Por Victoriano Martínez
Si algo ha quedado expuesto desde hace tiempo es que muchos de los servidores públicos no reúnen el perfil que el puesto que ocupan requiere, lo que, en el arranque del sexenio, ante los despidos masivos de burócratas, fue un señalamiento desde diversas dirigencias sindicales: despiden a una persona que ya está capacitada para contratar a dos o más que desconocen sus funciones.
Adicional a ese señalamiento, se mencionó con frecuencia de funcionarios que comenzaron a laborar en dependencias sin nombramientos y muy temerosos de firmar documentos por no tener la certeza de estar habilitados para hacerlo, en el mejor de los casos, o por no estar seguros de que era algo que estaba dentro de sus funciones.
Nada que no sea parte del noviciado en cualquier cambio de administración, con algunas agravantes que dificultan ese aprendizaje por hacer a un lado las experiencias rescatables sólo porque se les habría endilgado el tufo de ser parte de una herencia maldita, sea como parte con mando directivo o parte de una burocracia descalificada directamente por el nuevo gobernador.
Despiden a un trabajador capacitado para meter a dos o hasta tres que no conocen mínimamente la función que van a cumplir, fue la queja de las dirigentes del SUTSGE, Bernardina Lara Argüelles, y del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara.
En el caso de titulares de algunas dependencias, se señaló la falta de nombramientos oportunos y el desconocimiento de sus funciones, al grado de pasar un periodo prolongado en el que no se atrevían a firmar oficios por no tener la certeza de estar habilitados con un nombramiento para hacerlo o, peor aún, por desconocer las facultades que asumieron.
Un noviciado ante el que, o se aprende o queda exhibida la falta de capacidades de los nombrados para llenar el perfil con las características más pertinentes para ocupar el cargo.
Una circunstancia que deja ver lo relevante que resulta la forma en que se accede a los cargos, desde quienes son designados directamente por un superior jerárquico –por amiguismos, recomendaciones o genuina valoración de capacidades– o quienes se someten a un proceso de selección con intervención de organismos colegiados que terminan viciados.
De este último tipo de nombramientos, la semana pasada se cuestionó el nombramiento que hizo el Congreso del Estado Giovanna Itzel Argüelles Moreno como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por parte de un grupo de víctimas, quienes lejos de ver garantizados sus derechos, se sienten agredidas por la funcionaria.
Para quien encabeza la CEDH resulta fundamental ser sensible a las demandas de las víctimas, a quienes no necesariamente les tiene que dar la razón, pero sí adoptar actitudes empáticas que contribuyan a canalizar de la mejor manera sus demandas, antes que confrontarlas, so pena de exhibir que no se reúne el perfil para ocupar el cargo. De ahí la exigencia de su destitución.
Un caso similar se dio con la protesta en la que otro grupo de víctimas pidió la destitución de Erika Betzabé Martínez Ledezma como directora jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), porque consideran que con sus actitudes las revictimiza.
Dos casos en los que queda en entredicho el perfil de las servidoras públicas para ocupar el cargo en el que se desempeñan, pero que no necesariamente son los únicos en los que puede observarse esa circunstancia, ni los últimos en los que pudiera darse.
Se encuentra en puerta el nombramiento, por parte del Consejo de la Judicatura (CJ), de quienes ocuparán el cargo de reserva de juez de Control y en pleno proceso en su etapa deliberativa, se reporta un encuentro entre uno de los aspirantes, Marco Polo Méndez Alonso, y uno de los integrantes del CJ, Huitzilíhuitl Ortega Pérez, lo que prohíbe y sanciona la convocatoria.
Una situación en la que ambos personajes se exhiben como quienes no cumplen con el perfil del cargo que ocupa uno y el que pretende el otro, dado que son incapaces de cumplir con las reglas, máxime que en el desempeño de estos tiene uno y tendría el otro la responsabilidad de verificar y hacer cumplir la aplicación de reglas y normas.
Una perversión de las vías de acceso a los cargos que viene desde administraciones anteriores, pero que en la actual se ha replicado incluso de manera prácticamente masiva con los despidos injustificados y nuevas contrataciones denunciados por los sindicatos de burócratas.
El despido de 20 trabajadores del Instituto Temazcalli la semana pasada y la justificación que dio el gobernador Ricardo Gallardo Cardona confirman nombramientos sin que se cubran los perfiles para los cargos, pero también un vicio adicional: se les contrata sin que sean necesarios, cual si fuera para cubrir compromisos de índole diferente.
“El 90 por ciento eran de nuevo ingreso, del Gobierno de nosotros (…) ahorita todavía no tenían una función específica”, dijo. ¿Entonces para qué fueron contratados? Y agregó: “Hay que ver si se pueden remplazar por alguien que sí esté calificado” (¡!) ¿Algo así como que no estaban calificados para desquitar el sueldo sin tener una función específica?
Leyes, reglamentos y hasta manuales de operación definen los perfiles que deben cubrir los empleados gubernamentales, pero cada vez queda más expuesto que quienes ocupan los cargos no están calificados para desempeñarlos lo que, según define Transparencia Internacional, también constituye un acto de corrupción.
Sería iluso pensar que milagrosamente les llegue un impulso autocrítico, hagan un examen de conciencia y en un acto de congruencia y compromiso político y social, decidan renunciar para dejar el lugar a quien sí esté capacitado. Una convicción mayor se los impide: “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.
