Por Victoriano Martínez
Si para el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) es una gran noticia que los estudios de factibilidad de la UNAM para la declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito se hayan ampliado a más de las 63 mil hectáreas que originalmente esa institución dictaminó, para los habitantes de la ciudad lo es que adopte esa postura.
Después de que el 24 de mayo el gobernador Juan Manuel Carreras López solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador apoyo para proteger la Sierra de San Miguelito, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) envió a la Secretaría del Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la petición formal para iniciar el proceso de declaratoria.
Aquel documento incluyó, como parte de una presentación PPT, un mapa elaborado por el IPICYT con base en su estudio técnico de factibilidad del área a incluir en la declaratoria de ANP en el que se indicaron 63 mil 783.05 hectáreas que, casualmente dejaban fuera las 2 mil 69 hectáreas del Proyecto Cañadas, sobre las que se pretende un negocio multimillonario de urbanización.
Desde que se inició la intervención del gobierno federal para proteger la Sierra de San Miguelito, se han señalado distintas extensiones de la superficie que se incluirá, desde la más limitada de 63 mil hectáreas propuestas por el IPICYT hasta “más de cien mil hectáreas” que señaló López Obrador en la Mañanera del 6 de marzo pasado realizada en esta ciudad.
El pasado 2 de mayo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) emitió un comunicado en el que informó sobre la entrega de los resultados del estudio técnico de factibilidad de la UNAM que incluyó un mapa que delimita el área a proteger, pero no señaló cuánta superficie representa aunque resulta obvio que muestra más que la propuesta por el IPICYT.
Aunque desde la perspectiva de los desarrolladores inmobiliarios se pretenda confundir a la ciudadanía con la versión que elimina la parte de la Sierra de San Miguelito ubicada en el municipio de la capital por la publicación en el Periódico Oficial del Estado del plan de manejo de la ANP estatal declarada en 2018, lo cierto es que en el estudio de la UNAM incluye los predios que a los urbanizadores les interesan.
Tanto a la SEMARNAT como a la SEGAM y a la CONANP les ha faltado un actitud de transparencia pro activa –obligación presente en las leyes de transparencia general y local– para dar a conocer a detalle los resultados del estudio de la UNAM, sobre todo por el interés público general para la ciudad, además de encontrarse en proceso de consulta los programas ordenamiento territorial y de desarrollo urbano.
Que el IPICYT considere gran noticia que se amplíe el área a proteger representa una buena señal de que se está en camino de una mayor protección a la Sierra de San Miguelito, sobre todo en tiempos de una pandemia que ha dejado muy claro que preservar esa área ecológica es una cuestión de supervivencia.
Que ni el gobernador Juan Manuel Carreras López, ni la titular de la SEGAM, ni las dependencias federales involucradas informen con transparencia sobre los avances de los trabajos para la declaratoria resulta una muy mala señal, cual si trataran de dar más oportunidad a los depredadores inmobiliarios para que continúen con su presión para concretar su atentado ecológico.
