Fernanda Durán
La Comisión de Puntos Constitucionales mantendrá en análisis la iniciativa para crear la Comisión Especial para atender las peticiones de maestros y maestras jubiladas de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sobre el fideicomiso denominado Fondo de Capitalización Social del Magisterio (Foncasol), aunque la propuesta va en su segunda prorroga para análisis, misma que terminó en mayo de este año.
De acuerdo con la iniciativa presentada por la diputada Liliana Flores Almazán, el 19 de mayo de 2022 se planteó que la comisión temporal tuviera la función de atender, investigar, aclarar, transparentar y, en su caso, mediar una solución para la problemática de maestras y maestros jubilados con el fideicomiso.
Sin embargo, ante el temor de las y los diputados de verse envueltos en un nuevo proceso legal provocado por comisiones especiales, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales acordaron pedir la opinión técnica de la Coordinación Jurídica del Congreso del Estado a fin de determinar la viabilidad de crear esta junta, además de revisar si implica un impacto presupuestal.
En 2022, un grupo de maestros jubilados entregó al Congreso una solicitud de intervención para resolver el problema en torno al Foncasol, un fondo para su jubilación que ha sido modificado y dañado, puesto que desconocían el destino de mil millones de pesos, con lo cual advertían que ponía en riesgo aproximadamente a 14 mil profesores y profesoras de educación básica de todo el estado; un problema que fue reportado legislatura tras legislatura, pero hasta ahora no hay respuesta.
Entre los requerimientos que hicieron los agremiados hace más de un año fue: la reunión entre diputados y responsables del Comité Técnico del Fondo de Previsión Social y Retiro, que sustituyó al Foncasol, con acuerdos sobre su funcionamiento; una auditoría a la sección 26; identificar si hubo delitos y devolución de “lo sustraído” al Foncasol; incluso solicitaron que se considerara en el presupuesto el bono de calidad de vida de 2 mil pesos y, de ser posible, que se duplicara.
Los diputados han optado por tener “precaución” en crear nuevas comisiones debido a que la creación de la comisión especial de pensiones del grupo cotizador del subsistema de telesecundarias propició que el Poder Legislativo se viera involucrado en amparos promovidos por alrededor de 700 pensionados de Telesecundarias en San Luis Potosí, con los cuales un juez ordenó a la dirección de pensiones pagar “de por vida” la prestación económica de los jubilados, pero en caso de incumplir, las autoridades involucradas podrían enfrentar un proceso penal, según les informó Luis Arturo Coronado Puente, Director de Pensiones en reuniones anteriores.
