Por Victoriano Martínez
La renuncia de Ricardo Gallardo Cardona a su militancia en el PRD no se explica sólo con la afirmación de que “es un partido que se alejó de mis convicciones de izquierda”.
Los políticos hace tiempo que se han caracterizado por un pragmatismo convenenciero, que busca posiciones de poder para verse favorecidos, ya sea con miras a la siguiente elección o con la atención puesta en la protección que les reditúe su jugada por algunas cuentas pendientes que pudieran tener de sus acciones pasadas.
La renuncia de Gallardo Cardona está acompañada de una variación personal en la postura que alentó como coordinador de la fracción perredista en la Cámara de Diputados al tratar de descalificar a Morena con el hashtag #SiMorenaQuisiera, y ahora anunciar que como independiente, con su grupo de ocho más, acompañará a Morena.
Un coqueteo al partido en el poder federal como ese apunta a las dos posibilidades del pragmatismo convenenciero: una posible alianza para el 2021, y una moneda de cambio para que la familia Gallardo no se vea afectada por las denuncias ya en curso en las fiscalías Estatal y Federal, más las que se pudieran acumular.
No es una previsión auto protectora de la que no se haya especulado antes.
Cuando Gallardo modificó su postura de “yo no quiero nada, ni aspiro a nada como todo mundo cree” el 2 de septiembre de 2017 en la Plaza de Toros El Paseo para buscar convertirse en legislador federal, primero como senador y finalmente como diputado, se habló de que su objetivo era contar con fuero.
Hoy, tras su salida del PRD, su virtual adhesión a Morena, a quien le pone en bandeja los votos necesarios para que esa fracción cuente con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, abona a la hipótesis de un intercambio de favores.
Como lo expresó Ángel Ávila, de la dirigencia del PRD, quienes renunciaron sólo buscan impunidad y “es un tema de intereses personales”.
Y vaya que Gallardo Cardona tiene intereses personales y familiares que proteger:
El pasado 12 de febrero la Fiscalía General del Estado turnó a la Fiscalía General de la República (FGR) el caso Sandra Sánchez Ruiz, por la compra fantasma de medicamentos.
El 15 de febrero, el Ayuntamiento capitalino presentó, ante la FGR, “la primera de muchas” denuncias contra la administración del padre de Gallardo Cardona, el ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, por las mil 843 observaciones detectadas.
Sobre la cabeza del propio Gallardo Cardona pende el caso por el que estuvo preso once meses en 2015, porque podría ser reactivado por la federación en el momento que le resultara necesario, ya que su libertad no la obtuvo porque haya sido exonerado, sino porque la acusación que le hizo la entonces PGR fue errónea.
Tanto en el amparo que lo liberó, el 16/2015 en el Juzgado Primero de Distrito de Sonora, como en el 714/2015-II, del Juzgado Tercero de Distrito de San Luis Potosí, los juzgadores describen la comisión de la desviación de recursos públicos por más de 200 millones de pesos.
“Maquinó una estructura para desviar recursos del municipio que administraba mediante la triangulación de operaciones, dispersó recursos a través de tres instituciones bancarias, lo que facilitó el ocultamiento de los recursos, allegándose de grandes cantidades de dinero que constituían patrimonio del municipio”, quedó descrito en la resolución del 714/2015-II.
Este 23 de febrero se cumplirá un año de la denuncia presentada por el Frente Ciudadano Anticorrupción por enriquecimiento ilícito en contra de la familia Gallardo por la adquisición inexplicable de 66 propiedades a partir de que ocuparon las alcaldías de Soledad de Graciano Sánchez y esta capital.
Se trata de un asunto que, además de los presuntos delitos del fuero común, también podrían acreditarse algunos federales como lavado de dinero.
Si como dice el dirigente perredista, “sólo buscan impunidad”, esa anunciada adhesión de nueve diputados federales independientes que acompañarán a la fracción morenista en la Cámara de Diputados en realidad pone a prueba a gobierno de Morena.
En la medida en que no se den resultados convincentes, en cualquier sentido, sobre las investigaciones de las denuncias contra los Gallardo, se confirmaría un intercambio que desmentiría el compromiso de un combate real a la corrupción y colocaría al nuevo régimen como uno más en el que se negocia la impunidad.
Como lo plantearía la hoy desintegrada fracción perredista: #SiMorenaQuisiera…
