Por Victoriano Martínez
La de este miércoles será una sesión del Congreso del Estado en la que los diputados consumen en grado máximo su sumisión al gobernador Juan Manuel Carreras López por encima de la Constitución Política del Estado y varias leyes… a menos de que les quede una brizna de dignidad.
De los cuatro dictámenes que habrán de ser resueltos por el Pleno, dos tienen que ver con nombramientos de funcionarios para los que Carreras López y sus operadores han dejado más que claro por quién quieren que voten los diputados: para la Fiscalía Anticorrupción por Felipe Aurelio Torres Zúñiga y para la consejería de la Judicatura por Javier Delgado Sam.
En ambos casos existen elementos que ponen en duda gravemente la independencia del Poder Legislativo.
De acuerdo con el plazo constitucional, el Fiscal Anticorrupción debió ser nombrado el 12 de agosto, cuando se cumplieron los 30 días naturales tras la presentación de la terna. Aun si se considerara el plazo en días hábiles, el plazo vencería este martes por lo que el nombramiento del día de mañana resulta extemporáneo.
Una minucia si se trata de cumplirle a Carreras López. Sobre todo, porque de acuerdo con la Constitución, después de las doce de la noche de hoy, el gobernador es libre de nombrar a quien desee de entre los propuestos. Los diputados, en el acto de mañana, simplemente simularán para que el Ejecutivo no asuma completa la imposición.
Para el caso del consejero de la Judicatura, la sumisión del Legislativo que se concretaría mañana presenta un elemento casi de afrenta: Carreras López les pide a los diputados que avalen el nombramiento de quien ya rechazaron el 30 de julio, así haya sido porque no alcanzó la mayoría calificada que exige el texto constitucional.
La vergüenza de un sí, Señor Gobernador, con gusto lo volvemos a votar si con eso lo complacemos ya pasó por las comisiones de Gobernación y de Justicia, con algunas expresiones que advierten no sólo de la humillante sumisión, sino también de las ilegalidades en las que se incurre.
El diputado Edgardo Hernández Contreras presentó un voto particular en el que describe las faltas a la legalidad en las que se incurre.
“No existe en la Constitución del Estado libre y soberano de San Luis Potosí, precepto que establezca el mecanismo o procedimiento para que el Ejecutivo proponga por segunda o ulteriores ocasiones al Consejero de la Judicatura en comento, por tanto, no es permisible, dada la ilegalidad de dicho actuar, por parte del Ejecutivo del Estado y al ser este H. Congreso del Estado un órgano de control, me permito manifestar mi voto particular como se expone”, señala de entrada.
Un señalamiento que descansa en el principio del derecho que establece que las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente los faculta la ley. En el dictamen de las comisiones tal principio se rebate con la simple afirmación de que la insistencia del Ejecutivo “no transgrede ningún precepto legal”, un despropósito que abre el ejercicio de la autoridad a la arbitrariedad total.
Además de señalar que en ese sentido la insistencia de Carreras López carece de fundamentación y motivación, Hernández Contreras señala que Delgado Sam, al cubrir la ausencia por muerte de Juan Carlos Barrón, ocupa un cargo sobre el que ya recayó una reelección y reelegirlo violaría el artículo 90 párrafo décimo segundo de la Constitución.
En torno a esa misma idea, advierte que si el nombramiento para Delgado Sam se considera que se da por primera vez, está impedido porque uno de los requisitos para ser elegible es que no ocupe un cargo de secretario de despacho o su equivalente, que es la categoría que tiene como consejero de la Judicatura.
La primera conclusión de Hernández Contreras es que, sea para ser reelecto o para ser nombrado por primera ocasión, Delgado Sam no es elegible como consejero de la Judicatura.
Hernández Contreras señala cuatro inconsistencias más en el dictamen:
- No se circuló entre los integrantes de la comisión los documentos con los que el gobernador propuso por segunda ocasión a Delgado Sam.
- No se incorporaron al dictamen los ejemplares del Periódico Oficial del Estado con los decretos (el 1198 y 1181) que respaldan los argumentos del dictamen, sobre todo porque no es posible localizarlos en el sitio Web del Periódico Oficial, “con lo cual se presume que el titular del ejecutivo del estado, hace y deshace a su antojo las publicaciones en dicho medio de publicidad oficial, y aún más en desaparecerlas si estas no le resultan favorables”.
- No se analiza ni se cumple con el procedimiento que, como nombramiento análogo al de magistrado, debió darse desde seis meses antes, de acuerdo con el artículo 8º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- El dictamen se contradice al hablar en los considerandos de una reelección, en tanto que en el punto resolutivo determina una designación.
Aunque para el último de esos cuatro puntos Hernández Contreras menciona el considerando sexto del dictamen, en el documento presentado en la Gaceta Parlamentaria lo que señala aparece en el considerando séptimo, es decir, en sentido estricto un dictamen distinto al votado en comisiones.
Dos dictámenes de los cuatro de la sesión de este miércoles para que el Poder Legislativo le rinda pleitesía al Poder Ejecutivo, encabezado por un Carreras López empeñado en armar una red de protección con cargos clave, con tal de pasar el séptimo año de su sexenio sin sobresaltos.
