Por Victoriano Martínez
Es normal la revisión judicial de los actos legislativos, pero en el caso del Congreso del Estado sale de toda normalidad el hecho de que se le corrija por poner en riesgo la vida de un grupo de personas, expresó Marco Barrera, abogado del Grupo Técnico Operativo de la Consulta Indígena a quienes se les otorgó una suspensión de plano para que se les cubran los honorarios que les adeudan.
Barrera comentó que en una democracia es muy normal la revisión de las determinaciones de una Legislatura por parte del Poder Judicial Federal porque para eso es el juicio de amparo.
“Lo que sí rompe el paradigma completamente es que ya no sea sólo por temas legislativos, sino por poner en peligro de vida a personas”.
“Yo no creo que jamás un Congreso en México haya recibido una suspensión de estas, al menos el Congreso federal jamás y pues yo aquí no creo, y en medio de la pandemia, eso es lo más destacable de todo esto”, expresó ante la suspensión provisional determinada el sábado pasado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.
Consideró que se debe diferenciar que en las democracias es muy normal la revisión judicial de los actos legislativos, anularles normas generales, rectificar nombramientos que hacen porque no cumplan con los derechos humanos o la constitución, pero lo que definitivamente no es lógico de una legislatura es que tengan que recibir una suspensión de plano como la del Tribunal Colegiado.
“Ya ni siquiera es un juez de distrito, un tribunal colegiado compuesto por tres magistrados comprendió que en medio del COVID esto sí pone en riesgo vidas. O sea, eso no es normal, eso muchas veces es de policías, de grupos para policiacos, casos ya muy extremos, pero de un Congreso de 27 legisladores, sí suena como algo corporativo”, expresó.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito concedió el pasado sábado la suspensión de plano a los integrantes del Grupo Técnico Operativo (GTO) para la consulta Indígena y ordenó cubrir el adeudo de sueldos y gastos aplicados en la preparación del proceso consultivo que los diputados suspendieron de manera arbitraria el pasado 18 de marzo.
Barrera señaló que se trata de una situación de gravedad a la que los diputados no han dado la importancia que tiene, porque mientras ellos dan vueltas en círculo, hay personas que por su culpa están en juego sus vidas mismas.
Mencionó como ejemplo el caso de la administradora pública que, a pesar de ser profesionista, se ha visto obligada a tomar trabajos temporales de limpieza de casas para poder dar de comer a sus dos hijos, a pesar de tener un embarazo de 28 semanas y que es considerado de riesgo.
“Hay que también subrayar que hay niños de por medio, hay mujeres, hay una chica que esté embarazada, eso ni siquiera lo planteamos en el amparo. La que ustedes vieron ayer, su embarazo es de alto riesgo. En fin, tienen padres enfermos, la mamá de Marcela tiene cáncer, dependen económicamente de ellos, es una cosa que ya no es cualquiera”, dijo.
A pesar de que en la resolución del amparo se señala que se incurrió en “actos que importen peligro de privación de la vida”, Martín Juárez, presidente del Congreso, informó que valorarán el trabajo del GTO, en tanto que Rolando Hervert, presidente de la Junta de Coordinación Política, aún señala que “estaban excedidos en lo que estaban ellos solicitando o pidiendo y no llegaron a ningún acuerdo”.
