Por Victoriano Martínez
Lunes 17 de mayo.
Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario general de Gobierno, informa que a esa fecha se han acumulado 38 solicitudes de parte candidatos en campaña para que se les proporcione protección.
El funcionario se congratuló porque “no se tiene un escenario de confrontación ni de rispidez durante las campañas electorales”, ni tampoco en aquellos lugares donde en pasadas elecciones se habían tenido situaciones de violencia, particularmente en la zona huasteca.
Indicó que se atendieron 20 solicitudes de protección hechas por los candidatos y sobre las 18 restantes se estableció un monitoreo preventivo.
Martes 18 de mayo.
El PAN reporta una agresión física en contra de María Aralecely Abundis Solano, candidata a regidora en Tamasopo, quien resultó con “lesiones importantes en el cuello, cortadas en varias partes de su rostro y un daño en la quijada”.
En San Martín Chalchicuautla se reportó un ataque con armas de fuego en contra de tres hombres que transitaban por la carretera de ese municipio a Tamazunchale, luego de realizar actividades de proselitismo. Dos resultaron lesionados y uno ileso.
La Fiscalía General del Estado informó que “fueron interceptados por varios hombres encapuchados, los cuales descendieron de una camioneta color blanco, y les dispararon para después salir huyendo, esto cerca de la comunidad de Manchoc”.
Aunque ninguno de los tres blancos del ataque figura como candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), se les ubica como parte de las actividades proselitistas de ese partido.
A un día de afirmar que en el Estado “no se tiene un escenario de confrontación ni de rispidez durante las campañas electorales”, Hernández Delgadillo debió salir a declarar que se pondrá en contacto con la dirigencia del PES para determinar si hay necesidad, después de los acontecimientos, de brindarle protección a sus candidatos en ese municipio.
En el caso de Tamasopo, la dirigencia estatal panista emitió un comunicado para pedir a las autoridades que castiguen al responsable por considerar que es “un hecho que vulnera la paz que debe imperar en el proceso electoral”.
Si bien dos ataques no definen un clima de violencia generalizado, más vale que las autoridades no recurran al argumento de que se trata de hechos aislados y se activen alarmas que pongan en marcha operativos preventivos, sobre todo porque aún faltan 18 días para la jornada electoral, lo que es tiempo suficiente para que pudieran surgir acciones que alteren la paz de la contienda.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, de septiembre a la fecha, ha recibido 85 denuncias por presuntos delitos electorales.
De entre 62 sobre las que se han iniciado carpetas de investigación, destacan cuatro casos que tiene que ver con la distribución de despensas. Una práctica que resulta no ser exclusiva de un solo partido.
No se puede dejar de lado que en la Huasteca un grupo de ciudadanos fue el que interceptó un camión con despensas que serían repartidas para comprometer el voto de los ciudadanos, lo que representa un indicio de que, conforme se acerque el día de las votaciones, la guerra de despensas puede devenir en confrontación entre quienes buscan repartirlas y quienes lo traten de evitar.
Como esa situación puede haber otras que representen motivos para que lo que debe ser una contienda civilizada degenere en actos de violencia.
Es de esperarse que las instancias de seguridad en el Estado, así como las autoridades electorales, cuenten con un inventario de esas situaciones de riesgo para prevenir lo más posible, antes de que –como ocurre con el clima de inseguridad– se allanen a una posición reactiva cargada de una pasividad declarativa.
