Fernanda Durán
Los servicios públicos de Ciudad Satélite son una de las problemáticas sometidas al “limbo” y largos procesos jurídicos con la nueva Ley de Certeza Patrimonial y Vivienda Social, cuyo período de resolución, así como su retraso, dependerá de qué tan pronto el Ejecutivo cite a la Junta de Gobierno para el Instituto de Regularización y Vivienda Social (Inrevis), afirmó el diputado Mauricio Ramírez Konishi.
El legislador explicó que uno de los temas pendientes en torno al ahora extinto Instituto Estatal de la Vivienda (Invies) durante su discusión en comisiones era la municipalización de los servicios del desarrollo habitacional llamado Ciudad Satélite, puesto que ese organismo era el responsable del mantenimiento, alumbrado y otros servicios.
Sin embargo, hasta ahora no había concluido el cambio para municipalizarlos a fin de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí se encargue de ello.
“Al momento de que eso pasara a formar un nuevo instituto, pues dónde iba a quedar y cuánto más se iba a retrasar porque la gente de esa demarcación constantemente nos ha comentado que tienen problemas de alumbrado, de recolección de basura, de agua y de mantenimiento, es un tema muy delicado”.
El pasado 16 de octubre, la entrada en vigor de la Ley de Certeza Patrimonial también provocó que los usuarios y los trabajadores se encontraron con la noticia de que las oficinas estaban cerradas, sin previo aviso o notificación sobre lo que pasará con los trámites en curso, así como la certeza laboral de los sindicalizados.
Ante esto, Ramírez Konishi indicó que entre las problemáticas señaladas durante su análisis se planteó la posibilidad de que la también extinta Promotora del Estado terminara los procesos, ya que se trataba de una transición larga “en lo que se determina quién va a ser el encargado de ello”, pero se rechazó.
Sin embargo como solución a esas dos consideraciones, las comisiones determinaron establecer en un artículo transitorio que el Instituto continuaría con esos trabajos, pero “de aquí a que se conforme, que se le dé personalidad, presupuesto y que opere, van a quedar en una incertidumbre los ciudadanos”.
En el caso de Ciudad Satélite, aseguró que sigue en el limbo hasta que no se formalice el nuevo instituto, y pese a que el Gobierno del Estado es el encargado de pagar los servicios públicos, hasta ahora no hay quien se haga responsable.
No obstante, le corresponderá al Inrevis continuar y cumplir con los requisitos que el Ayuntamiento define para hacer la municipalización.
“Por el momento no hay quien se encargue de los servicios, por ejemplo de la luz (…). Técnicamente ya está en el área administrativa de Gobierno del Estado para que haga las operaciones necesarias para poder darle vida operativa a este nuevo instituto”.
Por su parte, el diputado José Luis Fernández Martínez destacó que, por años, la Promotora del Estado tuvo una baja actividad “y parecía que los asuntos se estaban generando en círculos, por lo tanto este nuevo instituto tiene toda la obligación y las facultades legales para sacar adelante todos los pendientes”.
Aseguró que la creación del Inrevis pretende generar mayor eficacia sin contratiempos.
Aunque el arranque del Instituto cuenta con un plazo máximo 90 días contados a partir del 14 de octubre, con la instalación formal de su Consejo de Administración tendrá hasta nueve meses para estar en las condiciones plenas para operar, según los plazos definidos en los artículos transitorios de su decreto de creación.
