Por Victoriano Martínez
Si bien resulta lógica la insistencia de los empresarios inmobiliarios por revertir el Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito para recuperar la posibilidad de los multimillonarios negocios que proyectaron en ese territorio, la buena noticia es que entre los dueños de la tierra cada vez son más quienes toman conciencia de evitar ser despojados y de la urgencia de proteger el ambiente.
La conformación de un movimiento amplio de comuneros de distintos grupos y corrientes en la Comunidad de San Juan de Guadalupe para contrarrestar lo que consideran chantajes por parte de la empresa Espacios en el Horizonte para despojarlos de sus tierras, y para buscar el apoyo federal para que además no se afecte el ambiente, es parte de esa reacción favorable a la Sierra.
Un estira y afloja entre privilegiar la protección ambiental y abrir paso a la depredación ecológica inmobiliaria que exige una definición clara por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Del lado no gubernamental, las posiciones son muy evidentes: de un lado, un sector de empresarios que, en aras de una utilidad multimillonaria desproporcionada, buscan anular el Área Natural Protegida para avanzar en la depredación ecológica; del otro, ejidatarios y comuneros que luchan por evitar ser despojados de sus tierras y ven un respaldo en apoyar la protección ambiental.
Del lado gubernamental, las posturas de los diferentes niveles de gobierno resultan dispares y con tal ambigüedad que van desde dejar abiertos posibles resquicios a la depredación ecológica hasta acciones que abren la sospecha sobre acuerdos que favorecen la depredación inmobiliaria de la Sierra de San Miguelito.
El gobierno federal es el que con mayor claridad ha dejado patente su compromiso con la protección ambiental de la Sierra de San Miguelito, con el decreto que la declara Área Natural Protegida, pero se ha visto lento en la consolidación de esa protección al mantener pendiente la aprobación del programa de manejo.
Un programa de manejo en cuya elaboración ha quedado registro de los intentos de los empresarios inmobiliarios por abrir posibilidades a algunos de sus desarrollos.
En el caso del gobierno municipal, desde el ayuntamiento anterior, encabezado por Xavier Nava Palacios, quedó sembrada en los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de Desarrollo Urbano y Centro de Población la posibilidad de urbanizar unas 500 hectáreas, que hay indicios –según los comuneros de San Juan de Guadalupe– de que buscarán aprovechar.
La posición del gobierno estatal, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, es quizá la más ambigua. El 5 de enero de 2022 firmó con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un convenio de coordinación para promover acciones de protección para la entonces recién declarada Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito, pero no se tradujo en acciones concretas.
El texto del convenio no fue difundido y hoy los comuneros de San Juan de Guadalupe y el colectivo Guardianes de la Sierra dudan de que efectivamente exista ese acuerdo.
El apoyo sólo declarativo del gobierno estatal al Área Natural Protegida, sin acciones concretas, se traduce en una sospecha de que en realidad sólo es una postura como discurso públicamente correcto y para estar alineado con el gobierno de López Obrador y la Cuarta Transformación, más cuando hay acciones que revelan mayor acercamiento con los empresarios inmobiliarios.
Si el gobierno de Gallardo Cardona busca mostrarse alineado con la 4T, en el caso de la Sierra de San Miguelito hay muchos indicios de que esté en contra de la Cuarta Transformación.
El caso más evidente es el de la Vía Alterna a la Zona Industrial, a la que López Obrador le retiró el presupuesto federal por atentar contra la Sierra y hoy Gallardo Cardona promueve su construcción con una alianza con los empresarios inmobiliarios.
“Es muy grave que el Gobierno Estatal acuerde con los fraccionadores la construcción de la Vía Alterna, pasando por encima de nuestra comunidad y cayendo en el juego y chantaje de quienes buscan apropiarse de la Sierra”, advirtieron los comuneros que hoy formaron un movimiento amplio en defensa de su territorio y de la protección ambiental a la Sierra de San Miguelito.
Indicio grave de los acuerdos que tiene el gobernador con los inmobiliarios lo representa el hecho de que, según confirmaron los comuneros de San Juan de Guadalupe, el gobierno estatal acordó una solución al conflicto por la indemnización de los terrenos del Circuito Potosí para destrabar la construcción del puente frente a la Fenapo, pero el pago lo hicieron los empresarios.
Trescientos cuarenta y seis comuneros recibieron un cheque por 50 mil pesos cada uno para dar por saldado el adeudo que tenía el gobierno estatal con la Comunidad. Un total de 17 millones 300 mil pesos que no salieron de las arcas estatales, sino de las cuentas de los empresarios interesados en urbanizar la Sierra de San Miguelito.
¿A razón de qué aportaron los empresarios ese dinero que tendría que haber pagado el gobierno estatal? ¿Préstamo? ¿Cuándo será liquidado? ¿Intercambio de favores? ¿A cambio de qué? ¿La Vía Alterna o algo más que la Vía Alterna? Relaciones peligrosas que exhiben al gobierno de Gallardo Cardona en una ruta contraria a la de la 4T en ese territorio.
Este domingo, el salón comunal de San Juan de Guadalupe será escenario de una más de las batallas entre comuneros que defienden el territorio y la protección ambiental de la Sierra de San Miguelito y autoridades comunales espurias al servicio de los empresarios inmobiliarios. Posiciones encontradas, pero bien definidas.
Independientemente del resultado de esa asamblea, en los siguientes días se volverá obligado para el gobierno estatal aclarar los alcances de los tratos que, con motivo de la indemnización por el Circuito Potosí y de la promoción de la Vía Alterna, tiene con los desarrolladores inmobiliarios: ¿Está o no está con la 4T para proteger la Sierra de San Miguelito, esa que no se toca?
