orden de no moverle al caso venía desde arriba. Lo mejor era olvidarnos de nuestros hijos porque era peligroso y jamás iban a regresar”, recuerda don Memo.
Después de esperar 72 horas, las familias Gámez, Medina y Coronado presentaron la denuncia por la desaparición de sus hijos, entonces llegaron las extorsiones. A la familia de Moi le pidieron 100 mil pesos de rescate por él. El agente encargado de la investigación, Andrés Velázquez, aconsejó dar el rescate y, por el bien de los secuestrados, decidió que la entonces Procuraduría General del Estado no participaría en la diligencia.
Los padres de Moi juntaron el dinero y se encaminaron a entregarlo a los supuestos secuestradores. Carmelita recuerda que no ha vuelto a sentirse en tanto peligro como aquel día, pero no lograron recuperar a su hijo, todo fue un engaño y los policías e investigadores de la Procuraduría fueron los principales sospechosos de aquella extorsión contra las familias.
La desaparición de Moisés, Luis Francisco, Julio César y Marco Antonio es el primer caso registrado en la zona Centro del estado durante el sexenio del doctor Toranzo Fernández, que había tomado posesión como gobernador a finales de septiembre; es a partir de este caso que el delito de desaparición comienza a ser una constante en el territorio potosino.
Pero, como señalamos en la entrega anterior, la capital y la zona conurbada tenían dos años viviendo episodios violentos sin precedentes: los primeros asesinatos en vía pública, balaceras y persecuciones que atravesaron la ciudad, camionetas o autos que “levantaban” a ciudadanos que circulaban por las calles, y escuchamos de los primeros secuestros.
Las fichas de búsqueda activas publicadas por la Fiscalía General del Estado nos cuentan que al día siguiente de la desaparición de los jóvenes, el 11 de octubre de 2009, la maestra Graciela Flores Nieto fue “levantada” junto a dos de sus hijos en la misma colonia, Jardines del Oriente. Cuatro días después, el 14 de octubre, otro hombre fue desaparecido en la colonia Las Águilas.
Mi sospecha es que las autoridades están coludidas
Casi dos años después de la desaparición de Moi y sus tres amigos, el 6 de junio de 2011 arribó a San Luis Potosí la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por el poeta Javier Sicilia. Ahí estuvieron los padres de los cuatro muchachos, haciendo presente la ausencia de sus hijos.
Desde aquellos tiempos, ya se sabía que la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón Hinojosa estaba afectando directamente a la población. Sin embargo, las familias de desaparecidos eran constantemente criminalizadas por el destino de sus seres queridos ausentes, que eran señalados por las autoridades de “andar en cosas malas”.
Esta narrativa estigmatizante y equivocada, que fue replicada por los medios de comunicación, ha justificado que las autoridades no investiguen los delitos de desaparición de personas.
Aún con la cercanía que los jóvenes universitarios tuvieron con Toranzo Fernández al participar en su campaña, tras su desaparición, las familias no pudieron reunirse con él a lo largo del sexenio.
Don Memo recuerda que intentaron buscar respuesta de todos los funcionarios quienes solo les daban promesas. Durante los seis años del mandato de Toranzo, las familias no tuvieron acceso a la investigación por la desaparición de sus hijos.
“Menciona (la mamá de Luis Francisco) que en el caso salió a relucir el nombre de Iván Martínez Blanco, a quien los jóvenes contactaron poco antes de desaparecer para pedirle una botella, cuando salían de la fiesta a la que asistieron. El hombre fue llamado a declarar y dijo haberse enterado por guardias de un establecimiento donde se encontraba, ubicado sobre la avenida Pinos, que una camioneta había obstaculizado el paso de los dos automóviles en que viajaban los cuatro, los habían obligado a subir a ella y se los habían llevado. ‘Todos esos datos nunca los investigaron, él sabía dónde estaban pero sólo lo interrogaron. Luego supimos que había órdenes de no hacer nada más, órdenes de arriba. Desgraciadamente, de seis años a la fecha nunca investigaron nada. Mi sospecha por todos los acontecimientos es que las autoridades están coludidas con estas desapariciones”, reportó la periodista Verónica Espinoza en un artículo de la Revista Proceso que recapitula el sexenio de Toranzo.
En esos seis años tampoco se investigaron las sábanas de llamadas de los teléfonos ni se analizaron las grabaciones del C5, de la zona donde circularon los carros de los desaparecidos.
Ahora, a casi 13 años de la ausencia, sabemos que hubo colusión e/o inacción de agentes del Estado, pues el delito se investiga como desaparición forzada. También sabemos que a la última persona que Moi llamó, quizá para pedir ayuda aquel 10 de octubre, fue a Luis Gerardo Aldaco, quien no respondió.
Carmelita y don Memo continúan buscando a su hijo Moi y a Luis Francisco, Julio César, Marco Antonio y Mario, el amigo policía. De 2018 a 2021, los Gámez Almanza, junto con familias del colectivo de búsqueda de personas Voz y Dignidad por los Nuestros exploraron varias hectáreas en el municipio de Moctezuma, último lugar donde el celular de Moi marcó geolocalización y un espacio donde, ahora se sabe, se incineraban cuerpos de personas desaparecidas.
