Por Victoriano Martínez
Tras el reconocimiento de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito su atractivo como reserva ambiental ha provocado que, desde dos sectores de la academia, surjan al menos dos temas que ponen en alerta a los activistas que buscan protegerla: acciones de lavado verde y obstáculos para reconocerla como patrimonio cultural.
Las autoridades locales, tanto estatal como municipal, pocas señales han dado de un auténtico compromiso con la protección ambiental de la Sierra, lo que las coloca lejos del interés común de la población. Dos ejemplos: el daño ecológico que provoca la construcción de la Vía Alterna, y la reforestación municipal sin tomar en cuenta el Programa de Manejo.
El programa Pulmones Urbanos, del ayuntamiento encabezado por Enrique Galindo Ceballos, arrancó el 23 de abril de 2023, sin tomar en cuenta las recomendaciones del Programa de Manejo que entonces circulaba como borrador a consulta y si, en cambio, dentro del Ejido El Terrero, uno de los promotores de amparos en contra del decreto de la ANP.
La reforestación se dio a muy poca distancia de algunas oficinas del WTC-Premium Industrial Park, que se considera que mantiene el dominio sobre ese Ejido, con más de la mitad de su territorio para desarrollo industrial.
El Ejido El Terrero, con la asesoría del despacho de José Mario de la Garza Marroquín, presentó uno de los juicios amparos más elaborados en contra de la declaratoria de protección de la Sierra de San Miguelito.
El compromiso real de la reforestación municipal dentro de la Sierra de San Miguelito queda en duda en tanto existen jornadas de reforestación avaladas y apoyadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la SEMARNAT, a las que Galindo Ceballos ha evitado sumarse.
Hoy la labor ambientalista del alcalde queda expuesta como más cercana a acciones de “greenwhasing” o “lavado verde”, por parte de empresas como Cummins, Industrial Minera México y Grupo Valoran, con presuntas acciones que favorecen a los pobladores de algunas zonas de la ANP, en tanto se abren camino algunos proyectos depredadores.
Un lavado verde que cuenta con el aval de un sector de académico de El Colegio de San Luis, que ha provocado una confrontación porque dos investigadores son protegidos por la presidencia de la institución para respaldar falso ambientalismo empresarial y académico por existir convenios y beneficios económicos e institucionales de por medio.
“Hemos informado al Gobierno Federal, pues la lucha por la Sierra no será doblegada por un puñado de empresarios y académicos de la simulación ambiental”, advirtieron los Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
Por si fuera poco, el desinterés de las autoridades locales por favorecer a la Sierra de San Miguelito, el gobierno del Estado, en este caso con la participación del Centro INAH, obstaculizan el trabajo y “le meten el pie” a las comunidades para proteger los sitios arqueológicos, más ahora que hay grupos de senderistas que la recorren.
La existencia de arte rupestre y sitios arqueológicos no es un nuevo descubrimiento, es “un sitio que la comunidad conoce desde los abuelos de sus abuelos”, describió en un grupo de Wahtsapp el ingeniero geólogo Adolfo Rojano Guido.
Aunque Rojano Guido, al exponer que se podría declarar Patrimonio Cultural a la Sierra de San Miguelito por sus sitios con arte rupestre, se refirió a zonas del lado de Villa de Reyes, la presencia de vestigios se da prácticamente en todo el polígono de la ANP.
Desde el Ejido Guadalupe Victoria y su Anexo La Cruz la han portado imágenes de vestigios en zonas depredadas, pero el INAH los ha despreciado. Incluso existen testimonios de que, donde hoy se encuentra el fraccionamiento Monterra, también existían vestigios, pero fueron destruidos y desaparecidos por la urbanización.
Rojano Guido exhibió incluso referencias que muestran que Octaviano Cabrera Ipiña tenía registros de la ubicación de ese tipo de vestigios, por ejemplo, en Cueva del Picacho, Rincón de Picacho y Cueva de Bernalejo.
El aspecto arqueológico de la Sierra de San Miguelito abre un nuevo frente de lucha para su protección: lograr que también se le decreta como Patrimonio Cultural y a partir de ahí se convierta en una zona turística con las medidas necesarias para la protección del arte rupestre.
Una acción que requiere el apoyo de las autoridades y en la que resulta lamentable que sólo se considere poder contar con las instancias federales y que a las estatales se les deba pedir que no obstaculicen el trabajo, y que “no le metan el pie” a las comunidades, cuando podría ser una fuente de promoción del turismo.
Ante esa oportunidad, el contraste es que los Guardianes de la Sierra de San Miguelito se vean en la necesidad de lanzar dos alertas: los riesgos para el arte rupestre disperso en su territorio y el falso ambientalismo empresarial y académico.
