Por Victoriano Martínez
Cuando el pasado 23 de diciembre se publicó en el Periódico Oficial del Estado la convocatoria a la Consulta Pública del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) se abrió un proceso con la expectativa de estar enfocado a dar la mayor protección a las áreas que le prestan servicios ecológicos a la ciudad.
En el punto IV.3 del PMOTDU-SLP 2050 (como se identificó al documento) se condicionó la definición del tipo de uso de suelo en la Sierra de San Miguelito “a la espera de que se defina la poligonal del ANP (Área Natural Protegida) y su respectiva área de amortiguamiento” que desde mayo del año pasado anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una convocatoria qua atendía al llamado presidencial a que “la Sierra de San Miguelito no se toca” y ante la que, desde entonces, se advirtió que, a la par de la consulta a la población, se abría una temporada de urgente presión a las autoridades municipales por parte de los desarrolladores inmobiliarios para tratar de volver viables sus proyectos depredadores.
“En el muy corto plazo, durante la consulta, con la intensión de eliminar la condicionante y, a más largo plazo, sobre el proceso de declaratoria de ANP, para que se dejen fuera de la protección los predios que pretenden urbanizar”, se señaló entonces.
La presión de las juntas de mejoras del sur de la ciudad provocó en febrero una ampliación no sólo del plazo para recibir planteamientos de la ciudadanía, sino también para que se ampliara el horario de recepción de posturas ciudadanas.
Las medidas impuestas por la contingencia sanitaria provocaron la suspensión de la consulta y, con ello, el ritmo de movilización a favor de las áreas ecológicas del municipio. No así las presiones de los empresarios inmobiliarios que aprovecharon el distanciamiento social para llevar a su terreno favorito las presiones para lograr sus objetivos: negociaciones en completa opacidad.
Desde la semana pasada se tuvo conocimiento de la presentación a los regidores del proyecto de documento final del PMOTDU para ser sometido a la aprobación del Cabildo. El regidor Alfredo Lujambio Cataño confirmó el rumor con la publicación de un tuit acompañado de cuatro fotografías este 15 de septiembre:
“Un Programa de Desarrollo Urbano con enfoque Ambiental, Incluyente y de Calidad de Vida para todos los potosinos. 19 meses de trabajo para recuperar 17 años de atraso”, afirmó Lujambio Cataño en su mensaje de Twitter.
O el regidor no leyó el documento, o está de acuerdo con la apertura a la depredación de 5 mil 700 hectáreas de áreas naturales de alto valor ecológico para la ciudad, que le quitan el “enfoque Ambiental, Incluyente y de Calidad de Vida” al PMOTDU, y pretende engañar a la ciudadanía. El silencio del resto de los regidores los vuelve cómplices de la apertura a la deprecación inmobiliaria.
No puede considerarse que el documento tiene un enfoque ambiental, cuando abre a la urbanización 5 mil 700 hectáreas de áreas naturales de alto valor ecológico. Tampoco puede considerarse incluyente si ha incumplido la base VII de la convocatoria. Ni se enfoca en mejorar la calidad de vida, basta considerar las repercusiones de la depredación ecológica.
¿Qué tuvo que pasar en el Ayuntamiento y en el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) durante los días de confinamiento por la pandemia para que el documento sometido a consulta pasara de ser protector de la Sierra de San Miguelito a favorecer su urbanización con 5 mil 700 hectáreas para empezar y el resto señalarlas como susceptibles a un cambio de uso futuro?
Si en enero los urbanizadores sintieron la urgencia para presionar a las autoridades por los plazos originales de la convocatoria, la pandemia no sólo les trajo tiempo más que suficiente para negociar, sino que además despresurizó la presión pública que ejercían los grupos ecologistas defensores de la Sierra de San Miguelito.
Lo ocurrido en ese tiempo y esas condiciones para operar en la oscuridad esconde la explicación, nunca la justificación, por la que la autoridad municipal procede con opacidad en la última fase de la consulta, al grado de actuar contra la convocatoria en cuando menos dos puntos: determinar la situación de la Sierra de San Miguelito hasta que esté definida el ANP y cumplir la base VII.
La cláusula VII de la convocatoria de un plazo de 20 días al IMPLAN para publicar las respuestas a los planteamientos presentados durante la consulta, “que estarán a disposición del público en las oficinas del Instituto Municipal de Planeación y en el Palacio Municipal (…) en forma impresa y en forma electrónica a través de los sitios web”.
En los sitios Web del Ayuntamiento y del IMPLAN no aparece esa información. Lo último relacionado a la consulta corresponde a la aplicada para los grupos en situación de vulnerabilidad y un viejo acuerdo sobre la suspensión del proceso por la pandemia. Los 2 mil 481 ciudadanos que presentaron planteamientos ya fueron ignorados.
A esa opacidad con la que se incumple la convocatoria, habrá que agregar que abrir la Sierra de San Miguelito a la urbanización contradice el documento base que condiciona esa medida a la declaratoria federal de ANP.
“En consecuencia, en este Programa el uso del suelo del polígono ANP Sierra de San Miguelito es NO URBANIZABLE”, señala el documento hoy ignorado, a menos que en ese espacio de opacidad cuenten con información privilegiada sobre la definición del área natural protegida que también le ocultan a la población.
Lo que hoy se conoce del documento que ya está en manos del Cabildo deja ver que la presión de los desarrolladores inmobiliarios ya logró eliminar la condicionante que originalmente protegía a la Sierra de San Miguelito en el proceso de consulta y abre un pronóstico de depredación sobre su otro objetivo: que se dejen fuera del Área Natural Protegida los predios que pretenden urbanizar.