Sobre la historia de dicho vertedero, esta serie de entregas profundizará en una próxima edición.
La desaparición garantiza impunidad
“La desaparición, sin duda alguna, es una técnica que en su corazón lo que garantiza es la impunidad”, afirma el historiador Camilo Vicente Ovalle y señala que fue entre 2009 y 2010 que la desaparición comenzó a ser útil para actores no estatales, como el crimen organizado.
El aumento de la violencia en el estado, desde el sexenio del gobernador Marcelo De los Santos Fraga, trajo una sospecha en la ciudadanía de la existencia de alguna organización criminal operando en la zona. En febrero de 2011 la duda fue confirmada, cuando Los Zetas asesinaron en la carretera 57, a la altura de Matehuala, al agente federal estadounidense Jaime Zapata, que junto a su compañero, Víctor Ávila, trasladaban equipo táctico a la Ciudad de México.
Según el reporte DI-19-0071 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde unos meses antes, cuando se comenzó a planear la misión, se conocía que la zona de San Luis Potosí “estaba muy caliente”.
Y la guerra continuó y la violencia siguió escalando niveles. En agosto de 2012, a la mitad del sexenio de Toranzo, nos enteramos del hallazgo de una camioneta con 14 cuerpos originarios del estado de Coahuila, que fue abandonada en una gasolinera localizada sobre la carretera a Zacatecas, todavía en la capital del estado.
“Es la primera vez que se realiza un hallazgo de este tipo en el estado, similar a los registrados hace unos meses en Jalisco, Veracruz y Nuevo León”, reportó el medio Animal Político.
Las denuncias por desaparición de personas también aumentaron en el gobierno de Toranzo. Según las fichas de búsqueda activas en la página de Fiscalía, se tiene registro de 14 reportes de desaparición previos al gobierno del doctor Toranzo. Durante su administración, de septiembre de 2009 a septiembre de 2015, se reportaron 132 casos de desaparición, de las cuales el 30 por ciento (40 casos) se reportaron en la zona Centro del estado, que fue superado por la región Huasteca.
En la zona Centro, los casos de desaparición durante el sexenio de Toranzo se concentraron en la capital del estado y Soledad de Graciano Sánchez, salvo la desaparición de un hombre en abril de 2010 en el municipio de Villa Arriaga. El 87 por ciento de los casos eran hombres jóvenes, la edad promedio era de 31 años.
“Sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2% y el 6%, habían sido judicializados, y sólo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional”, mencionó el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU en el informe presentado en abril de 2022.
Violencia contra la mujer: Cuando existe impunidad, el delito se replica
En San Luis Potosí, actualmente se lleva a cabo el juicio por la desaparición de Lupita González Velázquez, perito de la entonces Procuraduría, y su hijo Alán Tadeo Morales, desaparecidos el 26 de octubre de 2014 en la capital del estado.
El 19 de agosto de 2020, la familia González Velázquez recibió la noticia de la detención de Cruz Alfonso N., expareja de Lupita y papá de Alán, principal sospechoso de la desaparición. Sin embargo, no hay rastro alguno del paradero de la madre y de su bebé; confirmando lo dicho por el historiador: a pesar de lo avanzado del caso, la impunidad prevalece.
Según las fichas de búsqueda de la Fiscalía, el único caso registrado en 2014 en la zona Centro del estado fue la desaparición de Lupita, de 33 años, y su hijo Alán de ocho meses, que tiene síndrome de down. Veinte días antes de su desaparición, la perito puso una demanda por pensión alimenticia en contra del papá de su hijo, quien también era su jefe en la Procuraduría.
“El vehículo (de Lupita) fue encontrado tres días después de su desaparición, los primeros en llegar a la escena fue la (policía) estatal. Sabemos que hubo una violación al debido proceso porque alteraron la escena, limpiaron el carro”, explica Marco Antonio, hermano de Lupita.
Tras la desaparición, sus amigos y compañeros de trabajo cayeron en un largo silencio, no es que no quieran recordar a Lupita, es que Alfonso era un hombre poderoso. Cuando se pregunta concretamente por él, se produce un silencio largo e incómodo. Todas las personas entrevistadas, de alguna u otra forma, sienten miedo al hablar de él.
Se dice que Alfonso se dedicaba a vender servicios en criminalística a gente peligrosa, a los que cometieron algún crimen y pudieron pagar sus favores. Nadie ahonda en su modus operandi. Pero sí se sabe que era una persona importante, protegida y poco cuestionada por las autoridades. Ese poder, sumado a la impunidad generalizada en el delito de desaparición, lo hicieron intocable por casi seis años.
Karina Ansolabehere, experta del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, comenta que las desapariciones de mujeres no están aisladas de la violencia, pero se debe de investigar tomando en cuentas sus características de género.
“Se les desaparece por ser mujeres. Muchas veces lo hacen personas cercanas, su pareja sentimental o familiares, o también las toman como botín de guerra en las disputas territoriales”, señala la experta.
