Alejandro Rubín de Celis
La semana pasada, el alcalde Xavier Nava y el gobernador Juan Manuel Carreras sostuvieron una peculiar reunión con los principales inversionistas que buscan construir desarrollos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito (SSM) ꟷcon excepción del exgobernador Horacio Sánchez Unzueta, actual funcionario estatal que tiene intereses privados en un proyecto de IMMSAꟷ, encuentro que levantó la ceja de varios actores y de personas no involucradas directamente que se preguntan por qué lo hicieron en medio de una consulta pública y de una coyuntura en la que está en juego la viabilidad de la ciudad.
Se supone que la consulta pública que lleva a cabo el ayuntamiento de la capital es precisamente para que, de manera abierta y transparente, las partes interesadas en el desarrollo armónico y sustentable de la ciudad, en la conservación del medio ambiente y en hacer negocios inmobiliarios, presenten sus propuestas y proyectos, y quienes no estén de acuerdo puedan cuestionarlos.
Pero una reunión privada, a estas alturas, con una de las partes interesadas ꟷnada menos que la más poderosaꟷ, lo único que genera son sospechas de una actitud parcial por parte de las autoridades y de la posibilidad de que éstas estén dispuestas a favorecer, en algún momento, a los empresarios ꟷaún cuando hay voces cercanas al alcalde que sostienen que Xavier Nava está decidido a no apoyar el proyecto de los empresariosꟷ.
Xavier Nava y Juan Manuel Carreras podrán argumentar que ellos deben escuchar todas las voces que tengan algo que decir en el tema del reordenamiento y el desarrollo urbano de la ciudad, pero, ¿por qué lo hacen de manera discreta y en un sitio privado en lugar de hacerlo en los espacios públicos de la propia consulta?
Para quienes conocen los intereses que tienen esos inversionistas en la SSM no pueden más que pensar que en esa reunión el tema de la discusión fueron las 2 mil 69 hectáreas en las que ese grupo de empresarios quiere construir un conjunto de desarrollos inmobiliarios encabezado por el proyecto Las Cañadas y que, de no lograr su concreción a través del cambio de uso de suelo de esas tierras y otros permisos estatales, perderán el que quizá sea el mejor negocio de su vida.
Es público el descontento que generó entre esos magnates que en la propuesta del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en el Plan de Centro de Población Estratégico que presentó el ayuntamiento, se estableciera que la Sierra de San Miguelito no es urbanizable, al menos en tanto la Semarnat no defina el poligonal y haga la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) en esa zona.
La inconformidad de los empresarios ha redundado en que medios de comunicación de su propiedad o afines a ellos cuestionen el contenido del programa y el plan como una forma de presión para que el alcalde Xavier Nava dé marcha atrás y deje a salvo las tierras con las que ellos pretenden hacer el multimillonario negocio.
La reunión que ampara la fotografía que antecede a este texto pudo ser un diálogo amable o quizá ríspido por momentos, pero lo que sí está claro es que los desarrolladores fueron a ejercer otra forma de presión frente a las autoridades, esta vez de manera directa e inmediata.
¿Será que en un acto de transparencia el alcalde y el gobernador podrán revelar qué se discutió en esa reunión, o guardarán silencio para confirmar que lo que ahí se dijo busca beneficiar a los inversionistas?
Del otro lado del escenario, comuneros, presidentes de juntas de mejoras, dirigentes sociales, ciudadanos y miembros de organizaciones que buscan proteger el medio ambiente protestaron este jueves frente al Palacio Municipal ante las dificultades que tuvieron para presentar escritos y documentos de prueba que amparan los daños que la urbanización de las 2 mil 69 hectáreas en la SSM causarían a la ciudad.
Sus intentos se vieron frustrados por un grupo que, más que de comuneros afines al proyecto empresarial del que presumen ser socios, dio muestras de ser un grupo de choque enviado ex profeso para reventar la estrategia de los opositores en su intento por entregar pacíficamente sus documentos, como parte del mismo proceso de la consulta pública.
Hubo actitudes de franca provocación por parte de quienes ejecutaron el boicot, a pesar de lo cual no hubo la suficiente presencia policiaca para evitar un enfrentamiento –aún cuando se le solicitó previamente al secretario general del ayuntamiento, Sebastián Pérez– y los pocos elementos que se encontraban en el Palacio Municipal en ningún momento intervinieron para calmar los ánimos.
Como parte del contenido de sus escritos y demandas, comuneros, activistas, presidentes de juntas de mejoras y ciudadanos exigen incluir el polígono donde se ubican las 2 mil 69 hectáreas como parte del Área Natural Protegida vigente en la actualidad, ratificar la prohibición para construir desarrollos inmobiliarios en esas tierras y preservar de manera integral y sostenible la Sierra de San Miguelito.
Los grupos opositores cuestionan la falta de difusión de la consulta ꟷque ha provocado que la mayoría de los pobladores de la ciudad no sepa que existeꟷ, haberla iniciado a destiempo y con un plazo muy corto para su realización, las dificultades para un ciudadano común para el llenado de los formatos, y el tiempo limitado a cuatro horas a la semana ꟷlos juevesꟷ para presentar proyectos y propuestas, razón por la que exigen la reposición de todo el proceso.
Dos escenarios en medio de una misma realidad. En uno, inversionistas que presionan y autoridades que parecen confabularse con el poder económico; en el otro, defensores del medio ambiente que buscan preservar el más importante espacio para la viabilidad presente y futura de la ciudad.
¿De qué lado está usted, apreciable lector?
