Por Victoriano Martínez
Entre la amplia gama de delitos que hoy padece la población, el de la desaparición de personas es el más devastador para las familias de las víctimas cuyos efectos se prolongan indefinidamente y, por lo mismo, es el que exhibe la mayor indolencia por parte de unas autoridades que poco hacen para contribuir a resolver los casos que tienen obligación de prevenir y evitar.
Los familiares que buscan a sus desaparecidos no sólo enfrentan el alto riesgo de ser víctimas de quienes ya les provocaron un daño al desaparecer a su familiar, sino que se ven obligados a exigir a las autoridades mayor participación, tanto para su protección como para realizar las acciones de búsqueda.
Es indignante ver cómo la autoridad se moviliza y resuelve con prisa y por encima de la Ley obras tan caprichosas como la Arena Potosí o el reparto de miles de boletos para el concierto de Luis Miguel, en tanto que en temas tan sensibles como contar con un Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda se actúa de manera negligente.
Una correlación entre la determinación del gobernante y los efectos que espera de sus acciones que se define por rentabilidades que tienen más que ver con lograr simpatías que en su momento se reflejen en las urnas. No ocupan el cargo para servir, sino para servirse de él… así afecten a todas las víctimas que lo son por su incapacidad para garantizar la seguridad pública.
Sus omisiones generan víctimas y, en el colmo del cinismo, prolongan su actitud omisa en la atención a quienes no sólo buscan justicia, sino dolorosamente a un familiar desaparecido. Inhumanas omisiones que revictimizan.
Si tolerar una injusticia es provocar otra, en el caso de las desapariciones de personas no resolverlas es abrir la puerta a que cada vez se presenten más, ante una impunidad prácticamente garantizada. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), los últimos 20 años dan cuenta de ello.
Durante todo el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga se registraron 16 desaparecidos; durante el de Fernando Toranzo Fernández el número de casos fueron 205 (un aumento del mil 181.25 por ciento). Para el sexenio de Juan Manuel Carreras López, los casos aumentaron a mil 175 (un 473.32 por ciento de incremento).
En lo que va del sexenio de Ricardo Gallardo Cardona, del 26 de septiembre de 2021 al 31 de mayo de este año, se han registrado mil 88 desapariciones. No ha llegado al primer tercio del sexenio, y el ritmo de desapariciones es verdaderamente alarmante.
Con De los Santos Fraga, las desapariciones se registraron en promedio una cada 136 días con 22 horas y media. Durante el sexenio de Toranzo Fernández, la frecuencia promedio de las desapariciones se redujo a una cada 10 días con 16 horas, en tanto que con Carreras López bajo a una desaparición cada 29 horas.
En los primeros 20 meses de la administración de Gallardo Cardona, en promedio cada 13 horas y media desaparece una persona. De hecho, el sexenio arrancó con una crisis de desapariciones, pues en los primeros cinco días (del 26 al 30 de septiembre de 2021) se registró una desaparición cada diez horas.
Un arranque expansivo cuyo efecto se mantiene a lo largo del tiempo. Al grado de que en 20 meses la tendencia no ha dejado de ser creciente.
Una situación con pocos indicios de que pudiera ser revertida si se toma en cuenta que a un año de la instalación del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas aún no se cuenta con un Plan Estatal en Materia de Desapariciones y se han registrado acciones por parte de la autoridad que provocan dilación en la coordinación de búsqueda de personas desaparecidas.
“Hacemos un llamado respetando a todas las instancias de Gobierno en San Luis Potosí para que entiendan que el derecho humano a la búsqueda de personas no es una dádiva del Estado, sino una obligación ineludible”, así cerró el pronunciamiento de los integrantes del Consejo en su primer aniversario.
Un llamado que simplemente no tendría por qué darse si las autoridades cumplieran con sus obligaciones, pero que tiene que pronunciarse porque los derechos se le tienen que exigir a una autoridad más preocupada por las dádivas clientelares y el espectáculo que por cumplir sus obligaciones. De ese tamaño es la irresponsabilidad.