Las desapariciones no disminuyeron con el cambio de gobierno. En septiembre de 2015 tomó posesión Juan Manuel Carreras López como gobernador del Estado. En 2016 se registraron el doble de desapariciones que un año antes, pero el patrón cambió: el 50 por ciento de los casos correspondían a mujeres, según las fichas de Fiscalía. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 2016 fue el único año donde la zona Centro del estado registró un mayor número de mujeres desaparecidas que de hombres.
También es a partir de 2016, que comienzan a registrarse desapariciones en otros municipios de la zona Centro del estado: se señala a Villa de Reyes, donde desapareció una niña de 14 años; y a Ahualulco, donde desapareció una mujer de 20. También vemos por primera vez a Zaragoza y Mexquitic, donde desaparecieron a un hombres mayores de 35 años en cada municipio.
Este aumento de desapariciones de mujeres, pone sobre la mesa la sospecha de que sí existe el delito de trata en la zona Centro del estado. De forma cíclica, nos vamos enterando por redes sociales que existen personas que “levantan” mujeres en la vía pública.
En marzo de 2018, alrededor de las tres de la tarde, la periodista y artista gráfica potosina María Alejandra Ruiz fue atacada por unos hombres que la subieron a una camioneta con vidrios polarizados y placas de Tamaulipas.
“Grité que no los conocía, había como cinco personas en la calle y ninguno se animó a hablar a la policía. Me subieron a la camioneta que se dirigía al bulevar Río Españita. Me rompieron toda la ropa”, relata María, quien en cuestión de segundos se aventó por la ventana de la camioneta y corrió.
En el estado no se ha implementado el Protocolo Alba, el mecanismo operativo que coordina la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, a pesar de que existe la documentación de diversos casos.
Análisis de las fichas de búsqueda de la zona Centro
Según las fichas de búsqueda de la FGE, del año 2000 al 2019 se reportaron 559 personas desaparecidas en el estado, de las cuales el 31.66 por ciento (177 casos) se registraron en la zona Centro, superado por la Huasteca.
El primer caso en la zona se reportó en julio del 2000, cuando desapareció un hombre de 60 años que se dirigía a Estados Unidos y salió de la capital potosina. La primera mujer registrada también se dirigía a la frontera, pero ella viajó en octubre de 2008 y su última ubicación conocida fue en la capital del estado.
Desde 2016, el primer año de gestión del priísta Juan Manuel Carreras, se ha reportado mes con mes alguna persona que continúa desaparecida.
De las 177 fichas de búsqueda en la Zona Centro, 127 son hombres (el 72 por ciento) y 50 mujeres. Los perfiles son personas jóvenes; el promedio de edad en hombres es de 33 años y en mujeres 24.
Desaparición de niñas, niños y adolescentes
Regresemos un poco en el tiempo a los primeros meses del gobierno de Carreras López, el 27 de diciembre de 2015, la niña Zoé Zuleica Torres Gómez, de cinco años, fue desaparecida. Carolina, su mamá, no ha dejado de buscarla desde entonces.
Aquella noche, la familia Torres Gómez se encontraba en una fiesta en un salón de eventos ubicado en Soledad de Graciano Sánchez. La pequeña Zoé, que se había quedado dormida, fue sustraída de la camioneta familiar durante la madrugada. La madre sospecha de una tía de su esposo que vive en Estados Unidos y que, desde entonces, no ha regresado a México.
“La línea de investigación que decía que Zoé estaba en Estados Unidos, ya no se le dio seguimiento. En realidad, todas las líneas quedaron abiertas, no descartaron nada y, por lo que veo, va a seguir igual en este gobierno porque el caso está congelado… A nosotros nos llegó un papel de Estados Unidos que decía que no podíamos realizar la búsqueda allá porque Zoé no se perdió allá, desapareció en México”, relata la señora Carolina.
Las denuncias por la desaparición de niños, niñas y adolescentes en la zona Centro del estado aumentaron en 2018, con el reporte de 10 casos de niños y niñas con fichas de búsqueda activas. La mayoría de estas fichas especifican que los menores de edad fueron sustraídos o se encuentran en compañía del padre o la familia del padre. Este señalamiento nos indica que la desaparición tiene que ver con violencia vicaria, una violencia de género que se ejerce sobre los niños y niñas para herir a la madre.
Según datos del Frente Nacional de Violencia Vicaria, el 81 por ciento de las madres que viven ese tipo de violencia sufren la separación forzada de sus hijos e hijas; y en el 71 por ciento de los casos, los niños y niñas sufren agresiones por parte del padre o la familia extendida del agresor.
No podemos olvidar que la desaparición de personas quiebra completamente las dinámicas familiares y comunitarias. Por cada persona desaparecida, hay una familia devastada que anhela su regreso y su búsqueda es un acto de amor profundo. Como dice la periodista Daniela Rea: “Un amor dolido, un amor desesperado, un amor consumido. Pero finalmente un amor”.
“Hija Zoé: Si algún día ves esto, no te olvides de tu mamá, que te busca desde el primer momento. Nunca me voy a rendir, siempre te voy a buscar porque eres parte de mí. Eres parte de nuestra familia y el hueco está en mi corazón”, comenta la mamá de Zoé.
