Por Victoriano Martínez
Los riesgos de urbanización sobre la Sierra de San Miguelito siguen latentes. La información surgida como parte del juicio de amparo 387/2021-VI revelan la red de complicidades que operaron en los últimos meses para hacer posible la exclusión de mil 805 hectáreas para volver viable el proyecto Las Cañadas.
No sólo en el documento que envió al Juzgado Sexto de Distrito Fernando Torre Silva se da por hecho la anulación de las áreas naturales de protección a la Cuenca Hídrica (AN-PCH) y Paisajística de Recarga (AN-PRE), sino que en la exposición hecha por la SEMARNAT a la autoridad municipal ni siquiera se mencionan, como si no existieran.
Esa omisión de elementos fundamentales de incompatibilidad con los programas municipales de desarrollo urbano, junto con el hecho de no referirse en ningún momento al área pretendida para el proyecto inmobiliario Las Cañadas, representaron la llave para que se abriera la determinación de excluir mil 805 hectáreas a favor de los desarrolladores.
Una operación cuya cronología muestra la red de actores involucrados y la forma coordinada como lo hicieron.
El Ayuntamiento intentó en febrero aprobar los programas de desarrollo urbano y la SEMARNAT lo impidió por no haber consultado el estatus de la Sierra de San Miguelito en cuanto a la definición del polígono que será declarado Área Natural Protegida (ANP).
Tras esa intervención, se establecen mesas de trabajo en las que la SEMARNAT hace una serie de observaciones a la autoridad municipal pero, de manera muy conveniente, sólo señala tres incompatibilidades entre las que omite mencionar el área pretendida por los desarrolladores inmobiliarios.
Una omisión que representa una pichada a modo para que el Cabildo capitalino pudiera aprobar unos programas de desarrollo urbano en los que se declaran urbanizables alrededor de 500 hectáreas de las 2 mil 68 del Proyecto Las Cañadas y el resto las dejan en un estatus de transición. Una omisión que se suma a la eliminación de las AN-PCH y AN-PRE.
Desde el gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), responsable de emitir el dictamen de congruencia sobre los programas de desarrollo urbano municipales, deja pasar –además de muchos otros detalles– la ilegalidad que representa eliminar dos áreas naturales de protección existentes desde agosto de 2003.
La indefinición en que deja el Cabildo el área restante del proyecto Las Cañadas y el aval de la SEDUVOP a la desaparición de las AN-PCH y AN-PRE complementan la jugada: con el oficio DGCD/250/2021 de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el 4 de junio pasado se avisa a las autoridades comunales que se excluyen del proyecto de protección a la Sierra.
Un juego de omisiones que, en conjunto, revelan una coordinación entre los operadores de los programas municipales de desarrollo urbano con Fernando Torre Silva, director del IMPLAN, a la cabeza; una actuación a modo del gobierno estatal a través de la SEDUVOP, y la SEMARNAT que cierra el operativo con la exclusión de las mil 805 hectáreas, hoy en vías de revertirse.
Una red de complicidades que incluye a representantes de los tres niveles de gobierno involucrados en la preservación de la Sierra de San Miguelito, y particularmente la Cañada del Lobo, que claramente opera para favorecer a los depredadores inmobiliarios.
La historia posterior a la revelación de la exclusión de las mil 805 hectáreas del proyecto de ANP para favorecer a los empresarios inmobiliarios llevó el tema a La Mañanera del 28 de julio y obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a renovar su compromiso y asegurar que “aunque los comuneros decidan vender”, no se va a poder por un interés superior de la nación.
Entre el 24 de mayo de 2019, cuando López Obrador hizo el primer compromiso, y el miércoles de la semana pasada, esa red de complicidades llegó al punto de aparentemente engañar al presidente y determinar un polígono de ANP a modo de los desarrolladores inmobiliarios.
Si lograron hacerlo una vez, aunque parezca más difícil la exhibición en la actual máxima tribuna de difusión en que se ha convertido La Mañanera, es indudable que esa red de complicidades pudiera encontrar resquicios legaloides para intentarlo otra vez. Los riesgos de urbanización sobre la Sierra de San Miguelito siguen latentes.
