Por Marcela Del Muro
El pasado 25 de abril, María Acuña Acuña cumplió diez años en prisión, purgando la pena por un crimen que no cometió; durante el proceso se le ha deslindado en varias ocasiones del delito. Sin embargo, la mujer de 56 años, que se encuentra recluida en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, no cuenta con sentencia. Ella está privada de la libertad bajo la figura de prisión preventiva oficiosa –encarcelamiento automático– aunque esta no puede ser superior a los dos años, según el artículo 19 constitucional.
María fue detenida de forma arbitraría y torturada por los policías para obtener una confesión a modo; esta declaración forzada fue desmentida posteriormente por ella y su compañero, quien también se encuentra privado de la libertad y quien declaró ante el juez que María no tuvo nada qué ver en el homicidio de tres personas en el municipio de Tamuín. La mujer, originaria de un ejido de la Huasteca tamaulipeca, también fue torturada por las custodias cuando ingresó al Penal de Ciudad Valles, en abril de 2014.
En el 2015, María fue sentenciada a 30 años de prisión por el delito de homicidio. Su defensa apeló, logrando que un juez anulara la sentencia y solicitara la reposición del procedimiento, argumentando que había muchas contradicciones e irregularidades en la investigación en contra de ella. En 2017 se realizaron unos careos para que un juez pudiera dictar una sentencia nuevamente, sin embargo, la tortura sigue sin ser investigada y María sigue sin una resolución.
“Hay una percepción de las personas que la rodean de que es un caso injusto”, comenta la doctora Marcela Fernández Camacho, abogada de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quienes asumieron la representación jurídica en marzo de 2024. A finales de abril, se presentó un amparo, donde se sostiene que la prisión preventiva oficiosa a la que ha sido sometida María constituye una pena inusitada, es decir, una pena anticipada, cruel y excesiva; de esta forma, se solicitó una suspensión para que ella sea liberada y pueda llevar su proceso en casa, como debió de haber sido desde el principio, respetando su presunción de inocencia.
El caso de María Acuña es un ejemplo de lo que argumenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en su sentencia contra México por el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, que obliga, desde el año pasado, a retirar la figura de prisión preventiva oficiosa de su Constitución, por ir en contra de la Convención Americana.
“La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de México por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial”, señala la sentencia.
En el país existen, aproximadamente, 68 mil personas en prisión preventiva oficiosa, según datos del gobierno federal. De las 233 mil 600 personas privadas de la libertad en México, el 30 por ciento están encarceladas sin sentencia, sin demostrar que son culpables de haber cometido algún delito.
Tras el fallo del tribunal internacional, que es vinculante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación incorporó la resolución, obligando a los juzgados a revisar de oficio la prisión preventiva oficiosa y se comenzó a trabajar en varios proyectos para modificar los lineamientos de esta figura jurídica. Hasta ahora existen tres proyectos en proceso en la Corte: el del ministro Jorge Pardo, que elimina la prisión preventiva oficiosa como lo dicta la CoIDH; el de la ministra Margarita Ríos Farjat, donde las autoridades dialogarán para inaplicar dicha figura; y el del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, donde se podrá eliminar la figura por medio de un amparo.
Es importante explicar que México cuenta con dos prisiones preventivas: la oficiosa, que es inmediata y viola los derechos humanos de los señalados, y la justificada, esta última requiere que un juez la aplique poniendo en consideración si existe riesgo de fuga del acusado o de que pueda dañar a la víctima, esta figura también implica que el proceso se lleve privado de la libertad.
Al avance del proyecto del ministro Pardo, el Ejecutivo federal ha decidido defender, a capa y espada, la prisión preventiva oficiosa. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, expuso en la conferencia mañanera que al eliminar esta figura esas 68 mil personas sin condena serían liberadas automáticamente. Los gobernadores del país dirigieron una carta a la SCJN, pidiendo que no se modifique. “Se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país”.
