Abelardo Medellín
Cuatro de cada cinco camiones con terminal para el programa “Mi Pase” en la zona conurbada de la capital no aceptan el cobro a través de la tarjeta, revelaron este lunes 22 de mayo integrantes del colectivo estudiantil Praxis Combativa.
El colectivo reveló los resultados del segundo estudio estadístico que realizaron a este programa social del Gobierno del Estado, mismo que fue aplicado a una muestra de 138 unidades de transporte urbano con rotulado amarillo.
De acuerdo con el estudio, de los 138 camiones revisados en la zona metropolitana de la capital, tan solo 27 de ellos que cuentan con terminal para el servicio “Mi Pase” aceptaron el cobro a través de la tarjeta del programa, mientras que los 111 restantes no lo aceptaron.
“Nos da un número bastante aproximado a lo que encontramos anteriormente, antes encontramos que un 79 por ciento no podían aceptarlo y un 21 por ciento podía aceptarlo. En este caso encontramos que el porcentaje no cambió, el 80 por ciento no lo acepta y el 20 por ciento sí lo aceptó; esto corresponde con los márgenes que habíamos reportado la vez pasada”, informaron.
El estudio fue realizado durante el periodo en el que todavía era titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Leonel Serrato Sánchez, por lo que los integrantes de Praxis Combativa afirmaron que se tendrá que hacer una tercera evaluación para revisar si el cambio de secretario se traduce en una mejora del servicio.
Adicionalmente, el colectivo enumeró algunas recomendaciones que la autoridad debe tener en cuenta; una de ellas, es que se pueda homologar la forma en la que las terminales instaladas confirman un cobro, pues mientras que en algunos de los equipos se ve una luz verde, otros muestran un mensaje, además de que algunos aparatos no confirman el cobro, pero aún así le descuentan de la tarjeta del usuario.
Asimismo, comentaron que será necesario revisar los tiempos de diferencia entre un cobro y otro aplicado a la tarjeta del programa, así como dar capacitación a los transportistas que, en muchos de los casos, quieren ayudar a los usuarios, pero no tienen la información necesaria sobre el funcionamiento del sistema.
El colectivo señaló que como integrantes de la sociedad civil, ellos no tienen la obligación de evaluar esta política pública, sino que debería ser el Gobierno del Estado el que realice una evaluación a profundidad sobre la funcionalidad y efectividad del programa, con los parámetros realizados por el colectivo y con la información digital de todas las tarjetas y usuarios.
