Eduardo Delgado
Este lunes fue despedido otro grupo de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en San Luis Potosí, mientras a otros les redujeron un mes la vigencia de sus contratos. La semana pasada fueron cesados verificadores y supervisores.
Afectadas y afectados, quienes solicitaron el anonimato, cuestionaron la razón de la rescisión, pues advierten que en el presupuesto asignado este año al Inegi fue incluida una partida exclusiva para el pago de remuneraciones al personal contratado para levantar el censo de población y vivienda 2020.
Casi tres semanas antes del vencimiento de su contrato, este lunes 6 de abril, en San Luis Potosí fueron despedidos más de 30 instructores municipales, a quienes se les vencía su convenio laboral el 24 de este mes.
Este segundo cese se da precisamente una semana después de que a otra cantidad importante de trabajadores, cuyos contratos vencían el día 17 del mes en curso, les fueron rescindidos sus contratos como verificadores y supervisores.
Quienes han sido “echados a la calle” no encuentran ninguna causa justificada de sus despidos antes de la conclusión de la vigencia de sus contratos, porque sostienen que el Gobierno Federal asignó para este año el recurso específico para contratar al personal encomendado a levantar el censo.
Denunciaron también que a los “soportes informáticos”, contratados hasta el 15 de mayo, ya les avisaron que el próximo miércoles concluye su relación laboral. En su caso, un mes antes del vencimiento de su contrato.