No obstante, expertos a nivel nacional han señalado que el argumento del gobierno de México no es preciso. Con la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, los abogados defensores podrán solicitar a los juzgados una revisión de las medidas cautelares y, es posible, que el juez dictamine que el acusado siga en prisión. Por lo tanto, la liberación no es inmediata. En el caso de María, por ejemplo, la sentencia internacional permitió a sus defensoras meter el amparo para que se revisaran sus medidas cautelares, pidiendo la liberación.
Hablemos de María y su injusto caso
“María tiene una sensación de injusticia desde el inicio de su caso. Ella se lo dijo al médico que la revisó cuando ingresó al Centro Penitenciario. Él, que es médico y no tendría que poner nada más que sus observaciones como médico, puso al final de su certificado que María le dijo que era inocente y que Dios lo sabía, pero que la habían comprometido por su compañero”, señala la abogada Marcela Fernández Camacho.
María lleva más de cuatro décadas con su pareja, desde que era una adolescente de 14 años y se dedicaba al campo; tuvieron tres hijos, con los que no tienen contacto desde que fueron apresados. En algún momento de la vida familiar, María tuvo que salir de su ejido de origen, en Tamaulipas, siguiendo al papá de sus hijos que huyó tras cometer un delito. La familia se asentó en el basurero municipal de Tamuín y comenzaron a trabajar como pepenadores. Es ahí, donde sucedieron los homicidios de una mujer y dos menores de edad en el 2014. Conforme ha ido estudiando la carpeta, para el equipo de la clínica de litigio estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, es claro que en María hay una subordinación de género con su compañero.
El trabajo de la Clínica de Litigio Estratégico es defender la inocencia de María y exigir que tenga un juicio justo, donde se respeten sus derechos humanos, sin interferir en la sentencia de la pareja. Lamentablemente, comenta Fernández Camacho, abundan los casos injustos de mujeres presas en los penales del estado.
“Gran parte de los casos tienen que ver con que no se respetó el debido proceso, en que no hay una investigación exhaustiva y diligente. En el país hay un sistema de justicia colapsado, que no alcanza, que está ligado a múltiples violencias estructurales”.
El caso de María tiene muchas similitudes con el caso de Sanjuana Maldonado, mujer inocente que lleva quince años presa. Hace más de 100 días, su familia, la organización Perteneces y otras colectivas y organizaciones apoyaron y entregaron la solicitud de indulto al Congreso, quien aún no ha hecho justicia para Sanjuana. En ambos casos, una mala defensa de oficio, una Procuraduría de Justicia que hizo una investigación deficiente y un Poder Judicial sin perspectiva de género y derechos humanos provocaron que ambas mujeres estén privadas de la libertad injustamente.
“Deberíamos de tener buenos abogados, que tuvieran amor por su profesión. Un buen abogado va a demostrar tu inocencia, cuando lo eres, pero también va a pedir un juicio justo cuando seas responsable de algún delito. Pero, eso no se cumple para nosotras, de lo que me he dado cuenta aquí, es que cuando tienes dinero, sales, pero los inocentes que no tienen dinero, aquí se quedan”, comentó Sanjuana en entrevista para Astrolabio.
La nueva defensa buscará que se realicen, de forma solidaria, dos peritajes, uno antropológico y el protocolo de Estambul para poder fundamentar la tortura, que aportaran pruebas fundamentales para que María pueda tener justicia y quede libre. “María está perpleja, emocionada de poder salir”, relata Marcela Fernández.
“No es justo que me avienten al rincón y no se acuerden de una. ¿Por qué es la ley tan injusta? No tienen sentimientos; somos humanos y sentimos. Lo que pasa es que no les gusta trabajar (a las autoridades), por eso no hacen lo que en verdad se necesita, que ayuden a uno, porque nos tienen como amarrada de pies y manos”, señaló María a sus defensoras.
