Por Victoriano Martínez
A dos años y dos meses del decreto que declaró Área de Protección de Flora y Fauna a la Sierra de San Miguelito y a siete meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine su sexenio, los servicios ambientales que la Sierra le presta a la ciudad vuelven a estar en riesgo ante los embates judiciales promovidos principalmente por desarrolladores inmobiliarios.
En 26 meses, las acciones del gobierno estatal a favor de la protección ambiental de la Sierra de San Miguelito no han estado al nivel que requiere la desde entonces Área Natural Protegida (ANP) y desde el mismo día en que se publicó la declaratoria, el 13 de diciembre de 2021, optó por mantenerse a la expectativa porque podría ser apelado por comuneros de la Sierra.
Aunque el 5 de enero, en un acto público, se firmó un acuerdo de coordinación entre el gobierno estatal y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para promover acciones en favor de la Sierra de San Miguelito, el documento –que desde entonces no se ha hecho público– no ha generado una sola actividad gubernamental para cumplir ese objetivo.
Han sido los Guardianes de la Sierra de San Miguelito los más activos, tanto en trabajo de campo en las comunidades y ejidos para exponer las ventajas de la declaratoria, como en la atención a cuidar que en la elaboración del Plan de Manejo se incluyan “trampas” que abran paso a la urbanización dentro de la ANP, además de, hasta hoy, dos festivales culturales para socializar el decreto.
Por cierto, en la realización de esos dos festivales, las autoridades estatales perdieron la oportunidad de honrar el acuerdo de coordinación por la Sierra y, en sentido contrario, optaron por intentar sabotear su realización. En el primero impidieron un concierto de la Orquesta Sinfónica del Estado, en tanto que en el segundo lo obligaron a un cambio de sede de último momento.
Durante la primera oleada de amparos contra el decreto de la ANP, la dirección Jurídica del Gobierno del Estado exhibió ante los juzgados Tercero y Sexto de Distrito el poco compromiso de la autoridad estatal con el acuerdo de coordinación, al presentarlo ante los jueces para consultar si con ese acto se violaba la suspensión de amparo. Casi lavarse las manos antes que defender la ANP.
Una actitud de las autoridades estatales que de alguna manera alentaba a los grandes grupos inmobiliarios a continuar con la batalla judicial contra la declaratoria, al grado de echar mano de las peores prácticas, como quedó expuesto con el audio de una reunión entre empresarios y comuneros para definir estrategias para echar abajo el decreto.
Las estrategias planteadas en la reunión principalmente por el abogado Gustavo Barrera López iban desde lograr vía amparos la anulación del decreto hasta una demanda contra el gobierno federal por daños y perjuicios por cuatro mil millones de pesos. Incluso se mencionó que contaban con “buen ánimo” por parte de magistrados de una sala especializada del Poder Judicial Federal.
La coincidencia de ser los empresarios inmobiliarios que buscan anular el decreto prácticamente los mismos que ocupan la mayoría de las sillas en el Consejo Consultivo Potosí aunado al poco activismo gubernamental para promover la defensa de la ANP no sólo pone en duda el compromiso del gobierno estatal con la Sierra, sino que abre sospechas de confabulación.
Cuando menos los Guardianes de la Sierra consideran que el Gobierno estatal y los Ayuntamientos de Villa de Reyes y San Luis Potosí, han establecido acuerdos con empresarios del sector inmobiliario agrupados en el Consejo Consultivo Potosí, quienes atacan el APFF Sierra de San Miguelito, pagan despachos pudientes y llegan a acuerdos con jueces federales.
Un indicador de tales acuerdos lo ubican en la activa promoción por parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la construcción de la Vía Alterna, desde avenida Juárez al Eje 140, a la que, por afectar los bordes de la ANP Sierra de San Miguelito, le fue retirado el presupuesto federal, además de no contar con la aprobación de su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Una discrepancia entre la postura de Gallardo Cardona y la del presidente Andrés Manuel López Obrador que no se ha hecho tan evidente, pero que en cualquier momento podría provocar una reacción desde la Federación, especialmente ahora que se conoció la resolución del Juzgado Primero de Distrito en contra del decreto de la ANP.
Acciones que ponen en riesgo los servicios ecológicos que presta la Sierra a la ciudad como un control biológico, la retención de agua de lluvia, la infiltración de agua al subsuelo, la recarga de mantos acuíferos y la disminución de la erosión al reducir la velocidad del agua de escorrentía, además de su valor paisajístico.
En tanto avanzan los embates en contra de la protección de la Sierra de San Miguelito, no sólo se abre camino a la depredación inmobiliaria, sino que también se compromete el futuro de la ciudad, en la que se agravarían problemas que ya se comienzan a padecer, como por ejemplo la crisis en el abastecimiento de agua potable.
“No vamos a permitir que eso prosiga, no tiene por qué. Es un decreto presidencial y ese decreto lo vamos a defender, cualquier amparo es momentáneo nada más y en el fondo va a seguir siendo Área Natural Protegida”, aseguró este 29 de febrero el gobernador del Estado.
Una postura pública con 26 meses de retraso, cuyo valor tiene que concretarse en actos: transparentar todo lo relacionado al intento de construir la Vía Alterna, desde los ajustes en el trazo que invaden la ANP hasta la publicación de las adecuaciones a la MIA tramitadas ante SEMARNAT, sin que se omitan los esquemas de financiamiento y los compromisos que impliquen.
Los embates empresariales con aparente apoyo del Poder Judicial Federal exigen un frente común de defensa en el que los Guardianes de la Sierra, que hasta hoy han sido los más activos con apoyo de instancias federales, ya no pueden ser obstaculizados en sus acciones por las autoridades estatales.
¿Y qué tal si el pronunciamiento de Gallardo Cardona a favor de la Sierra de San Miguelito lo acompaña con su adhesión a la petición hecha por los Guardianes de la Sierra al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se declare la ANP como una zona de seguridad nacional?
No se trata de alinearse o no con el movimiento de transformación que promueve el gobierno federal, ni mucho menos adoptar o no esa postura con fines electorales. El compromiso con la Sierra de San Miguelito siempre ha estado mucho más allá… con garantizar una vida más larga a la ciudad y contribuir al control del cambio climático.
