Por Victoriano Martínez
Cuando un asunto que afecta a la mayoría requiere del debate público, lo que más debe evitarse es desviar la atención de los puntos centrales y lo que menos se debe hacer es pretender imponer una determinación con alusiones a generalidades o descalificaciones con acusaciones de intereses oscuros sin señalamientos concretos contra quien cuestiona.
Desde que en septiembre se supo que el IMPLAN había concluido los proyectos de programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PMDUCP), la principal demanda ha sido que se transparente la información y haya un esfuerzo real de la autoridad por que la población sepa a detalle qué esperar de ellos.
Los cuestionamientos a los documentos no se limitan a la invasión inmobiliaria o no de la Sierra de San Miguelito, sino a una serie de inconsistencias detectadas por distintos grupos que participaron en la Consulta Pública que han derivado en juicios de amparo en proceso, con cuestionamientos concretos sobre los que se han otorgado suspensiones provisionales.
Si la discusión se ha centrado en la Sierra, no es porque sea el único tema trascendente para el futuro de quienes habitamos la ciudad, pero seguramente sí es el de mayores efectos dañinos por los servicios ecológicos que le presta a la mancha urbana y que se verían comprometidos por la depredación inmobiliaria, lo que ha sido expuesto ampliamente en foros, medios y redes sociales.
Del lado de los defensores de la Sierra, los argumentos sobran. Del otro lado, la información escasea, se consigue por filtraciones, se apresuran a descalificar las revelaciones que surgen, y se evita dar a conocer el contenido de los documentos. Al no informar, desvían la atención de los puntos centrales, vacían sus argumentos y se refugian en descalificaciones autoritarias.
Advertir sobre la politización del tema desde hace meses, y ahora ligar esa politización al proceso electoral en curso, es en realidad la trinchera desde la que impiden que la actualización de los programas sea un verdadero acto político.
La Real Academia Española define la política como la “actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo”.
La opinión se expresó en la consulta, el voto del 6 de junio nada tiene que ver con los programas, en tanto que las respuestas a los planteamientos presentados en la consulta generaron inquietudes que requieren que se abra “cualquier otro modo” de participación. No hacerlo contradice la autoproclamación de autoridad transparente y de presunto gobierno abierto.
Vacíos por falta de voluntad para transparentar la información, los argumentos de la autoridad se distinguen por su superficialidad, además de pretender suplirlos con dar difusión a un sector, entre el que surgió un grupo que presenta en internet lo que llaman Observatorio Urbano San Luis 360 con el hashtag #Viviendaparatodos, con claros intereses mercantiles en los programas.
Ya es legendaria la afirmación del alcalde interino Alfredo Lujambio Cataño: “Se estima en más de 30 millones de pesos diarios el costo de no tener nuevos programas”. Una afirmación que tiene sentido si se toma en cuenta que, paralelo al arranque de los trabajos para aprobar los programas inició la promoción de tres proyectos inmobiliarios enclavados en la Sierra.
No es lo mismo politizar que someter los programas a una politiquería que trata el asunto con superficialidad o ligereza para evitar que el ciudadano pueda intervenir y, en cambio, los mercantiliza –convierte en mercantil algo que no lo es de suyo (RAE)– cuando en todo momento se debe privilegiar el interés general y, en consecuencia, tomar en cuenta todas las voces.
Las plataformas de difusión del Ayuntamiento, lejos de responder a una real política de comunicación social, promocionan de manera sesgada información prácticamente pro aprobación a ciegas de los programas y le dan foro a intereses empresariales a tal grado que el propio alcalde interino lo avala al hacer circular audios de entrevistas a modo.
¿Por qué el alcalde interino no replica y reenvía a sus grupos y contactos el pronunciamiento que al menos representantes de diez colonias del sur de la ciudad hicieron este martes sobre los programas de desarrollo urbano y la posibilidad de urbanizar “un poquito” la Sierra de San Miguelito? ¿Para él cuentan menos que las versiones pro-empresariales?
Entre las faltas a su representatividad, a la autoridad municipal le ha faltado politizar, en su real sentido, el proceso de aprobación de los programas, simplemente porque se trata del asunto más importante para la ciudad, y en su debate público enfocado en el bien común no caben ni politiquerías ni mercantilizaciones.
