Por: Eduardo Delgado.
La Ministerio Público Adriana Moya Méndez, removida de Rayón por decirles a familiares de las once víctimas fallecidas en accidente en mayo de 2015, entre ellos nueve estudiantes del Colegio de Bachilleres de Tancanhuitz, que a ella le “valía madre” su exigencia de proceder contra los maestros, no ha sido sancionada y recién fue asignada a los municipios de Villa Hidalgo y Armadillo de los Infante.
El pasado martes 9 de agosto, deudos se trasladaron de Tancanhuitz a la capital para reunirse con el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Federico Garza Herrera, ante quien denunciaron la conducta de la representante social y le exigieron su cese. El fiscal del Estado ordenó su remoción y anunció que sería sujeta a una sanción.
Este miércoles, ayer, la funcionaria “valemadrista” reapareció en el municipio de Villa Hidalgo, en reunión presidida por el alcalde, Gabriel Gutiérrez Cortéz, en la que unos 80 comerciantes de esa localidad manifestaron su preocupación porque durante los dos últimos meses se han registrado 22 robos en comercios.
Habitantes del lugar hicieron llegar a este medio fotos y copia de la minuta del encuentro, en el que el alcalde refirió “que fue hasta ayer (martes 20 de septiembre) que la Ministerio Público llegó”, que gestionó ante autoridades el reforzamiento de la presencia policiaca.
Aparte, afectados, comentaron que cuando manifestaron su hartazgo por la inseguridad y de que las autoridades no hacían nada, y que por ende llegaron a considerar venir a la capital para solicitar una audiencia con el Procurador, Adriana Moya “nos pidió que no fuéramos”.
“No vayan; yo soy la representante del Procurador”, les dijo y les pidió un voto de confianza.
La funcionaria tiene ahora a su cargo la oficina del Ministerio Público en Villa Hidalgo los días lunes, martes y miércoles; jueves y viernes despacha en Armadillo de los Infante.
DIZQUE SERÍA SANCIONADA.
La semana pasada, el Procurador informó que estaba por reunirse “el Consejo”, un órgano interno responsable de aplicar sanciones en esa dependencia, para analizar el comportamiento de la servidora pública, luego de que fue acusada de maltrato por parte de los familiares de las 11 víctimas del accidente acontecido en mayo de 2015.
“Es un comportamiento que de comprobarse no lo podemos dejar pasar, porque nos debemos a la ciudadanía y debemos de ser atentos, claros y mostrarnos gratos hacia ellos, porque a ellos nos debemos. Nosotros no podemos actuar fuera de esa encomienda”, remarcó Garza Herrera el pasado 15 de septiembre.
“Sabemos que a veces los Ministerios Públicos tienen mucha carga de trabajo pero eso no es obstáculo para que den una buena cara y atiendan bien a la ciudadanía”, añadió.
Garza Herrera se deslindó de la sanción, pues adujo que eso no le compete a él y pidió esperar a que los integrantes de ese órgano dictaminen, después de verificar y establecer el grado de la falta.
Finalmente dijo ignorar cuando sesionara “el Consejo”, cuyos miembros son “funcionarios de la Procuraduría y Sub Procuradores de Justicia”.
