Desiree Madrid
Gerardo Navarro Alviso, presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), indicó que aunque la reforma constitucional establece la desaparición de los órganos autónomos de transparencia, tanto a nivel federal como estatal, aún no existe una fecha precisa para que esto ocurra.
Navarro Alviso explicó que la desaparición de estos órganos se encuentra en proceso, pero sin una “fecha fatal” definida.
“Hasta este momento la CEGAIP sigue con su trabajo, no obstante que la reforma constitucional lo desaparece como tal, también a los órganos estatales, pero estamos en ese proceso y ese proceso todavía no está determinado con una fecha fatal”, señaló.
Este proceso forma parte de una transformación más amplia impulsada por el Gobierno Federal, en la que se prevé la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), junto con sus equivalentes en los estados.
La nueva estructura de transparencia quedaría bajo la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encargada de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales a través de un área aún por definir.
Navarro Alviso reconoció que este cambio sigue en construcción y la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información determinará el mecanismo exacto de sustitución.
“Una vez que se emita la Ley General, el Congreso del Estado tendrá que adecuar primero la Constitución del Estado y luego, a partir de ahí, emitir la ley respectiva en materia de transparencia y protección de datos”, explicó.
Sin embargo, indicó que la propuesta ha generado críticas debido a la posible carga administrativa que implicaría trasladar la transparencia a órganos internos de cada sujeto obligado como los municipios, los poderes del Estado y los organismos descentralizados.
Según Navarro Alviso, esto podría dificultar en lugar de simplificar el acceso a la información.
“Ha habido muchas voces críticas, incluyendo las de un servidor, que señalan que lejos de simplificar administrativamente, haría mucho más grande el tema administrativo. ¿Por qué? Porque tendrían que abrirse esas áreas específicas que hoy no se tienen”, advirtió.
Otro punto de preocupación es el riesgo de que los propios sujetos obligados se conviertan en juez y parte en los procesos de transparencia. Navarro Alviso señaló que si las respuestas dadas por los sujetos obligados no son satisfactorias para los ciudadanos, debería existir un mecanismo independiente de revisión, algo que no contempla ni garantiza la reforma.
“Es decir, abrir quizá una dirección o algún área que se encargue de hacer lo que hace la CEGAIP. Y desde ahí, si la respuesta dada por parte de los obligados no gusta o no se conforma a las pretensiones del ciudadano, debe de existir esa parte sustantiva en que los ciudadanos tengan la posibilidad de ejercer un recurso o un medio para combatir esa resolución. De lo contrario, los propios sujetos obligados se convertirían en juez y parte”, advirtió.
Destacó que la CEGAIP podría trabajar por hasta un año más mientras continúa el proceso.
