Por Victoriano Martínez
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ya tiene conceptos para describir y calificar las maniobras que en sus primeros 34 días ya ha puesto en práctica el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona para ocultar la información pública sobre la que le incomoda que la población se entere: obstrucción y atraso.
Si fue el costo de la remodelación de la torre corporativa del Centro de Convenciones para trasladar los lujos de la Casa de Gobierno a ese edificio de seis pisos para despachar desde las alturas, las dependencias involucradas se lanzaron entre ellas la solicitud de información y terminaron por negar la existencia de las obras, a pesar de ser muy evidentes.
Si se trata del costo de los vehículos blindados “Rhino”, para las fuerzas especiales de seguridad, sólo se sabe lo que en el discurso señalan, pero sobre las facturas ni la Secretaría de Seguridad Pública tiene noticias, ni siquiera a quién fueron asignadas y al mando de quién van a estar… pero de la SSP no.
Si de conocer el costo del faraónico acto del 26 de septiembre en la Plaza de los Fundadores para la toma de protesta de Gallardo Cardona como gobernador, lo más que se puede saber es la inverosímil aportación del Congreso del Estado por 31 mil 150 pesos, en tanto que las dependencias involucradas del Ejecutivo optaron por declararse incompetentes.
En todos los casos se trata de respuestas evasivas ante las que tendrían que proceder los correspondientes recursos de revisión ante la CEGAIP, que –en aras de la oportunidad de la información– no tendría necesidad de entretener los casos para que los solicitantes de información recibieran de manera expedita los datos requeridos.
No obstante, la propia CEGAIP reconoce que el hecho de obligar a recurrir a esa instancia para hacer valer el derecho de acceso a la información pública representa una obstrucción y atraso en el ejercicio de ese derecho, y lo ha hecho notar en los exhortos CEGAIP-561/2021-I.S.E., CEGAIP-726/2021.S.E. y CEGAIP-1001/2021.S.E.
Aunque los dos primeros los dirige a los Servicios de Salud y el tercero al INTERAPAS, en ellos se refiere a conductas reiteradas y repetitivas para evitar entregar la información que se le solicita dentro de los plazos establecidos en la ley, y hacerlo hasta que haya una resolución de ese organismo garante.
Una estrategia que si sólo provocara el atraso de los 30 días que la CEGAIP tiene para resolver los recursos sería grave, lo es más porque la propia Comisión provoca, al resolver la inmensa mayoría de los casos, prácticamente nueve de cada diez, mucho después de vencidos su plazo legal para resolver. Hay casos que la CEGAIP tarda años en resolver.
Los pretextos para negar la información sobre los tres casos presentados líneas arriba son una muestra del amplio catálogo que los entes obligados utilizan para evadir la transparencia no solo en la atención a solicitudes de información, sino también para no publicar la información que deben difundir de oficio.
Negar información que incluso debe ser difundida de oficio representa una falta sobre la que la CEGAIP debería tener una verificación constante para garantizar el derecho a toda la población. Resulta lamentable que, ante el grado de opacidad gubernamental, la CEGAIP se limite a tres exhortos provocados por solicitantes de información persistentes.
En las últimas dos semanas, Astrolabio Diario Digital ha presentado cinco casos de maniobras evasivas de la transparencia. Tres por parte del gobierno de Gallardo Cardona y dos por parte del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. Una ya legendaria actitud de opacidad de la gallardía que lleva 12 años.
Una legendaria opacidad premiada por la CEGAIP con evaluaciones barco que sólo incentivan un mayor ocultamiento de información pública con su aval ante la que no queda más que exhortar a la CEGAIP a dejar de ser omisa en su defensa del derecho de acceso a la información pública en territorio potosino.
En 34 días, las nuevas autoridades ya acumularon casos de conductas reiteradas y repetitivas para evitar entregar la información pública que se les requiere –y que además deberían difundir de oficio– lo que, como primera impresión, se la CEGAIP no asume sus responsabilidades, se convertirá en cómplice de la inauguración y mantenimiento del sexenio de la opacidad.
