María Ruiz
Este lunes, a las afueras del Poder Judicial de la Federación (PJF), Silvia Castillo Hernández y María de Jesús Almendárez Prieto, ambas víctimas de violencia institucional, se manifestaron en contra del Juez Segundo de Distrito, Jaime Linares Ramírez, y el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Miguel Ángel García Amaro.
Esto ante las constantes irregularidades que han sufrido al ser revictimizadas por las autoridades, ya que señalan –en el caso de Silvia Castillo– que existe una violencia continua por parte del titular de la CEEAV, al brindarle una defensa legal inadecuada entorno al caso de homicidio de su hijo, Alan Francisco Ibarra Castillo.
Respecto a la denuncia del Juez Segundo de Distrito, Almendárez Prieto aseguró que está coludido en diversos actos de corrupción para atrasar su caso por violencia de género, violencia sexual y violencia laboral.
Una madre en espera de la justicia
El pasado viernes 27 de mayo se llevó a cabo la audiencia inicial por el caso de Alan Francisco Ibarra Castillo, asesinado en el año 2019. Ahí se vinculó a proceso y se le dictó prisión preventiva al joven Fernando N., el segundo presunto implicado en el homicidio de Ibarra Castillo.
Ante esto, Silvia Castillo Hernández declaró que durante la audiencia estuvieron presentes más de 11 abogados, quienes no solamente representaron a Fernando N., sino que también representan a la primera joven detenida por estos hechos, Astrid N.
Castillo Hernández consideró estos hechos como hostigamiento para ella en su calidad de víctima, ya que solo cuenta con una defensora por parte de la CEEAV.
Mientras se formulaba la imputación del acusado, la madre de Alan señaló que se hicieron presentes los familiares de Astrid N., quienes no estaban citados.
Aunado a ello, también acudieron los familiares de Adrián N., uno de los primeros vinculados por la desaparición y homicidio de Alan, mismo que hace dos años salió libre luego de que un juez dictaminara que también había sido víctima de los hechos que rodeaban el asesinato de Alan Francisco.
Una situación que describe Silvia como una violación a sus derechos, pero sobre todo, un terrorismo psicológico ante el proceso que enfrenta.
“Yo solicité que se retirara a las personas, pues no le veo la razón de que los familiares de los implicados estuvieran presentes en una audiencia que no era la suya”.
Sumado a esto, Silvia Castillo indicó que actualmente existe una orden de restricción contra la madre de Adrián N. por hostigamiento, amenaza y persecución, la cual violó al acudir a esta audiencia.
“Yo quiero que esto lo sepan las autoridades. Del fiscal general, José Luis Ruiz Contreras, no tengo queja, pero de García Amaro sí, pues me ha dispuesto defensa legal que no sabe nada del caso de mi hijo y hasta ahora no hay reparación del daño por el asesinato de Alan”.
En este tenor, Castillo Hernández exhortó a los jueces de control a que analicen bien las imputaciones de los hoy implicados en el asesinato de su hijo, que prevalezca la verdad de ella como víctima, así como la pruebas que determinan que su hijo fue asesinado en complicidad de estos dos jóvenes hoy vinculados.
Un juez corrupto vs la víctima
Durante casi nueve años, María de Jesús Almendárez Prieto ha luchado no solo en contra de un funcionario que ejerció violencia sexual y de género en su contra, sino también en contra de diversos organismos e instituciones que la han revictimizado en todo este proceso.
Entre ellas, señaló que la CEEAV falsificó su firma en un documento que no reconoce y que, por consecuente, realizará una prueba grafoscópica para demostrarlo.
Este escrito que señala Almendárez Prieto, fue validado por el Juez Segundo de Distrito, Jaime Linares Ramírez, quien ni siquiera valoró la veracidad de su firma.
“El juez debió de investigar y buscar el criterio ms amplio a favor mío porque así lo dicta la ley y averiguar si yo lo firmé. Un amparo que miente y que dicta que yo di mi consentimiento sobre las reparaciones del daño, cuando yo no supe ni firmé nada al respecto “.
Sobre esta línea, María de Jesús señaló que este hecho es un acto de complicidad entre García Amaro y Linares Ramírez, por lo que realizará una denuncia en contra de ambos ante el Consejo de la Judicatura Federal.
“Me iré hasta Ciudad de México porque aquí ya vimos que todos son unos corruptos y todos están coludidos. Este juez ya es la segunda vez que lo resuelve. En noviembre del año pasado me resolvió el fallo a mi favor, pero la CEEAV no respondió la ejecutoria, y a pesar de este antecedente, el juez nunca le dio seguimiento a esta falta “, expuso.
Dentro de las omisiones de la CEEAV, recalcó que hasta el momento no le han brindado apoyo legal ni jurídico.
“Yo requiero un abogado particular, ya que peleo contra el sistema de Gobierno del Estado”.
Por último, señaló que la CEEAV recibe al año un presupuesto destinado al apoyo y reparación del daño a víctimas el cual no se usa y parece estar inexistente ante las peticiones de las personas que han sido agraviadas por un delito.
