Por Victoriano Martínez
La anulación de la Sierra de San Miguelito como Área Natural Protegida (ANP)no dejará de ser una aspiración permanente de desarrolladores inmobiliarios ávidos de un lucro desproporcionado y, como efecto, oportunidad de negocios contingentes, especialmente en materia de litigios.
Tras la publicación del decreto que declaró ANP en la modalidad de Área de Protección de Flora y Fauna a la Sierra de San Miguelito se tramitaron unas tres decenas de juicios de amparos con la pretensión de anular la declaratoria para abrir paso a distintos proyectos inmobiliarios.
Entre esos proyectos, destaca el caso de Las Cañadas sobre mil 805 hectáreas en la Comunidad de San Juan de Guadalupe, a cargo de la empresa Espacios en el Horizonte que, de por sí, mostró los extremos de los intentos de depredación ecológica al grado de alentar una defensa de la Sierra que favoreció un apoyo social a la declaratoria de ANP.
Fue tal el cabildeo en las SEMARNAT por parte de los promotores de Las Cañadas, que lograron unos seis meses antes de la declaratoria un acuerdo emitido por el director de Conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, César Sánchez Ibarra, el día 4 de junio del 2021, para excluir de la ANP las mil 805 hectáreas del proyecto.
Tras la denuncia pública de tal acuerdo, la SEMARNAT anuló la determinación que se conoció como el oficio de la traición y, finalmente esa superficie fue incluida dentro de la ANP, que también fue motivo para el inicio de otro de los litigios.
El abogado Gustavo Barrera López, como representante de Espacios en el Horizonte, no sólo representó a la empresa y a los comuneros de San Juan de Guadalupe en los litigios contra el decreto de la ANP, sino que también promovió un juicio de nulidad contra la anulación de la exclusión de las mil 805 hectáreas.
No obstante, el pasado mes de enero renunció a la representación de las autoridades comunales de San Juan de Guadalupe y de la empresa en esos litigios y, para el mes de junio, presentó una demanda por el pago de 3.5 millones de pesos por honorarios no cubiertos, además de otros montos adicionales por otra serie de contraprestaciones.
El de Barrera López es sin duda el caso representativo de los negocios por litigios que se abrieron a partir de la declaratoria de ANP para la Sierra de San Miguelito.
Hasta ahora se conoce el texto de la demanda por honorarios iniciado por Barrera López, en el que se puede consultar los motivos por los que, en torno al caso de Las Cañadas, generan ganancias a los despachos jurídicos los litigios detonados a partir del decreto de la ANP.
La presunta exclusión de la ANP de las mil 805 hectáreas es el motivo por el que Barrera López reclama a los comuneros y a la empresa inmobiliaria tres millones y medio de pesos dado que, afirma el abogado, logró una sentencia favorable que vuelve a dar vigencia al oficio de la traición, lo que comunicó a la empresa el 23 de diciembre de 2021.
“En este comunicado, que nunca se contestó de manera escrita y expresa por “LA EMPRESA” ni por “LA COMUNIDAD”, se menciona que los TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N., de honorarios profesionales bajo la modalidad de “bono de éxito” ocurriría el día que se notificara una resolución firme que desincorpore las 1,805-00-00 hectáreas del ANP (lo que ya ocurrió)”, señala Barrera López en su demanda de honorarios (página 16).
Agrega que, por haber logrado esa exclusión, los comuneros y la empresa están obligados a un pago adicional: “Todos estos trabajos profesionales en su conjunto me dan derecho y permiten exigir judicialmente el 20% del valor comercial de las 1,805-00-00 hectáreas del proyecto inmobiliario entre “LA COMUNIDAD” y “LA EMPRESA”, por el provecho y beneficio” (página 22).
En el texto de la demanda por honorarios presentada por Barrera López insiste en que la exclusión de las mil 805 hectáreas ya ocurrió y por lo tanto no sólo puede reclamar el pago de 3.5 millones de pesos, sino otra serie de prestaciones por bonos de éxito adicionales en otra serie de litigios contra el decreto de ANP.
“El impago indebido e ilícito de las cantidades de las “PRESTACIONES” por parte de mis codemandadas, ha generado un menoscabo en la economía del suscrito en su capital y le ha impedido obtener también ganancias lícitas con su importe, además del malestar y la afectación en mis sentimientos, prestigio, honor, dignidad, decoro y la consideración que terceros tienen del suscrito que también se han visto afectados, lo que probaré en la fase procesal que corresponde y por lo mismo proceden las indemnizaciones que también se reclaman por la diversidad de los daños y perjuicios causados” (página 24), advirtió Barrera López en su demanda.
La renuncia de Barrera López a la representación de comuneros y empresarios y el reclamo de sus honorarios revelan el tipo de negocio contingente surgido a raíz del decreto de ANP y da una idea de los recursos económicos que hoy entran en juego para desproteger la Sierra de San Miguelito.
¿En cuántas comunidades y cuántos ejidos que mantienen litigios, sea por convicción propia (los menos si es que los hay), o por estar incentivado por poderosos grupos inmobiliarios (los granpeñones y otros) se reproducen esos negocios contingentes que buscan lucrar con atentar contra la protección ambiental de la Sierra de San Miguelito?
