Angélica Campillo
En su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, reveló que se está investigando a 10 delegados de los programas integrales para el Bienestar, entre los que se encuentra Gabino Morales Mendoza, de San Luis Potosí.
Ante los cuestionamientos de los diputados, principalmente de oposición, quienes manifestaron que en las entidades se están presuntamente manejando los programas sociales con fines político electorales, la funcionaria dio a conocer que la dependencia a su cargo cuenta con 12 denuncias en contra de 10 superdelegados del Gobierno Federal en los estados, por presuntamente haber utilizado recursos públicos para fines distintos al beneficio de los ciudadanos, y en este sentido aseveró que todo aquel que sea encontrado culpable, será sancionado conforme a la ley.
Sandoval Ballesteros mencionó que los superdelegados que están siendo investigados por la SFP, son: Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, de Aguascalientes; Juan Carlos Loera de la Rosa, de Chihuahua; José Antonio Aguilar, de Chiapas; Indira Vizcaíno Silva, de Colima; Mauricio Hernández Núñez, de Guanajuato; Carlos Lomelí, de Jalisco; Rodrigo Abdalá, de Puebla; Gabino Morales Mendoza, de San Luis Potosí; Jaime Montes Salas de Sinaloa, y Jorge Taddei Bringas, de Sonora.
Apuntó que estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión, por parte de los Órganos Internos de Control (OIC) y las más importantes han sido asumidas por ella.
Asimismo, reiteró que, una vez terminadas las investigaciones, todo aquél que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para la asignación de una responsabilidad administrativa o incluso para una vista para una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado.
No obstante, dijo tener claro que tienen que hacer todo con mucha responsabilidad y apego a la norma, y uno de los principios fundamentales para realizar sus tareas es el principio de presunción de inocencia y de exhaustividad, llevando a cabo las investigaciones como corresponden, cumpliendo las diligencias en tiempo y forma, y yendo a fondo para que estas sean concretas, por lo que no pueden acusar a priori ni perseguir a nadie.
Al respecto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantizó que si se demuestran los delitos por los que son acusados estos superdelegados, serán castigados, y podrían ser separados de su cargo, sólo si la titular de la Secretaría de la Función Pública lo solicita.
De igual forma, rechazó que se quiera comparar a su gobierno con las administraciones anteriores y con sus adversarios, y eso es “lo único que calienta”, pues aseguró que él no protege ni encubre a nadie.
