Por Victoriano Martínez
Llegó el día: los integrantes del Cabildo de San Luis Potosí exhibirán en su sesión de hoy a qué le tienen más miedo, a arriesgarse a ser sancionados por violar las leyes, o a correr el riesgo que implique hacer quedar mal la tan expuesta sumisión de su alcalde Enrique Galindo Ceballos a los intereses de la politiquería con gallardía.
Si los integrantes del Cabildo buscaran apegarse a la legalidad, la disyuntiva planteada por los acontecimientos recientes es bastante simple:
Uno. Si se pretende pagar 12 millones de pesos del erario municipal por unos terrenos, lo más lógico es que se realice una mínima verificación de que la contraparte, en este caso los ejidatarios de Rancho Viejo-La Libertad, pueden acreditar la propiedad de la superficie que pretenden vender al Ayuntamiento.
Dos. Si por lo que hasta ahora se conoce –a pesar del opaco convenio firmado por Galindo Ceballos que abre la sospecha a que se paga por otra cosa y no por los terrenos– la determinación sobre quién es el propietario se encuentra en litigio en el Juzgado Octavo de Distrito, lo más lógico sería que, antes de comprometer el presupuesto municipal, se esperaran a la sentencia del juez.
Entre la acreditación de la propiedad y la determinación que al respecto llegue a dictar la Juez no está de por medio la opinión de las partes y la posibilidad de que se puedan poner de acuerdo, sino la valoración –a cargo de los jueces– de los antecedentes de propiedad y la documentación que lo avale.
Del lado de los ejidatarios para recibir recursos públicos de manera legítima si queda acreditada la propiedad, o evitar incurrir en un fraude por vender algo que no les pertenece.
Del lado del Ayuntamiento para que los recursos públicos que pretenden autorizar como pago se destinen a una compra legítima, o eviten desviar recursos públicos para pagar por algo indebidamente y no caigan en actos que pudieran considerarse delito.
La prisa de Galindo Ceballos, con la firma a escondidas y con ilegítimas cláusulas de confidencialidad de un contrato de promesa de compra a los ejidatarios, por el sólo hecho de haber procedido de esa manera deja ver que el objetivo que busca está lejos de ser el interés público por el que debe velar como alcalde y prevalece un juego de presiones en la oscuridad cuya obviedad es evidente.
El 18 de diciembre de 2021, los 27 diputados del Congreso del Estado también se anticiparon al Juzgado Octavo de Distrito con una interpretación a modo del oficio del Registro Agrario Nacional número RAN/SLP/ST/747/2020 para considerar los terrenos sobre los que se construyó el puente en el Boulevard Antonio Rocha Cordero como propiedad ejidal.
La urgencia de la Legislatura sumisa a la gallardía fue entonces acelerar un juicio político en contra del ex alcalde Xavier Nava Palacios y parte de su Cabildo y aplicarles una sanción de inhabilitación para ocupar cargos públicos, con evidente revanchismo por parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, líder del gallardismo.
Una interpretación que el Congreso del Estado debió dejar al Juzgado y, de la misma manera que hoy el Cabildo debe esperar la resolución, lo tuvieron que hacer los diputados porque lo que señala el oficio es que el predio “se encuentra dentro del perímetro ejidal con que fue dotado el referido Ejido Rancho Viejo-La Libertad mediante resolución presidencial de fecha 31 de mayo de 1928”.
En un párrafo anterior, ese mismo oficio advierte sobre los límites actuales del Ejido “derivados de la certificación del Ejido a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) mediante acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de las tierras ejidales de fecha 06 de noviembre de 2001”.
En el Juzgado Tercero de Distrito, aquella advertencia del oficio mal interpretado por los diputados hoy ha generado un oficio aclaratorio por parte del Registro Agrario Nacional que aportan al juicio de amparo contra las inhabilitaciones y del que se deprenden tres polígonos que constituyen el territorio ejidal, ninguno de los cuales abarca la superficie ocupada por la obra.
Un lío que deja ver las presiones que entran en juego entre todos los actores involucrados conforme a su interés politiquero, que poco tiene que ver con preservar el interés público.
Los juzgados federales tienen sus propios tiempos, pero es indudable que han sido y seguramente no dejarán de ser objeto de presiones para que su resolución tarde menos y se dé en un cierto sentido, conforme a quien la ejerce.
Ante la tardanza, quizá sin necesidad de presión y sólo con recibir la instrucción, los 27 diputados del Congreso del Estado menospreciaron la labor del Juzgado Octavo de Distrito y se anticiparon a su resolución para poder sancionar al Cabildo 2018-2021. No pudieron cuidar las formas que, por ejemplo, el diputado Juan Francisco Aguilar hoy les pide a los regidores.
Presionado o no, Galindo Ceballos exhibe una urgencia que no se explica más que por la intención de quedar bien con la Gallardía. Se consigue como aliado a un José Mario de la Garza que lo provee de argucias legales y legaloides para justificar acciones cargadas de politiquería y hasta de posibles negocios de otra naturaleza.
Una asesoría que le cuesta al Ayuntamiento una iguala mensual de 250 mil pesos más IVA, que Galindo Ceballos omite publicar en la Plataforma Estatal de Transparencia pero que consta en las facturas cobradas por el Buffete De la Garza S.C., a pesar de contar con el área de Sindicatura y una dirección de asuntos jurídicos a cargo de José Juan Rivera Morales para atender esos temas.
Una asesoría que está por costarle 12 millones de pesos adicionales al Ayuntamiento de concretarse la autorización para el pago por unos terrenos que aún no se sabe si los vendedores pueden acreditar ser los dueños o ya son del dominio público, como los documentos que hasta ahora se han podido conocer dan indicios de que es así.
La sesión que hoy tiene el Cabildo seguramente también está precedida de presiones sobre los regidores para inclinar su decisión a respaldar la sumisión y el favor que Galindo Ceballos quiere prestar, antes que por las presuntas presiones por parte de los ejidatarios que alega.
Un clima de presión en el que, si se apegan al interés público, al respeto a la legalidad y hasta al sentido común se arriesgan a las reacciones de quien los presiona, pero si atienden el llamado que favorece intereses ajenos a su función pública, incurrirán en una determinación que en su momento podría constituir un desvío de recursos y hasta la comisión de algunos delitos.
Pero el día llegó, y los regidores enfrentan una de las mayores pruebas para demostrar que efectivamente actuarán como representantes populares… o son integrantes de una gavilla que asume la administración pública como botín político y hasta económico.
