Por Victoriano Martínez
El 21 de septiembre de 2018, el gobernador Juan Manuel Carreras López publicó el “decreto por medio del cual se declara como Área Natural Protegida de competencia Estatal, con el carácter de Reserva Estatal, a la “Sierra de San Miguelito” localizada en los municipios de Villa de Arriaga, Villa de Reyes y Mexquitic de Carmona en el Estado de San Luis Potosí”.
La medida sólo incluyó una superficie de 12 mil 613.47 hectáreas, con la indicación de que se trató de una primera etapa como un avance sobre la superficie comprendida en el Estudio Técnico de Factibilidad por tratarse de áreas –dispersas a lo largo y ancho de la Sierra– en las “que ya se cuenta con la aceptación y anuencia de sus propietarios”.
La postura sugirió un avance en progreso, cuya continuidad habría de generar decretos adicionales que poco a poco protegerían la totalidad de la Sierra de San Miguelito, hasta convertirla en una gran Área Natural Protegida de competencia estatal. Algo que cumpliría los fines ecológicos de la necesaria reserva de ese sistema.
Cuando Carreras López firmó el decreto de septiembre de 2018, seguramente tuvo el argumento para convencer a quienes hubieran preferido un decreto sobre la totalidad de la Sierra de que –para lograr el resultado– habría que atender al timing propio del procedimiento para las declaratorias de esa naturaleza.
La ruta estaba puesta: conforme se lograra “la aceptación y anuencia de sus propietarios”, se emitirían declaratorias de ANP hasta que cubrieran la totalidad de la Sierra.
A dos años de concluir su mandato, Carreras López ha cambiado de reloj y ahora le ha endosado su timing ecologista al gobierno federal. Una forma de evadir su responsabilidad, que ya había asumido con el decreto primera etapa, y además en un acto público masivo que le redituaba un gran baño como ecologista.
Una evasión que podría resultar razonable si, junto con la petición al presidente Andrés Manuel López Obrador en la Plaza de los Fundadores el 24 de mayo, hubiese aportado todos los avances en el trabajo a favor de la declaratoria, el decreto de septiembre de 2018 incluido.
Hoy que se conoce el acuerdo que Carreras López firmó con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y las omisiones en que incurre al pasar la estafeta a la Federación que llevan el proceso de la declaratoria federal a iniciar desde cero, la responsabilidad del gobernador ya no sólo es de una evasión, sino de obstrucción.
El Grupo Sierra de San Miguelito, en un esfuerzo ciudadano y sin presupuesto gubernamental, tardó más de diez años en realizar el trabajo previo para generar los expedientes necesarios para decretar un Área Natural Protegida. Tres gobernadores, incluido Carreras López, han evitado respaldar esa labor.
Ahora Carreras López pasa la estafeta de lo que hace un año parecía haber asumido como compromiso (no hay que olvidar que en su segundo informe de gobierno prometió la protección a la Sierra de San Miguelito), pero lo hace con un manifiesto ánimo de que la declaratoria tarde lo más posible… en favor de los desarrolladores inmobiliarios.
Las omisiones en que incurre, que harán que el proceso comience de cero, así como la lentitud en las acciones emprendidas –tardaron tres meses tras la petición en firmar el convenio– dejan ver la clara intención del reseteo en el timing carrerista, para ganar tiempo a favor de los especuladores inmobiliarios.
Ni siquiera se mencionó en el acuerdo la necesaria declaratoria de veda por 20 años, que prevé el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Todo indica que a la Sierra de San Miguelito se le aplicará el método característico del sexenio, de hacer como que los problemas se atienden pero sin resolverlos.
