Por Victoriano Martínez
La farsa gubernamental de la lucha contra la corrupción registró este martes un acto que mostró la prioridad real del gobierno de Juan Manual Carreras López: el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) aprobó un ejercicio del presupuesto que privilegia sueldos, oficinas, vehículos… y ni un solo peso para promover la razón de ser del Sistema.
Jesús Rafael Rodríguez López, secretario técnico del SESEA, fue el encargado de operar la completa colonización del maltrecho Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), por encima de las protestas –sobre todo por su alto salario– que el pasado sábado le hicieron los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Si Rodríguez López quiso hacer creer, con la reunión del sábado, que se toma en cuenta al CPC, a quienes dejó votar si postergaban la aprobación del presupuesto para analizarlo con más detalle para luego decirles que su opinión ya no contaba, la tarde de este martes quedó muy claro cuál es la opinión que vale para marcar el rumbo del sistema anticorrupción.
A favor del presupuesto votaron los representantes de la parte gubernamental, es decir, los vigilados en su papel de auto vigilantes, salvo dos ausentes: el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa quien no asistió, y el Fiscal Anticorrupción porque aún no hay.
Quedó claro el origen de la definición del presupuesto consentidor para el nuevo grupo de burócratas, quienes no tendrán ninguna duda sobre a quién le deben los privilegios y, por tanto, a quién le deben responder. Por cierto, a los aspirantes ya contemplados se les vio reunidos afuera del salón donde sesionó el órgano de gobierno del SESEA.
Sólo José Ismael Leyva Nava, presidente del órgano de gobierno como representante del Comité de Participación Ciudadana, votó en contra del presupuesto. La representación ciudadana y, en consecuencia, los intereses de la ciudadanía son los que no cuentan.
Con la aprobación del presupuesto, a Rodríguez López se le garantizó un sueldo de 557 mil 281.84 pesos para los próximos cuatro meses, contar con una oficina de lujo (presuntamente en el Edificio Puga), vehículo y una plantilla de 16 empleados.
Así es como, después de tres años cinco meses y dos días, los gastos burocráticos aumentarán para supuestamente trabajar contra la impunidad y atender la demanda ciudadana de combate a la corrupción, pero en los hechos sin considerar un solo peso para promover sus acciones esenciales.
La simulación de Carreras López con su falsa bandera contra la corrupción y la impunidad ya tiene estructura burocrática que opere la tranquilidad con la que busca transitar su séptimo año, tan alineada a sus intereses como los organismos que respaldaron el presupuesto de seis millones de pesos asignado para aparentar que el SEA funciona.
Ahí estuvo para votar a favor Rocío Cervantes, titular de la Auditoría Superior del Estado, quien ha declarado inmaculadas las cuentas de Carreras López y no logra simular bien la fiscalización, al grado de que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado le rechaza su intención de dejar de revisar el 31.5 por ciento del recurso de 2019 que originalmente se iba a auditar.
Oscar Alarcón Guerrero, contralor general del Estado, quien llegó a hacer mancuerna con su antecesor Gabriel Rosillo Izquierdo, quien pasó a la Secretaría Técnica, para poner orden en la administración carrerista, cubrir huecos y cerrar la pinza para evitarle cualquier sobresalto al gobernador para cuando deje el cargo, también dio su voto al presupuesto consentidor.
El tercer voto lo dio David Enrique Menchaca Zúñiga, presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, quien –a tres meses de nombrado– no da señales de privilegiar la atención a la ciudadanía para que pueda hacer válido el derecho de acceso a la información pública, y sí en cambio la suspensión de plazos que favorecen la opacidad gubernamental.
Menchaca Zúñiga ni siquiera ha sido capaz de promover la nueva ubicación de las oficinas de la CEGAIP, cual si quisiera evitar que la población acudiera a ellos y su atención fuera exclusiva para los entes obligados.
Si algo tienen en común los titulares de las instituciones integrantes del órgano de gobierno del SESEA, es la forma en que dan la espalda a la ciudadanía para favorecer los intereses del grupo en el gobierno.
La forma en que se aprobó el presupuesto para el órgano operativo del Sistema Estatal Anticorrupción, tanto al ser votado como distribuido, no deja dudas sobre el perfil que se le marca: al universo burocrático al que te adhieres, haz lo que vieres.
Juan Manuel Carreras López, así haya sido de manera muy burda, ya tiene bajo su control un organismo más de la simulación de la lucha contra la corrupción en su sexenio. Poco importa si no son pocos los que ya no se la creen, él podrá seguir tranquilo.
