Por Victoriano Martínez
¿Qué tan en serio se toman los servidores públicos las obligaciones que tienen por ley? ¿Qué tanto toman en cuenta a la población que representan o que dicen gobernar? ¿Qué tanto prefieren guiarse por su afán de proyección personal y asumir que todo lo pueden, así tengan que pasar por encima de las instituciones o ignorar a la sociedad que aseguran servir?
¿Cuántas de sus acciones o declaraciones van más allá al grado de romper el principio de legalidad que establece que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite?
Basta con realizar un seguimiento de la información sobre actos y declaraciones de los servidores públicos se da a conocer en los medios de comunicación para encontrar ejemplos de que ni se toman en serio las leyes, les tiene sin cuidado respetar a las instituciones y mucho menos tener en cuenta el sentir de la población.
“Va a haber municipalización, el 24 de septiembre arranca la consulta, ya está bien definida”, anunció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sin que la institución responsable de definir cada uno de los pasos del proceso para llegar al plebiscito sobre Villa de Pozos, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), haya emitido la convocatoria respectiva.
La expresión del mandatario afirma que “va a haber municipalización”, con lo que adelanta –además– una determinación que sólo le corresponde al Congreso del Estado, cuyos integrantes –lejos de sentirse ofendidos y salir en defensa de la institución– quizá lo tomen como algo entre un halago y una instrucción sobre lo que tienen que hacer, por su acreditada vocación de sumisión.
Sobre el menosprecio y poco respeto al Congreso del Estado, que Gallardo Cardona los trate como viles empleados ya no es novedad. En donde está abriendo camino de sumisión es con el CEEPAC, que parecen estrenarse en seguir la línea del gobernador con algunas determinaciones, y la municipalización de Villa de Pozos se les ha convertido en una prueba.
De entrada, aprobaron la realización de un plebiscito sin contar con la certeza de que solicitud de origen haya sido revisada para confirmar su legitimación basada en firmas que cumplieron los requisitos marcados por la fracción I del artículo 47 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Sacrificaron el principio de certeza con el que deben actuar por avanzar en un proceso sobre el que Gallardo Cardona reclama la total paternidad, y hasta estimaron un costo de 55 millones 844 mil pesos para realizarlo. Presupuesto que el mandatario les negó en declaraciones públicas y prácticamente les ordenó realizarlo con 20 millones de pesos.
Ni la presidenta del CEEPAC ni alguno de los consejeros han levantado la voz ante esos desplantes con los que el gobernador menosprecia y falta al respeto a un organismo ciudadano y autónomo, al que incluso se le adelanta para fijar la fecha del plebiscito. El tiempo mostrará si siguieron sus instrucciones o le enmiendan la plana.
“Yo doy mi palabra otra vez, que no van a iniciar las obras hasta que no tengamos un acuerdo”, declaró a la prensa el alcalde Enrique Galindo Ceballos para insistir en que está abierto al diálogo sobre la construcción del puente deprimido junto al templo de El Saucito, pero de lejecitos y con emisarios, porque hoy no tiene necesidad de ir a pedirles su voto.
Y les da su palabra “otra vez” a pesar de que de muchas formas los inconformes con la obra le han hecho saber que desconfían de su palabra porque en varias ocasiones les ha fallado: en campaña prometió que si no estaban de acuerdo no se haría la obra; hace una semana ofreció diálogo y al día siguiente intentó furtivamente y con operativo policíaco iniciarla.
¿Acaso después de darles su palabra “otra vez” ha comenzado alguna cuenta regresiva para que se intente nuevamente comenzar con la obra?
En el caso de los diputados del Congreso del Estado, ese afán de aparentar tomar en cuenta a la sociedad, buscaron disimular su incompetencia para considerar a las comunidades indígenas al falsear la realidad en el informe que presentaron ante la acción de inconstitucionalidad por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le anuló 12 artículos a la Ley Electoral.
Un afán de los servidores públicos de no asumirse como tales y pasar por encima de la ley que pareciera generalizado en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno.
El director del Centro SICT en San Luis Potosí trató de evadir el cumplimiento a la orden de un juez para respetar el derecho de acceso a la información pública con la simulación de una nueva respuesta a una solicitud sin proporcionar la información. La afectada promoverá lo sancionen por desacato.
La lista de ejemplos sobre la forma en que los servidores públicos ni se toman en serio las leyes, les tiene sin cuidado respetar a las instituciones y menosprecian el sentir de la población es el pan de cada día en la información que aparece en los medios de comunicación sobre sus actividades y declaraciones.
