Por Victoriano Martínez
El timing carrerista sigue corriendo como para confirmar que el hecho de que Juan Manuel Carreras López haya tomado como bandera de su administración la lucha anticorrupción desde su discurso inaugural fue, es y seguirá siendo su mayor y más perverso acto de simulación sexenal.
La obstrucción que en casi cuatro años y medio Carreras López ha hecho prevalecer para evitar la instalación y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción forma parte de varios recuentos en esta Caja Negra como un repaso de las acciones intencionadas de un mandatario que con sus actos contradice su discurso y, lo que es peor, traiciona a la ciudadanía.
Las denuncias documentadas contra actos de corrupción de ex diputados, ex alcaldes con Ricardo Gallardo Juárez como máximo exponente y otros servidores y ex servidores públicos han surgido de distintas organizaciones civiles, la Auditoría Superior del Estado y hasta un órgano ciudadano como el Consejo de Transparencia del Congreso del Estado en la pasada Legislatura, sin que Carreras López vele por que se actúe.
En otras palabras: como autoridad máxima estatal, e incluso con total respeto a la Fiscalía General del Estado encabezada por el Señor Ya Soy Autónomo, cuenta insumos para poder promover que se apliquen las sanciones pertinentes para que no haya impunidad y su bandera anticorrupción pueda ondear en todo lo alto y no sólo sean pronunciamientos falsos en su discurso.
El próximo 19 de julio se cumplirán tres años de que se aprobaron con retraso las leyes y reformas para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y éste no se ha logrado instalar por completo por maniobras desde el Ejecutivo que, ahora lo hace notar la Auditoría Superior del Estado, anulan la obligatoriedad de la aplicación de medidas para prevenir, controlar y disuadir la corrupción.
Como ejemplo surge, y otra vez a instancias de una organización ciudadana que le requirió la información a la ASE, el hecho de que las contralorías internas de ayuntamientos y demás entes públicos no están obligadas a realizar la verificación de la evolución patrimonial de los servidores públicos porque el inexistente y obstruido Comité Coordinados del SEA no ha emitido lineamientos.
El artículo tercero transitorio de la Ley de Responsabilidades para el Estado y Municipios, con sus 64 palabras, le ha prestado tal servicio a Carreras López que le ha bastado con obstruir la instalación completa del Sistema Estatal Anticorrupción para evitar la vigencia plena de medidas para combatir actos de corrupción. Ese artículo dice:
“El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia”.
Es de poner atención sobre la expresión “serán exigibles”, dado que no implica que tengan vigencia y se deban cumplir, lo que convierte el hecho de que no se haya realizado ninguna verificación de evolución patrimonial en un incumplimiento de la ley (aunque no sea exigible) y, sobre todo, en la poca voluntad y compromiso con el combate a la corrupción.
El timing de Carreras sigue su curso y e acerca a su meta: garantizarle impunidad a toda la clase política durante todo su sexenio y dejar las cosas preparadas para prolongar el pacto de impunidad más allá del séptimo año sin sobresaltos personales.
